Los servicios de estudios de los grandes bancos españoles no han disfrutado de vacaciones veraniegas. Velan armas para combatir la proposición de ley del PSOE y de Unidas Podemos que les va a exigir una “aportación patrimonial de naturaleza pública no tributaria” sobre sus beneficios “extraordinarios”. Ya comienzan a correr dictámenes y notas técnicas de lo que las entidades financieras cogitan sobre esta iniciativa del Gobierno. 

Desde el punto de vista jurídico, la banca aduce dos cuestiones nada menores: primero, la “aportación patrimonial” prevista en el artículo 31 de la Constitución no está pensada para el supuesto recaudatorio que proclama el Gobierno y, segundo, implantar este gravamen temporal mediante una proposición de ley, y no con un proyecto de ley, elude los trámites previos de los informes consultivos, lo que disminuye la calidad técnica de la futura norma.

Pero el nivel de la crítica está escalando. Los servicios de asesoramiento de las entidades financieras afectadas (se dejan al margen sin criterio discriminador razonable a extranjeras y otras compañías financieras) mantienen en una nota especialmente interesante que el modelo en el que se fija España (se elude mentar al Gobierno) “es el húngaro” y se sostiene que “España y Hungría son hasta el momento los únicos países europeos que han aprobado un impuesto extraordinario a la banca”. El líder húngaro, continúa la nota, se ha propuesto recaudar “2.040 millones de euros en 2022 y 2.080 en 2023”. 

A mayor abundamiento, el informe señala que “en Hungría no se han estigmatizado sectores como la banca y la energía” porque el impuesto extraordinario —mal llamado impuesto— se ha extendido a todos los sectores (aseguradoras, grandes cadenas de distribución, grano y fertilizantes, telecomunicaciones, farmacéuticas, sector publicitario)” y que «el punto de partida del sector bancario en el momento en que se adopta la medida es más favorable en Hungría», porque es un país de “baja tributación”, la rentabilidad “del sector bancario allí venía siendo más alta que en otros países europeos”, “los intereses empezaron a subir hace dos años y los niveles actuales son mucho más elevados” y el “track-record’ de Hungría no parece que lo haga el mejor ejemplo a seguir”.

El mensaje que se desprende de estas reflexiones de la banca española es muy crítico para el Gobierno, porque lo incluye en una de las formas iliberales de gestionar los asuntos públicos en Europa. El presidente magiar es, además, un referente de heterodoxia en la Unión Europea en otros muchos temas, como el judicial. 

Si el decreto-ley de ahorro energético creó confusión y controversia por los modos imperativos de su elaboración unilateral, este septiembre le tomará el relevo esta proposición de ley que la banca española quiere pelear con discreción pública, pero con gran dureza negociadora, ante la “decepcionante” ministra de Economía y Transición Digital, Nadia Calviño. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, se pronunció con motivada crítica contra el gravamen el pasado día 28 de agosto en ‘El País’.

Todo apunta a que el presidente del Gobierno, como es usual, se precipita en anunciar medidas que luego o no se implementan, o lo hacen a un coste innecesariamente alto para el propio Gobierno y para los sectores afectados. De ahí que el paralelismo con las prácticas magiares de Sánchez sea de una merecida dureza para el secretario general del PSOE. Y da por efectivas —lo hizo el martes en Alemania— medidas aún sin aprobar. 

Por lo demás, las entidades financieras afectadas por el futuro gravamen están elaborando un mapa impositivo de la banca en Europa que resulta muy interesante: la tasa bancaria, el impuesto de actividades financieras, el recargo adicional en el impuesto de sociedades, los fondos de garantía de depósitos nacionales y los fondos de resolución europeos. Al tiempo, se hace un repaso de la fiscalidad bancaria en otros países (Suecia, Portugal, Eslovenia…) comparándola con la española.

De tal modo que el Gobierno va a tener enfrente una dura interlocución, porque los banqueros están seguros —y así lo escriben—de que “el nuevo impuesto a la banca introduce desequilibrios competitivos”, afirmación que, además, se acredita con argumentos sólidos. La advertencia final es que tanto el Banco de España como el Banco Central Europeo pueden lanzar una seria advertencia sobre una exacción no tributaria que dispone del perfume de la confiscación. 

Pero las grandes entidades bancarias y las energéticas deben también ser conscientes de que su reputación está erosionada por múltiples circunstancias: graves problemas de gobernanza, en unos casos, sueldos (por conceptos varios) excesivos de su máximos gestores (*), en otros, trato a los clientes mejorable en determinadas situaciones, ausencia de transparencia y lejanía emocional con los entornos sociales en los que desarrollan su actividad, entre otras razones que hacen relativamente fácil que el Gobierno galvanice voluntades favorables a su propósito extractivo.

Tómense estas compañías financieras —y otras— como un aviso de sus asignaturas pendientes algunas pullas dialécticas del propio presidente del Gobierno, aunque impropias de su alta representación, determinados reproches públicos y un clima social que, a veces, se les ha vuelto hostil. Y lo mismo, para algunas empresas de otros sectores estratégicos, y, sobre todo, el energético. 

(*) Información del pasado 1 de agosto en ‘Cinco Días’:

“Los banqueros españoles con sueldo millonario en 2020 fueron, de media, los mejor pagados de Europa. En total, ese año hubo 128 altos directivos de la banca que percibieron una media de 2,178 millones de euros entre remuneración fija y variable, según se refleja un informe que realiza cada año la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) sobre los banqueros mejor remunerados en la zona euro”. 

“De acuerdo a este documento, se trata de la cifra más alta de los países europeos. Por dar una idea, y teniendo en cuenta los datos de sistemas financieros comparables, en Francia hubo 228 banqueros que se embolsaron una media de 1,741 millones (un 20% menos que en España). Igualmente, en Alemania los 543 banqueros con sueldo millonario ganaron de media 1,689 millones (un 22,45% menos que los españoles) y en Italia hubo 187 banqueros que percibieron 1,689 millones (un 25,71% menos)”.