Existen dos líneas de interpretación sobre la connivencia de Pedro Sänchez con los herederos del terrorismo. (Descontada, por minoritaria incluso entre los simpatizantes socialistas, la de quienes piensan que obedece a un generoso impulso de reconciliación cívica). La más extendida sostiene que se trata de concesiones irresponsables para estirar en lo posible la estadía en el poder, y la menos benévola gira en torno a la idea de que el presidente comparte con los bildutarras –o más bien bilduetarras– un proyecto de deconstrucción del consenso constitucional para levantar una legitimidad distinta basada en reducir el legado de la Transición a cenizas políticas. El presidente vendría así a culminar el proceso iniciado por Zapatero mediante la creación de un frente de izquierdas que necesita blanquear el pasado criminal del independentismo vasco para sumarlo a su alianza rupturista sin problemas de conciencia. Es probable que ambas tesis se complementen en un mismo esquema donde la llamada Ley de Memoria Democrática funciona como eje de la nueva correlación de fuerzas.

Si ése es el plan, y lo parece, a su promotor o promotores se les ha ido la mano. Hasta a sus más recalcitrantes partidarios les parece de dudoso gusto la coincidencia del pacto con la efeméride del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Cualquier individuo con cierto escrúpulo moral tiene claro que no cabe estar a la vez con las víctimas y con los victimarios, y el simbolismo de la fecha resalta la contradicción con rasgos dramáticos. Por otra parte, el acuerdo con Bildu ha ido demasiado lejos al considerar una prolongación del franquismo no sólo la etapa de Suárez y Calvo Sotelo, que ya es exceso, sino el primer año de González en el Gobierno. Es obvio que esa infamia tiene un objetivo y es la despenalización moral de los más de trescientos muertos causados por ETA –y el GRAPO– durante ese tiempo. Hacerlo en estos días de amargo recuerdo constituye un gesto especialmente desaprensivo, por no decir siniestro.

La ignominia es tan obvia que ha logrado arrancar a Feijóo su primera promesa derogadora. El gallego prefiere centrar su alternativa en la regeneración económica pero sabe que no puede permanecer impasible ante esa barbaridad clamorosa, una auténtica carga de dinamita en los cimientos de la justicia y la concordia. El compromiso, efectuado ante la familia de Blanco, es de observancia obligatoria y el líder popular se la debe desde hoy a la sociedad española, que a su vez tiene consigo misma una deuda histórica: la de no dejar a las víctimas solas ni permitir que su sufrimiento y su resistencia acaben en derrota frente al relato de una equidistancia tramposa. Cuando sea que ocurra, la caída del sanchismo ha de conllevar algo más que un simple relevo político-administrativo. Se necesita un ejercicio de coraje ético y de principios para poner las cosas en su sitio.