Que la conocida como «ley del sí es sí» presentaba serias deficiencias de técnica jurídica que comportarían la rebaja de las penas a muchos violadores y agresores sexuales ya fue advertido, entre otros, por el Consejo General del Poder Judicial en 2021. Unidas Podemos despreció entonces los informes de los expertos apelando al «machismo» de estos. «Es propaganda. Quieren desprestigiar la ley y asustar a las mujeres», dijo Victoria Rosell, delegada de Gobierno para la violencia de género, que también se mofó de aquellos «señoros» que pretendían darle «lecciones de Derecho».
El tiempo ha demostrado que los jueces tenían razón y que las horquillas mínimas de la nueva ley permiten la rebaja de la condena de algunos agresores sexuales. «En el caso del tipo básico de violación se prevé una pena de prisión de 4 a 10 años, mientras que actualmente la violación se pena con 6 a 12 años de prisión», dijo el CGPJ en 2010.
Las rebajas de condenas han empezado ya a salir a la luz. En uno de esos casos, la Sección 17 de la Audiencia de Madrid ha reducido a seis años de prisión la pena de un abusador sexual que había sido condenado en firme a ocho años.
En otro de los casos, la Audiencia Provincial de Madrid ha revisado la condena impuesta a Antonio S.I., un profesor de inglés al que se condenó a seis años y nueve meses de cárcel por varios delitos de abuso sexual y un delito de posesión de pornografía infantil. Antonio S.I. ha salido absuelto de los tres abusos sexuales, ya que la nueva ley destipifica dicha conducta al ser las víctimas mayores de 16 años y menores de 18.
No son los únicos casos que se conocieron ayer. La catarata de rebajas de condenas e incluso de absoluciones, catarata que se prevé que se incremente a medida que los agresores sexuales pidan la revisión de sus condenas, provocó ayer martes la intervención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que reconoció que la «ley del sí es sí» necesita ser revisada para evitar la reducción de las condenas.
El PSOE atribuye a la ley de la ministra Irene Montero el efecto bumerán a favor de los violadores. Pero resulta difícil desvincular al PSOE de esa chapuza jurídica que es la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
Sobre todo a la vista del desprecio con el que se han despachado desde el Gobierno los informes y las advertencias de los expertos y de los técnicos en normas y medidas tan relevantes como la Ley Trans, los impuestos a la banca y a las eléctricas, la ‘tasa a los ricos’ o la reforma de la sedición, donde esos informes ni siquiera existirán al no exigirlo la ‘vía exprés’ escogida por el Ejecutivo.
El amateurismo de Irene Montero, de su equipo y sus asesoras, su radicalismo ideológico o su ignorancia de los fundamentos más elementales de la ciencia jurídica, a la que se ha pretendido sustituir desde el Ministerio de Igualdad por consignas de pancarta más propias de un activista adolescente, suponen una burla a las políticas de igualdad que debería defender un Gobierno de profesionales.
Y eso, con ser lamentable, no sería tema para un editorial como este si no estuviera teniendo consecuencias de enorme gravedad para las víctimas a las que Montero dice querer defender. Pero salta a la vista que la norma beneficia más a aquellos contra los que la ministra dice querer luchar.
Al adanismo de Irene Montero, que en sólo tres años ha reinventado la democracia, la ciencia jurídica, el feminismo y la naturaleza humana, hay que sumar además su incapacidad para pedir perdón, asumir sus responsabilidades y dejar paso a gente más capacitada para el puesto que con tanto desacierto ocupa.
Todavía ayer, su entorno achacaba al «machismo» de los jueces los errores de una ley en la que nadie empeñó tanto como la ministra y su equipo. Es improbable que este nuevo escándalo de Montero provoque su inmediata destitución, como sería de rigor, pero quizá baste con señalar que su paso por la política será más recordado por los que hoy están viendo rebajadas sus condenas que por sus víctimas.