ABC 17/10/16
· Cataluña ha disparado el gasto de personal en 900 millones, y Andalucía en 800
Las autonomías se gastarán este año unos 72.000 millones de euros en pagar a sus empleados públicos –entre sueldos y cotizaciones a la Seguridad Social–. Serán unos 4.000 millones más que en 2013, cuando entre las 17 comunidades autónomas sumaron unos gastos de personal de 68.046 millones de euros. La cifra incluye tanto los sueldos del personal de plantilla de las administraciones públicas como los correspondientes al resto de organismos, consorcios, empresas públicas y universidades que dependen del sector público de cada gobierno regional.
La «factura» diaria Cada día que pasa, al entramado autonómico se le van casi 200 millones de euros en nóminas
Cataluña y Andalucía son las que más han aumentado los costes de sus nutridas plantillas de empleados públicos. Así lo indican los datos oficiales de contabilidad de las 17 comunidades autónomas, certificados por el Ministerio de Hacienda.
LA GENERALITAT, SIN FRENO.
La Generalitat catalana ha disparado el gasto de personal en prácticamente mil millones de euros desde 2013. Esta escalada se ha producido a la par que el nacionalismo ha ido endureciendo su desafío secesionista desde el Gobierno catalán. En 2013, a la Generalitat se le fueron 10.226 millones de euros en sueldos de su extenso sector público autonómico; en 2015 la cifra se había elevado en casi 900 millones de euros más, hasta los 11.118 millones; y de enero a julio del presente año, la «factura» de personal del sector público que se nutre de las arcas de la Generalitat ha seguido creciendo: se ha incrementado en unos 30 millones de euros en comparación con el mismo período del año pasado.
LAS CUENTAS DE ANDALUCÍA.
La Junta de Andalucía, por su parte, de los 11.949 millones que se gastó en 2013 para pagar a sus empleados públicos, pasó en 2015 a 12.502 millones de euros. Y de enero a julio del presente año ha acumulado otro incremento de 283 millones de euros en comparación con los siete primeros meses de 2015. Salvo que en esta segunda mitad del año redujera sustancialmente su gasto en nóminas –algo que parece más que improbable visto el ritmo de aumentos que lleva acumulando desde hace tres años– este 2016 la Junta de Andalucía acabará el ejercicio con un coste de personal que rondará los 12.800 millones de euros. Es decir, unos 800 millones más de lo que se gastó en 2013 en pagar las nóminas y cotizaciones de sus empleados públicos.
Entre la Generalitat y la Junta de Andalucía concentran casi la mitad de todo lo que se ha disparado el gasto de personal de las 17 comunidades autónomas durante los tres últimos años.
AUMENTOS GENERALIZADOS.
Los persistentes exhortos del Gobierno central a las comunidaes autónomas para que redujeran –o al menos no aumentaran– sus costes estructurales solo surtieron efecto de forma pasajera. De 2013 a 2015, el sector público autonómico en su conjunto aumentó sus gastos de personal en 3.300 millones de euros. Y durante este año aumentará en alrededor de 1.000 millones. Solo en los siete primeros meses, de enero a julio, las autonomías se han gastado en sueldos 1.013 millones más que en el mismo periodo del pasado ejercicio.
Aunque el grueso de este aumento se concentra en Cataluña y en Andalucía –son las autonomías que tienen estructuralmente los mayores costes de personal–, el aumento ha sido generalizado en todas las comunidades, en mayor o menor medida. Ni una sola de las 17 autonomías ha logrado contener los costes de personal en los tres últimos años. Todas los han aumentado, y –con más o menos ímpetu– todas siguen en la misma línea durante el presente año.
200 MILLONES CADA DÍA.
Casi cuatro de cada diez euros que las comunidades autónomas gastaron en total durante los siete primeros meses de este año se fueron en pagar los sueldos y las cotizaciones de sus empleados públicos. Cada día que pasa, al entramado autonómico se le van casi 200 millones de euros en gastos de personal. Son 12 millones más de los que se le iban a diario hace solo tres años.
Una parte sustancial de este coste corresponde a las plantillas de la Sanidad y la Educación públicas. Son las competencias más costosas, y están transferidas a las comunidades autónomas.
ALTO COSTE ESTRUCTURAL.
El gasto estructural de los gobiernos regionales sigue creciendo, pese a que en los últimos años se ha reducido significativamente uno de los costes fijos de calado, el pago de intereses por la deuda –gracias a las fórmulas especiales de financiación dispuestas y asumidas por el Estado–.
De enero a julio del presente año, de los 89.877 millones de euros que se gastaron entre los 17 gobiernos autonómicos, más de la mitad –el 57,5%– se les fue en gastos fijos de funcionamiento, en coste estructural: personal, gasto corriente y pago de intereses por el endeudamiento que acumulan. Si a ello se añaden los 10.779 millones de euros que en estos siete meses tuvieron que desembolsar por vencimientos de la deuda pública autonómica, el porcentaje de costes fijos asciende al 70% de todo el gasto público de los gobiernos regionales.
MÁS GASTO, MÁS DEUDA.
Este elevado coste estructural del entramado autonómico está detrás del creciente endeudamiento que acumula. Incapaces de cuadrar ingresos y gastos, el déficit se digiere a base de pedir cada vez más dinero prestado.
En diez años, la deuda de las autonomías prácticamente se ha quintuplicado. Ascendía a 59.126 millones de euros al terminar 2006, y el último dato publicado por el Banco de España – con datos de junio del presente año– ya situaba el endeudamiento autonómico en 273.199 millones de euros –cifra a la que hay que añadir los 4.420 millones de euros de deuda acumulada por las empresas públicas que dependen de los gobiernos regionales–. Solo durante los dos últimos años –de junio de 2014 a junio del presente año– el endeudamiento del entramado autonómico ha aumentado en 45.000 millones de euros.
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA.
El espinoso panorama de las cuentas de las comunidades autónomas está detrás de la insistencia con la que, desde un buen número de gobiernos regionales, se está exigiendo la revisión del actual modelo de financiación. Entre las que lo reclaman con más vigor figura Aragón.