No se puede sino estar de acuerdo. Es un derecho de todo paciente, inexcusable no por un problema de comunicación, como sucede con aquellos de origen foráneo que no conocen ninguno de nuestros dos idiomas. Es ineludible por el estatus de oficialidad de la lengua vasca que obliga a las administraciones públicas a ordenar sus recursos para satisfacer ese derecho. Y lo podemos hacer, de hecho así lo hacemos. Y lo podríamos hacer aún mejor, con una gestión más eficiente, como tuve ocasión de mostrar en estas mismas páginas en un artículo anterior (‘Ni democrática, ni justa, ni eficaz’, EL CORREO, 9-2-26).

Pero esta reflexión que proponen nuestros examinadores sobre el valor de la primera lengua quizás haya dejado perplejo a más de un estudiante. Porque si es lógico procurar establecer una canal de comunicación eficaz entre el personal sanitario y el paciente, utilizando para ello la lengua materna de este último, ¿por qué no lo es en el caso del sistema educativo? ¿Por qué la prohibición de dirigirse en su lengua al alumnado que tiene el castellano como lengua materna? ¿Por qué evitar la enseñanza de cualquier materia en dicha lengua? ¿Y qué conseguimos con esta política?

Conseguimos seleccionar al alumnado, nada menos. Ponerlo en una fila ordenada, como con las pruebas que acaba de realizar. Porque este sistema que hemos diseñado es mejor (que no bueno) solo para dos minorías: aquella que vive en entornos vascohablantes y aquella que puede, por su nivel socioeconómico, esquivar sus perniciosos efectos. El resto se sitúa a la cola. Y así podemos obtener una estratificación social distinta, plasmar una ‘prioridad nacional vasca’, no por el carné de identidad o el color de la piel, sino por la lengua materna.

¿Cómo puede ‘colar’ esta política en una sociedad en la que el euskara no es la primera lengua de la mayoría? Escondiendo que estudiar sin presencia de la primera lengua, o la del entorno más próximo, sin vehicular aprendizajes a través de ella, un único modelo para una población diversa y plural como es la nuestra, es un obstáculo de difícil superación. Eludiendo que a ese nivel de euskara, que ahora se considera como básico en nuestra nueva legalidad, solo puede llegar, y de hecho solo llega, un tercio de los escolares que estudian en Euskadi, independientemente de en qué centro y modelo lo hagan. Y ocultando que con este sistema lo realmente determinante acaba siendo la cuna, antinomia de la finalidad de un sistema educativo democrático.

Por eso, los informes sobre rendimientos escolares que antes, hace apenas diez años, se explicaban en cientos de páginas ahora se saldan en un folleto de veinte o treinta, plagado además y sin ningún recato de manipulaciones y falsedades. Una jibarización de la información a la ciudadanía, ese ‘que no se note lo que hacemos y los resultados que sacamos’ que les resulta imprescindible a nuestras autoridades para poder llevar adelante su proyecto selectivo, profundamente antidemocrático en el fondo y en la forma.

Naturalmente que no es la política lingüística que practicamos en la educación vasca, especialmente en nuestro sistema público, la imposibilidad creciente de utilizar para el aprendizaje otra lengua distinta del euskara, en las antípodas del derecho que exigimos en la sanidad, la única razón de los bajos rendimientos de nuestros escolares. Pero sí constituye un factor muy relevante y claramente diferencial.

Y no hay una sola de estas acusaciones, ni una sola, que no se asiente en un dato, ninguna de estas afirmaciones realizadas que no sea plenamente demostrable, ninguna consideración de las aquí formuladas que no sea veraz. Todas las personas que están impulsando, decidiendo o consintiendo esta política lo saben perfectamente. Pero da igual, porque los usuarios de nuestro sistema educativo, nuestros estudiantes, en este caso muy especialmente nuestros estudiantes no vascohablantes, tienen en la práctica menos derechos que cualquier paciente del sistema público de salud. Lección de selectividad.