EL CORREO 18/09/14
ENTREVISTA, EDUARDO TORRES DULCE, Fiscal general del Estado
· Torres Dulce reúne hoy a los mandos de la Fiscalía catalana con una idea clara: «No actuar ante un delito es prevaricar»
Eduardo Torres Dulce (Madrid, 1950) dio ayer una lección magistral en Bilbao. Con apenas unas notas hiló una conferencia de casi una hora dentro de las jornadas que celebran el 25 aniversario del Tribunal Superior del País Vasco. Diseccionó la situación actual de la Justicia y su relación con los partidos con pinceladas de cine y novela, dos de sus pasiones. Aunque no se pudo abstraer de la actualidad de Cataluña y el pulso soberanista. Hoy, de hecho, se reunirá con el fiscal superior y los fiscales jefes de Cataluña para prever todos los escenarios y preparar posibles denuncias.
P– ¿Qué instrucción va a dar a los fiscales de Cataluña?
R– Instrucción, ninguna. El objetivo de la reunión es escuchar al fiscal superior y a los fiscales jefes de Cataluña, que son los que palpan la realidad social. Debo escucharles por lo que pudiera venir en el futuro. Porque necesito estar informado y conocer su opinión para tomar decisiones. Pero no les voy a dar ninguna instrucción salvo intercambiar opiniones y escucharles. También aprovecharé para hablar con ellos de otros temas, no solo del proceso que va a abrir el Gobierno y el Parlamento catalán.
P– La reunión se cerró el martes. ¿Por qué ahora?
R– Es un diálogo que mantengo constantemente. Me lo plantearon ellos y llegamos a la conclusión de que era oportuno reunirnos para ampliar el intercambio de opiniones que ya tuvimos en julio cuando me reuní allí con el Consejo Fiscal. Entonces tuvimos una entrevista de trabajo larga con el presidente de la Generalitat y con el consejero de Justicia, al igual que he tenido aquí con el lehendakari y con el consejero.
P– Desde fuera parece que hay cierta urgencia.
R– Los fiscales superiores y los fiscales jefes vienen normalmente a consultar asuntos y a dar información. Es obvio e inevitable que, si el ministerio fiscal tiene entre otras exigencias constitucionales la de la unidad de actuación, debe haber una puesta en común de las respuestas que hay que dar .
P– ¿Cuando Rajoy dijo que todo iba a estar preparado para responder a la convocatoria de consulta se refería a esto?
R– En absoluto. Yo no me he reunido ni tengo que hacerlo con el ministro de Justicia ni con nadie respecto de las estrategias del Gobierno. A mí me corresponde establecer los contactos suficientes y mantenerme informado acerca de la opinión de los fiscales jefes que están atentos a la realidad social.
P– ¿Qué puede suceder si el Constitucional suspende la consulta y el Govern sigue adelante?
R– No lo sé. No soy ningún profeta. Deseo que todo el mundo se mantenga dentro de los estrictos márgenes de la legalidad porque todos hemos aceptado la Constitución, con lo que ello supone de pacto social. Hemos aceptado que el sistema interprete las leyes y debatirlas. Hay que aceptar las decisiones de los tribunales, nos favorezcan o nos perjudiquen en nuestros intereses. Ese es el terreno de juego. Situarnos extramuros del Estado de Derecho supone romper el pacto social, abrir una fractura importante y estar sujetos, en función de cada conducta, a las leyes que se prevén para estos supuestos, incluido el Código Penal. Y eso no es ninguna advertencia o amenaza, sino la constatación de una realidad que afecta a Cataluña y a todos los españoles y extranjeros que están incumpliendo los deberes y obligaciones que fija el pacto social. Los fiscales y los jueces tenemos que actuar cuando existe una actividad que pudiera vulnerar el Código Penal. Si no lo hacemos, estaremos prevaricando.
P– En Cataluña sus palabras han sido tomadas como una amenaza.
R– Yo espero que eso no se produzca (la celebración de la consulta pese a estar suspendida) y estoy convencido de que no se va a producir. Pero si se me pregunta qué es lo que va a hacer el ministerio fiscal, lo único que puedo decir es que siempre que se infringe el Código Penal la Fiscalía tiene la obligación de promover la defensa de la legalidad.
P– ¿Qué le parece que un cargo público como el líder de ERC llame a la desobediencia civil?
R– Esa es una decisión con consecuencias y responsabilidades que corresponden a quien haya decidido manifestarse de esa manera.
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P– ¿Pero entiende que un político haga ese tipo de llamamientos?
R– Yo preferiría que los políticos manifestasen siempre su respeto al orden constitucional y a la legalidad y que no se hicieran llamamientos a infringir la ley. Porque, amén de las consecuencias que pudieran derivarse, deben ser conscientes de la fractura social que provocan.
P– En Cataluña entienden que una ley de consultas pactada por amplia mayoría en el Parlament debe ser legal.
R– Eso lo tiene que decidir el Tribunal Constitucional. Para eso tenemos los tribunales, para que cuando haya una discrepancia decida un tribunal imparcial. Esas son las reglas del juego democrático.
P– El ministro de Exteriores ha hablado de la posible supresión de la autonomía en Cataluña.
R– También he oído al ministro del Interior decir que eso no se ha contemplado. Espero que nunca jamás se llegue a ese extremo, porque significaría un déficit notable de funcionamiento del Estado constitucional. Es un mecanismo que está en la Constitución y que se puede activar, pero no es lo deseable.
ETA y las cárceles
P– En Euskadi se habla mucho de la conveniencia de aplicar la ley de diferente manera una vez que ETA ha dejado la violencia. ¿Es posible?
R– Los jueces y los fiscales somos esclavos de la ley. Nosotros no las hacemos, las podemos interpretar conforme a la realidad social, pero no vamos más allá porque cualquier otra cosa sería prevaricar. A los políticos les corresponde interpretar esa realidad social, tomar decisiones de carácter político y, en su caso, modificar las leyes. Los cambios que haya que hacer en la legislación le corresponden al Gobierno y yo no soy dueño de esas decisiones. Quiero y deseo que los políticos no interfieran en las decisiones judiciales y yo no interfiero ni deseo interferir en las decisiones de los políticos.
P– Los presos de ETA están comenzando a recurrir a la vía judicial para pedir su excarcelación si están enfermos o su acercamiento a Euskadi. ¿Cuál va a ser la posición de la Fiscalía?
R– Hacer seguimiento estricto de la ley interpretándola siempre de acuerdo de la realidad social, que es lo que ordena la Constitución y el propio Código Civil. Siempre hacemos una interpretación no rígida, no estricta, pero rigurosa de la ley y atendiendo a la realidad social. Cualquiera que se acoja a los beneficios penitenciarios merece el apoyo del ministerio fiscal.
P– ¿El seguimiento estricto de la ley implica el reconocimiento del daño causado y la petición de perdón?
R– Los segmentos están contemplados en la ley, son razonables y han sido validados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que no veo razón alguna para que el que quiera de verdad iniciar el camino de la reinserción y la rehabilitación social no tenga el horizonte, que yo creo generoso, de las leyes.
P– ¿Es entonces un problema más de los presos que de las leyes?
R– El sistema ofrece razonables perspectivas para todos aquellos que de verdad reconozcan que han infringido el pacto social, que han causado un daño y que deben de pagar por ello con los horizontes de la rehabilitación.
P– ¿La disolución de ETA ayudaría a la progresión de grado y mejora de las expectativas de los presos?
R– Esa decisión tendría consecuencias de calado político evidentes y podrían tener reflejo de manera legislativa pero, insisto, ésa es una decisión de los gobiernos que tuvieran la fortuna de encontrarse con ese hecho que deseamos todos.