Luis Ventoso-ABC
- Ultimátum de Transparencia para que den los nombres de los «expertos»
El sanchismo es a la democracia lo que AC/DC al canto gregoriano. Nadie se había atrevido a colocar como fiscal general a una ministra. Nadie había llegado al poder sin haber ganado las elecciones. Nadie había roto sus firmes promesas electorales con rostro de acero inoxidable. Nadie osó a situar a un viejo apparatchik de su partido como jefe-hooligan del CIS. A nadie, jamás, se le habría ocurrido reformar el Código Penal a la carta para amnistiar a los presos de un golpe separatista como pago de unos Presupuestos. Ningún otro presidente amenazó a los jueces con un decretazo para meterlos en cintura. Nadie se inventó un «Consejo contra la Desinformación» para controlar a la prensa. Ningún mandatario de una
democracia avanzada se niega a informar sobre el uso del avión oficial, ni lo emplea para su jarana familiar (aquí continuamos esperando los datos lúdicos del Falcon). A ningún presidente de nuestro entorno se le pasaría por la cabeza invitar a sus amiguetes a veranear en su compañía en palacetes estatales y a costa del erario público. En Francia, Reino Unido o Alemania un mandatario que plagiase su tesis, o que se inventase un cargo público para emplear a su amigo del alma, tendría un problema grave. Aquí…
Imbuidos del legendario apego a la verdad de su jefe, Illa y Simón se inventaron un supuesto «comité de expertos», que entre otras cuestiones decidía los cambios de nivel. Pero la prensa comenzó a rascar y no aparecían. Al final, aprovechando el despiste estival, Illa confesó en una comisión parlamentaria que los legendarios expertos no existían. Eran los funcionarios y las decisiones las tomaban él y Simón, con el culto a Sánchez primando sobre la ciencia. Simón, que ya opera como un ministro más del PSOE, lleva meses rehusando a dar los nombres. Primero pretextó que podrían estresarse. El 29 de septiembre, ante la reclamación de un abogado, invocó la «protección de datos».
Pero en la democracia española existe un organismo público independiente llamado Consejo de la Transparencia, que controla la actividad pública y el derecho de los ciudadanos a la información (por cierto, lo instituyó el viejo Mariano, que visto lo que vino después ya parece Pericles). Transparencia ha dado un ultimátum de diez días a Illa y Simón para que faciliten la relación de expertos. Además les ha impartido una fina lección de democracia: «Las administraciones públicas se financian con fondos de los contribuyentes y su misión esencial consiste en servir a los ciudadanos, por lo que toda la información que poseen y generan pertenece al ciudadano». Y algo más: el derecho a la información es «esencial» en una democracia y debe prevalecer.
Conforta que se destape la arbitrariedad de un despotismo enmascarado tras modales de seda. Illa y Simón van a sudar para dar la lista de unos expertos que no existen. Pero en el sanchismo todo es posible. Si dijesen que son Fleming, Koch y Pasteur, aquí no pasaría nada. La Sexta y TVE hasta los entrevistarían.