La comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero en TVE, en una entrevista obviamente pactada y destinada casi en exclusiva a blanquearle a él y auxiliar a Pedro Sánchez, es antes de nada un agravio intolerable a la Justicia: el juez Calama, responsable del caso en el que aparece imputado por graves delitos, lleva semanas esperando que se persone ante él para darle una explicación cabal, si puede, de la formidable colección de joyas que la UDEF le interceptó en una caja fuerte situada en su despacho, a más inri financiado por todos los españoles.

Que haya despreciado al magistrado, para lanzar excusas evanescentes en un ente público transformado en altavoz de todas las mentiras, falsas excusas y ataques sincronizados del Gobierno es algo que, a buen seguro, tendrá consecuencias: Zapatero ya no es un expresidente con un margen de maniobra a su libre albedrío; sino el imputado por blanqueo de capitales, tráfico de influencias y organización criminal que utilizaba «sus contactos» para ejercer presiones «ilícitas», tal y como recoge literalmente la investigación de la Policía Nacional.

Y, por la misma razón, el presidente socialista y su Gobierno no son comparsas involuntarias, sino el elemento decisivo para atender y aprobar las expectativas de su correligionario: nada de lo que Zapatero haya podido hacer en España hubiera sido viable sin la aprobación de Sánchez, auténtico responsable político de todo.

A partir de esa premisa, todo lo demás es propaganda barata, destinada en exclusiva a fabricar coartadas efímeras para el relato oficial, que presenta al imputado como un rutinario consultor y a su alter ego en el PSOE como un impecable gestor de una operación impecable. Algo que a ambos les valdrá para que la maquinaria publicitaria de La Moncloa repita sus mantras insostenibles sin ningún aprecio por los hechos, pero no para salvarles de las consecuencias legales, políticas y sociales que reclama este escándalo, incardinado además en tantos otros que también siguen su curso procesal y no variarán por las burdas presiones externas.

La Justicia tiene sus tiempos y tan cierto es que hay que respetarlos como defenderlos. Pero a la espera de sus decisiones concretas, ya hay suficientes pruebas en la mesa como para alcanzar algunas consecuencias escandalosas: Zapatero, y con él sus hijas, cobró las mismas cantidades que Plus Ultra pagó a quien reconoce ser su testaferro; la propia empresa reconoce que esos abonos atienden a su mediación en el rescate con dinero público; la huella documentada de los encuentros y contactos del expresidente con miembros del Gobierno es formidable y el rastro oficial de que Sánchez lo aceptó todo, contraviniendo la propia normativa vigente para auxiliar a empresas en problemas por la pandemia, incontestable.

El apaño con Plus Ultra es ya una certeza que retrata a quien se benefició y sobre todo a quien la permitió. Y también es un indicio de algo aún mayor y todavía peor que ha dejado rastros suficientes como para ampliar el caso y relacionarlo con otros. Porque el comisionista Zapatero aparece en otros negocios y con regímenes tan siniestros como los de China o Venezuela.

Y porque, al igual que con este rescate, se percibe un alineamiento muy inquietante de Sánchez con todo ello, hasta el punto de existir una sintonía entre la agenda comercial de uno y la diplomática de otro que ya tiene dos causas en marcha con visos de estar conectadas: la de hidrocarburos y la del célebre sobre de PDVSA, la siniestra compañía pública de petróleos que, según Víctor de Aldama, ha financiado al propio Zapatero, al PSOE y a la Internacional Socialista.