Como era de esperar, la inhabilitación de Marine Le Pen, de resultas de su condena por un tribunal de París por desvío de fondos públicos del Parlamento Europeo, ha desatado en Francia una conmoción política de primer orden.

La líder de la ultraderecha francesa se ha apresurado a tachar la sentencia de «decisión política». Y sus partidarios, que han convocado una movilización de protesta para este domingo, se han servido de la coartada de la persecución judicial, tan a cara a todos los populismos de uno y otro signo.

Es muy sintomático en este sentido que el candidato de la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, se haya solidarizado con Le Pen, alegando que inhabilitar a un político es algo que sólo puede hacer «el pueblo» y nunca un juez. Un dislate que contraviene el principio nuclear de la democracia liberal, que es el de que nadie está por encima de la ley. Icluidos los representantes políticos, por mucho refrendo popular del que gocen.

Sus acólitos esgrimen la condición de favorita de Le Pen para ganar las próximas presidenciales como móvil de la decisión judicial, que sería el último recurso del establishment para impedir la llegada de Reagrupación Nacional a la Presidencia de la República francesa.

Pero lo cierto es que se trata del resultado de un proceso con todas las garantías que ha dictaminado que Le Pen desvió fondos públicos del Parlamento Europeo. Y, por mucho que no hubiera enriquecimiento personal, sí se ha probado una malversación que procuró a su formación un rédito partidista. Porque RN empleó utilizó dinero público para facturar como asistentes parlamentarios a empleados del partido.

Además, el hecho de que el Tribunal de Apelación de París haya comunicado que priorizará el recurso de Le Pen para fallar «en el verano de 2026» habla en contra de la hipótesis de una conjura político-judicial para sacar a la candidata ultraderechista de la carrera presidencial. Como también lo hace el hecho de que la propia Le Pen exigiera, antes de verse en esa tesitura, que los cargos públicos condenados por corrupción fueran sentenciados a ser inelegibles de por vida.

Si el veredicto resulta favorable, Le Pen podría concurrir sin problema a las elecciones de 2027. Y, en cualquier caso, podrá hacerlo su partido con otro candidato. Lo que, a la vista de la popularidad de su delfín Jordan Bardella (superior incluso a la de ella), no parece que fuera a redundar en detrimento de las posibilidades electorales de RN.

Al contrario, muchos en Francia auguran que la sentencia será explotada políticamente para ratificar la narrativa de una operación de interferencia en el proceso democrático para bastardear el ascenso de una líder incómoda.

El recuerdo de la condena judicial a Trump, que lejos de estigmatizarlo lo reforzó a ojos de sus bases, parece ser lo que ha inspirado entre los rivales de Le Pen una inquietud ante los efectos que pueda provocar la inhabilitación, lo que explicaría la tibieza con la que han reaccionado a la sentencia.