El terrorismo nacionalista ha sido generosamente subvencionado, en un 80% por las Administraciones del País Vasco. Pero ésta no es una excusa para que, tal como se prevé en la discusión presupuestaria, siga pasando en el futuro; menos aún con la anuencia de un Partido Socialista que ha dejado la vida de sus mejores militantes en la lucha contra el terrorismo.
Del estudio de la economía del terrorismo nacionalista vasco, en la que ETA y Batasuna juegan un papel fundamental, se extraen algunas lecciones que es preciso volver a recordar, dado que algunos acontecimientos recientes, como el apoyo prestado por el Partido Socialista a unos presupuestos del Gobierno Vasco en los que se contemplan diversos tipos de subvenciones a personas u organizaciones relacionadas con esa economía, han vuelto a poner este tema en el centro del debate.
Lo primero que debe considerarse al respecto es que la economía del terrorismo, en el caso de ETA-Batasuna, se articula en torno a una multiplicidad de agentes y entidades que, formando una unidad en cuanto a su dirección estratégica, orientan su acción hacia los diferentes objetivos de la organización: captación y adoctrinamiento de militantes, desarrollo de actividades armadas y su logística, formación de una cultura de la violencia, propaganda y desinformación, asistencia social a los terroristas encarcelados y a sus familias, política institucional y sostenimiento del grupo social de referencia que apoya el terrorismo. Estas entidades -que a veces son alegales, pero que en la mayor parte de los casos adoptan formas jurídicas muy diversas, como asociaciones, partidos políticos, fundaciones y sociedades mercantiles-, además de trabajar con miras al objetivo específico para el que fueron constituidas, han asumido un importante papel en la captación de recursos financieros para el conjunto de la organización. En esta última tarea, cada entidad asume una determinada especialización. Así, ETA se ha dedicado preferentemente al pillaje, la extorsión a los empresarios y los tráficos ilícitos; Batasuna se ha centrado en la obtención de subvenciones a partidos políticos concedidas -al margen de la legalidad vigente- por la Administración vasca y las corporaciones locales, así como a ejercer la influencia que le concede su presencia institucional para favorecer a las entidades por ella controladas en la generosa distribución de subvenciones que ha realizado el Gobierno vasco y los Ayuntamientos nacionalistas; las asociaciones, editoriales y periódicos controlados por ETA se han esmerado en obtener estas últimas para lubricar con un dinero público muy mal controlado -como reiteradamente ha destacado el Tribunal de Vasco de Cuentas Públicas- a los otros elementos de la organización; y las sociedades mercantiles han servido para canalizar esos recursos, blanquear dinero y realizar negocios lucrativos cuyos réditos han engrosado la bolsa común.
A partir de esta complejidad organizativa -que ha coadyuvado a dar opacidad a sus operaciones, a la vez que ha proporcionado una apariencia de legalidad que las Administraciones vascas se han apresurado a aceptar sin ningún miramiento- el entramado ETA-Batasuna pudo obtener, en la década inmediatamente anterior a la ilegalización de este partido político, un mínimo de 23,6 millones de euros al año, de los cuales la extorsión habría proporcionado un poco más de la quinta parte, las actividades mercantiles habrían dejado un rédito de alrededor de un octavo y las subvenciones públicas algo más del 55 por 100, correspondiendo el resto a otras fuentes de menor rendimiento. El terrorismo nacionalista vasco ha sido, por tanto, generosamente subvencionado; y lo ha sido principalmente por las Administraciones del País Vasco, a las que corresponde más del 80 por 100 de las subvenciones recibidas por las organizaciones vinculadas con ETA y su entorno. Que esto ocurriera en un período en el que esas organizaciones se desenvolvían dentro de una apariencia legal -simplemente porque aún no habían sido perseguidas por los tribunales de justicia- denota la interesada miopía con la que los gestores de esas ayudas las acogieron bajo sus programas presupuestarios. Pero esta no es una excusa para que, tal como se prevé en la discusión presupuestaria vasca, siga pasando de la misma forma en el futuro; y menos aún, para que ello se haga con la anuencia de un partido, como el socialista, que ha dejado la vida de sus mejores militantes y dirigentes en el camino de la lucha contra el terrorismo. Pues debe recordarse ahora que programas como el de las ayudas a familiares de etarras encarcelados fueron creados para suplir la carencia de recursos a la que condujo, para ellos, la ilegalización de Batasuna, y que, además, fue declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia; o que las subvenciones a Udalbiltza -que han estado plagadas de irregularidades, según mostró un informe del citado Tribunal de Cuentas- se establecieron para dar cumplimiento a uno de los acuerdos entre el PNV, EA y ETA, para «dar un caramelito a HB y al MLNV para que crean que se está avanzando hacia un nuevo modelo» -según señaló el Consejero de Asuntos Sociales Javier Madrazo- o para «ayudar (al MLNV) a salir del atolladero de la violencia y a hacer una entrada en la política» -según dijo en 1999 el entonces presidente del PNV Xavier Arzalluz-. Recuerden los lectores estas citas de hace seis años, pues no esperaremos mucho a que los mismos argumentos, para defender unos proyectos fracasados, llenen la boca de los actuales dirigentes del socialismo vasco.
Pero la economía del terror no agota aquí sus lecciones. También señala que el conjunto de los procesos judiciales que, a partir de 1998, fueron dejando fuera de juego a las entidades vinculadas con ETA, así como la ulterior ilegalización de Batasuna, tuvieron efectos muy beneficiosos en la lucha contra el terrorismo. Ello fue así porque, a la represión policial, se añadió la supresión de una buena parte de las fuentes de recursos financieros de la banda terrorista y, con ella, también de sus posibilidades operativas. Además, al reducirse la presión del nacionalismo radical en los ayuntamientos controlados o participados por Batasuna, disminuyó el miedo y, con él, la adhesión política al terrorismo. Así, las encuestas del Euskobarómetro muestran que lo que, con propiedad, podríamos considerar como el «extremismo pro-ETA» ha caído desde un 12 por 100 de la población adulta en 1999 -un porcentaje éste muy similar al que se obtuvo a comienzo de la década de los cuarenta para delimitar al conjunto de los «nazis fanáticos», o en la Norteamérica de la década siguiente al «antisemitismo extremo»- hasta un 2 por 100 en el momento actual.
Por ello, no se entiende que ahora, para apoyar una pretensión negociadora con ETA que no pasa de ser una mera ilusión, cuando no el delirio de un gobernante insensato, los socialistas españoles y principalmente los vascos se apresten a reventar aquella exitosa política y sostengan lo que no deja de ser el embrión de la recomposición de las finanzas del terrorismo nacionalista. Ello, además, apoyando un flagrante incumplimiento de la ley de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo, que obliga a todas las Administraciones públicas a «abstenerse de ejecutar cualquier operación… respecto de la que existan indicios racionales de que está relacionada con la financiación del terrorismo … o cuyo beneficiario sea una persona o entidad vinculada a organizaciones terroristas o… relacionada con ellas». Tal incumplimiento debe ser denunciado, aunque, en las circunstancias actuales, ello pueda acabar siendo una tarea inútil, pues si esto lo hacen quienes nos gobiernan, ¿a quién podremos recurrir los ciudadanos para que nos defiendan? ¿Quién aplicará a los representantes del pueblo en las instituciones parlamentarias las gravísimas sanciones administrativas, como multas, separación del cargo e inhabilitación, que la ley establece para quienes coadyuvan a la financiación del terrorismo?
(Mikel Buesa es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid)
Mikel Buesa, ABC, 21/12/2005