Editorial, EL CORREO, 15/6/11
El gesto que supone la dimisión de tres magistrados del Tribunal Constitucional con mandato caducado desde noviembre de 2010 no puede ser desoído por los partidos políticos que tienen la facultad y la obligación de renovar en sede parlamentaria las instituciones cuando se cumplen los mandatos previstos. Urge que el Congreso de los Diputados designe cuanto antes a los sustitutos de Gay, Pérez Vera y Delgado, así como del fallecido García-Calvo. La preceptiva mayoría de tres quintos en cada cámara obliga a PP y PSOE a pactar. De momento, la perspectiva es sombría porque, aunque ambas formaciones, azuzadas por los reproches de la opinión pública, han manifestado su intención de acordar los candidatos en el plazo fijado por la presidencia del Congreso, también han insistido en que la culpa del desastre no es propia, sino del antagonista. Evidentemente, mientras PP y PSOE mantengan esta actitud arrogante e irreductible y combinen sus vetos con la procacidad de presentar candidatos ‘difíciles’, la renovación no se producirá. Llueve sobre mojado, y estas piruetas en contra de la lealtad constitucional tan solo pueden afirmar la desconfianza cada vez mayor que el cuerpo social siente hacia la clase política.
Editorial, EL CORREO, 15/6/11