Yolanda Díaz, salvando las distancias, empieza a hacer suyo lo que recomendaba Ronald Reagan a los políticos respecto de su actuación pública: «Si no eres un buen actor, no puedes llegar a ser un buen presidente», sostenía el en otro tiempo galán de la época dorada de Hollywood. 

La ministra de Trabajo conocía perfectamente que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, con quien por cierto mantiene unas relaciones muy cordiales, vetaría la posibilidad de actualizar el salario mínimo este año después de los importantes incrementos registrados en los dos últimos ejercicios (un 22,3% en 2019 y un 5,5% en 2020), pero aun así ha seguido dándole vueltas con una clara intención: ganar tiempo. Sin duda, porque el SMI también forma parte de su estrategia política, cada vez con tintes más claramente personalistas. No en vano, es la candidata ‘in pectore’ de Unidas Podemos.

Su objetivo era —y sigue siendo— marcar terreno respecto de la parte socialista del Gobierno, muy en línea con lo que hacía Pablo Iglesias, quien siempre ha sido un consumado filtrador a la prensa antes de perder una batalla. Eso explica que la ministra de Trabajo haya prodigado sus intervenciones y entrevistas en los últimos días, algunas con sus periodistas de cabecera, para dejar bien claro que ella quiere subir el SMI, pero que algunos miembros del Gobierno, en particular la vicepresidenta Calviño, aliada en este caso del presidente Sánchez, no le dejan.

La estrategia es perfectamente legítima, pero dista mucho de ser sincera, toda vez que crea falsas expectativas que se pueden entender en el plano político, pero difícilmente en el de los 1,5 millones de trabajadores afectados —aunque se trata de una cifra difícilmente comprobable—, que se rigen por la cuantía del salario mínimo. 

Para cubrir esa impotencia política, ya observable en diciembre del año 20, que es cuando hay que revisar la cuantía del SMI, la estrategia de Yolanda Díaz ha pasado por crear una comisión de expertos que durante medio año ha estudiado la conveniencia de un incremento. Pero la ministra de Trabajo sabía perfectamente que cualquier opinión —en un sentido o en otro— acabaría en la papelera, más allá del interés académico del documento, que sin duda lo tiene.

CEOE pone pie en pared

Y no solo porque el incremento del SMI es una cuestión libérrima del Gobierno de turno a través de un real decreto que ni siquiera hay que pasar por el Parlamento (no es un real decreto-ley), sino, sobre todo, porque conocía que CEOE ha puesto pie en pared en este asunto. O lo que es lo mismo, Sánchez se arriesgaba a arruinar el diálogo social, que aún debe cerrar asuntos tan delicados como la reforma laboral o la segunda parte de la reforma de las pensiones a partir del 15 de noviembre. Y había pocas dudas de que la junta directiva de CEOE vetaría cualquier respaldo de Garamendi, que siempre ha rechazado de plano un incremento, a una hipotética subida. La gran patronal, incluso, y no es irrelevante, rechazó en su día enviar a uno de sus expertos para que formara parte de la Comisión. 

Lo más curioso es que la ministra ha querido incluir la subida del SMI en el marco del diálogo social, cuando se trata, como se ha dicho, tal y como establece el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, de una materia que compete exclusivamente al Gobierno de turno, que debe limitarse a hacer una ‘consulta’ con sindicatos y empresarios, pero en ningún caso una negociación. 

Conviene saber que el SMI no puede tener carácter retroactivo desde el 1 de enero, lo que obligaría a rehacer cientos de miles de nóminas

Esto no quiere decir, sin embargo, que Yolanda Díaz haya salido derrotada. Muy al contrario, ha logrado que buena parte de la opinión pública, para eso está el formidable aparato del que se ha rodeado en Trabajo, visualice que ella es partidaria de la subida, lo cual, como se ha dicho, es perfectamente legítimo. No en vano, para ello cuenta con exdirigentes de los comunes catalanes como Josep Vendrell, para asuntos políticos, o Rodrigo Amírola, en labores propias de gabinete, lo que le permite, por un lado, mantener sus alianzas con Colau, la alcaldesa de Barcelona, y por otro, proyectar un perfil propio en materias como el SMI y las que vendrán en el futuro. 

No es menos paradójico que se siga vendiendo la idea de que todavía es posible subir el SMI a la vuelta del verano en función de cómo vayan las cosas, como sugirió ayer Calviño para dar una salida política a Díaz y que esta no apareciera derrotada ante la opinión pública y publicada. Conviene saber que el SMI no puede tener carácter retroactivo desde el 1 de enero. Entre otras cosas, más allá de las consecuencias económicas, porque eso obligaría a rehacer cientos de miles de nóminas, y sus correspondientes retenciones fiscales, con lo que ello supone de creación de una brutal carga administrativa a las empresas, además de la inseguridad jurídica que supondría revisar retroactivamente las relaciones laborales entre los patrones y sus trabajadores. Muchos trabajadores, de hecho, ya habrían dejado de estar empleados en sus antiguas empresas.

Esto significa que la subida del SMI ha sido, en realidad, una maniobra de distracción en la que todas las partes han ganado. Calviño se ha impuesto, Díaz ha dejado muy claro que ella no quería congelarlo y Sánchez mantiene intacto el diálogo social, que es su mejor aliado para aislar políticamente a Casado, encerrado en su propio laberinto.