Ignacio Marco-Gardoqui-El Correo
Son muchos los que piensan que las empresas son entes insensibles dedicados a explotar a sus trabajadores, a molestar a los vecinos con sus ruidos y sus humos y a atentar contra la naturaleza. Por el contrario son muy pocos los que las ven como una fuente insustituible de riqueza y de empleo, cuyos salarios pagan las facturas de los trabajadores, cuyos impuestos sostienen el Estado del Bienestar y cuyos esfuerzos en la innovación nos proporcionan un futuro mejor. Pero hay una constatación empírica de que el número de estos últimos crece exponencialmente, entre los que dependen de su actividad, cuando la supervivencia de la empresa se encuentra en peligro.
El caso de la empresa Michelin es, además de importantísimo, muy revelador. No cabe duda de que los trabajadores tienen derecho a defender sus intereses y a mostrar sus exigencias, siempre claro que utilicen los cauces legales para ello, una premisa que no siempre se cumple. Pero resulta muy peligroso para todos, para ellos y para su entorno geográfico y económico el olvido de que la empresa tiene muchos deberes que cumplir de cara a la sociedad y que cuenta con los derechos que el entramado legal le confiere para cumplirlos. La ley obliga a las empresas con sus muy numerosas obligaciones laborales, mercantiles, medioambientales, fiscales, etc., pero no puede obligarlas a cumplirlas en un determinado lugar y en un preciso momento. Es decir la empresa puede elegir entre las muchas posibilidades que proporciona el mundo globalizado de hoy. Máxime cuando se trata de una multinacional con plantas dispersas por el mundo y muchas propuestas regionales para instalarse en ellas. Las empresas compiten contra otras marcas presentes en el mercado, pero las plantas productivas de una multinacional compiten entre sí a la hora de captar producción, inversiones e innovación. Olvidarse de esto es suicida.
La plantilla de Michelin Vitoria lleva tiempo apretando en sus reclamaciones y mostrando unos comportamientos, como el nivel de absentismo, intolerables. Las consecuencias se empiezan a notar, de momento en forma de producciones reducidas, plantillas recortadas e inversiones desviadas. Los sindicatos podrán hacer lo que consideren más conveniente para defender sus intereses. Lo malo es que la empresa hará lo mismo. Encontrar el acuerdo es responsabilidad de todos los implicados y el fracaso lo será en perjuicio de todos los afectados.