José Antonio Zarzalejos, LA VANGUARDIA, 30/8/12
La política catalana padece de males parecidos a la española: es confusa y contradictoria. Carece de ese carácter lineal y argumentado que dota de coherencia la acción pública. Por eso, si el Govern solicita la ayuda del Fondo de Liquidez Autonómico no tiene por qué dar la gracias a nadie, pero deberá atenerse al real decreto ley que lo regula y que establece elementos de control por parte de Hacienda. CiU no objetó a esta norma y apoyó expresamente la ley de Estabilidad Presupuestaria, de la que se deriva, y que prevé medidas políticas de control sobre las autonomías cuando estas incumplan las obligaciones que comporta la asistencia del Estado. El argumento de que Catalunya recibiría estrictamente parte de lo que con exceso ingresa en las arcas centrales es válido dialécticamente, pero, desde el punto de vista jurídico, el rescate -término seguramente inapropiado- tiene contrapartidas. Corresponde al Gobierno no convertirlas en lo que no pueden ni deben ser, esto es, fielatos a las decisiones propias de las instituciones del autogobierno catalán, ni restricción de sus facultades, aunque sí impliquen un mayor nivel de coordinación en los aspectos financieros. El afán (¿revanchista?) de algunas presentaciones mediáticas de la adhesión catalana al fondo es separador, pero frente a la visceralidad opongamos la recta interpretación de las normas que garantiza la serenidad política.
También es contradictorio plantear al mismo tiempo y sin solución de continuidad un pacto fiscal con el Estado e impulsar un movimiento social por la independencia de Catalunya. Ambos objetivos -pacto e independencia- se excluyen. El pacto fiscal que se pretende conlleva el propósito de, con una nueva fórmula de financiación del autogobierno de Catalunya, permanecer en el proyecto común español, en tanto que la independencia implicaría la ruptura total: en otras palabras, resultaría la antítesis de cualquier pacto. Por eso, hace bien el presidente de la Generalitat en no acudir a la manifestación independentista de la Diada, ya que, más allá de sus propias pulsiones, Mas es, institucionalmente, el president de todos los catalanes y, no se olvide, el representante ordinario del Estado en la comunidad autónoma. La carta de Mariano Rajoy, en la que al tiempo que se aceptaba una reunión con Mas se garantizaba que se estudiaría la reclamación del pacto fiscal, pedía ayuda al president deslizando sutilmente el ruego de que en momentos tan difíciles no adoptase comportamientos públicos que frustrasen las ya de por sí escasas posibilidades de entendimiento y cohesión.
Por lo demás, es otra contradicción -esta, recíproca- que en ante un micrófono de conveniencia nacionalistas y populares subrayen su capacidad de colaboración y en otro -también de conveniencia- se descalifiquen con una regularidad implacable. La geometría variable es comprensible. Pero hasta cierto punto. Ese punto de inteligibilidad de la política catalana -y de la española en general- se ha rebasado y se ha introducido en un oxímoron, es decir, en una formulación simultánea compuesta por términos antagónicos.
El Rey…
Altísima coincidencia en que don Juan Carlos ha logrado una fulminante remontada desde que el 18 de abril pasado se disculpase públicamente tras el desafortunado viaje cinegético a Botsuana. El jefe del Estado se ha mostrado activo pese a sus problemas de cadera, ha viajado oficialmente en defensa de los intereses de España, sus vacaciones han sido muy sobrias y escasísimamente mediáticas y ha regresado por sus fueros tradicionales: presencias oportunas, interlocución social y política. El Rey no sólo no se ha cansado de serlo, sino que subraya su voluntad de ejercer sus responsabilidades en plenitud, sacrificando hasta sus afectos.
… y su yerno
En ese perfil de la remontada de don Juan Carlos ha de insertarse la reformulación de la posición pública de la familia real. Y muy especialmente, el desenlace laboral de su yerno, Iñaki Urdangarin, apartado de la agenda oficial -y hasta oficiosa- de la Zarzuela. La excedencia del duque de Palma de su cargo directivo en Telefónica era una decisión que convenía a la compañía española por razones más que evidentes y también al propio Rey, en la medida en que se eliminaba un estatuto profesional de su yerno, incoherente con su actual situación procesal. De este modo, el relato encaja mejor.
José Antonio Zarzalejos, LA VANGUARDIA, 30/8/12