EL MUNDO 22/06/13
· Cataluña anuncia que «no devolverá ni una sola competencia» y pide que se eliminen varios ministerios.
· Para Andalucía es «un desatino»; para Asturias, «una injerencia» y para Canarias, «el triunfo de la derechona».
· Las comunidades del PP se resisten a quitar organismos como las cámaras de cuentas o los defensores del pueblo.
La importante reforma de las Administraciones Públicas que ha impulsado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, puede descarrilar en uno de sus aspectos fundamentales: la supresión de organismos regionales duplicados.
Una gran parte de los gobiernos autonómicos rechazó ayer la reforma que les recomienda eliminar centenares de entes e instituciones. Los que están gobernados por el PSOE o los nacionalistas declararon abiertamente la guerra a la reforma Soraya o incluso advirtieron que «jamás» la aplicarán.
Los que están en manos del Partido Popular fueron más suaves, pero se resistieron a eliminar organismos y resaltaron que instituciones como los defensores del pueblo autonómicos o las cámaras de cuentas son «esenciales» y están protegidas por sus estatutos de autonomía. Algunos gobiernos populares guardaron silencio o no quisieron valorar las medidas hasta que las conozcan en detalle. En las comunidades populares existe un gran descontento con el Gobierno ya que el informe no ha sido consultado ni discutido con los barones del PP.
La guerra autonómica está a punto de estallar. La próxima semana, el ministro de Hacienda explicará la reforma Soraya a los gobiernos regionales en el Consejo de Política Fiscal. Ahí se podrá desatar una dura batalla a cuenta de unas medidas «recentralizadoras», «limitadoras de derechos» y que «recortan la democracia». Todo, según ejecutivos no gobernados por el PP y varios portavoces de CiU, del PSOE o de IU.
La reacción contraria más inmediata fue la de la Generalitat de Cataluña. El presidente, Artur Mas, instó al Gobierno a eliminar de Cataluña «delegaciones de los ministerios que ya no tienen funciones». Una referencia directa a los ministerios de Educación y Cultura y Sanidad, cuyas competencias se encuentran en manos de la Generalitat.
Mas, airado ante el desafío que supone para la autonomía catalana el plan, preguntó: «¿Qué es lo que han suprimido ellos? Antes de dar lecciones, ¿qué deberes han hecho?».
Su consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, no se anduvo por las ramas y enfatizó que su Gobierno «jamás» aplicará esa reforma. «El Govern no va a devolver, jamás, ninguna competencia» al Estado, dijo.
El responsable de CiU redujo la reforma de la Administración «a una fijación ideológica que tiene el Gobierno del PP»: «recentralizar el Estado a costa de adelgazar las autonomías», informa Efe.
Desde Asturias y Andalucía también llegaron gruesas descalificaciones y amenazas de insumisión (en ambas comunidades gobierna el PSOE). De hecho, las autonomías decidirán si aplican los recortes o no porque no están obligadas a ello, aunque el Ejecutivo tiene instrumentos para presionarlas.
El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, calificó de «chantaje» y de «injerencia intolerable» las medidas planteadas. «El Gobierno», añadió, «no se entera de qué significa la autonomía de una comunidad, ni el modelo de Estado».
Ayer, el Principado aprobó la supresión del defensor del Pueblo de Asturias, informa Europa Press. Pero no como un efecto inmediato de la reforma, sino porque ésta fue una de las condiciones de UPyD para apoyar al Ejecutivo del PSOE.
Desde Andalucía, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, de IU, calificó el proyecto como «un desatino» y «una limitación de la democracia». Por eso, aseguró que no lo aplicará ya que muchas de las instituciones que pretende eliminar están protegidas por el Estatuto. El PP andaluz apoyó esta postura. Como explicó su vicesecretaria de Organización, el defensor y la Cámara de Cuentas no se pueden suprimir.
El Gobierno canario también rechazó la reforma y aseguró que tras ella está «la derechona que nunca ha creído en el Estado Autonómico». Los gobiernos del PP no valoraron el proyecto en su mayoría. Los pocos que accedieron a hacerlo mostraron resistencias a aplicarlo.
El consejero de Economía de Madrid, Enrique Ossorio, aseguró que su comunidad «ya ha puesto en marcha todas las medidas», con lo que vino a insinuar que no se eliminarán muchos organismos, a pesar de que sigue existiendo una cámara de cuentas, un consejo consultivo o un consejo económico y social.
El consejero de Hacienda de Aragón, José Luis Saz, alabó la reforma. Pero acto seguido defendió el Justicia de Aragón (defensor) y su Cámara de Cuentas por su «trayectoria histórica», su «sentimiento aragonés» y su «buena labor».
Otros consejeros populares no quisieron valorar la aplicación de la reforma en sus comunidades y rechazaron detallar si podrán suprimir o no alguna institución. La portavoz del PP gallego, Paula Prado, rechazó explicar qué hará la Xunta con el Valedor do Pobo o con el Consejo de Cuentas. Remarcó que son instituciones «estatutarias» y rechazó tomar ninguna medida de este tipo sin hablar antes con el PSdeG, AGE o el BNG, que rechazan de forma frontal la propuesta del Gobierno.
La oposición también cargó en general contra la supresión de entes que quiere generalizar el Ejecutivo. El PSOE, IU y casi todos los partidos nacionalistas lo tildaron de antidemocrático y recentralizador. Sólo UPyD y Ciutadans aseguraron que el informe del Gobierno se queda corto y que debería ser más ambicioso.
EL MUNDO 22/06/13