La falta de acuerdo entre los dos grandes partidos situó al Gobierno, de entrada, en una posición peor frente a ETA. La propia banda tenía interés en que quien se sentara frente representara al Estado en sentido amplio, para que los acuerdos no se vinieran abajo por un cambio de gobierno.
La tramitación judicial del caso Faisán se ha convertido en los últimos meses en un foco de problemas para el Gobierno. Al hilo de la investigación del chivatazo han aparecido fragmentos de las actas elaboradas por ETA de las conversaciones mantenidas con los enviados del Ejecutivo socialista en el año 2006. Algunas de las afirmaciones reflejadas en esos papeles de la banda terrorista pueden poner en situación incómoda al Gobierno, además de reabrir la polémica sobre el diálogo con ETA cuatro años después de haber acabado.
Las interioridades de aquel proceso, con independencia de que conozcamos sólo la versión etarra, tienen carga polémica suficiente para agitar el enfrentamiento entre los dos grandes partidos, máxime en un contexto preelectoral como el actual.
Una revisión crítica del episodio de las conversaciones con ETA del año 2006 pondría de manifiesto la existencia de una lista de cosas que no habría que haber hecho. A la cabeza de esa lista tendría que figurar el convencimiento de que el consenso entre los dos grandes partidos debe marcar la lucha antiterrorista y que si no hay acuerdo entre el PSOE y el PP hay cosas que es mejor no llevar a cabo. La principal de ellas sería un diálogo con ETA.
En las conversaciones de Argel de 1989 el Gobierno de Felipe González contó con el apoyo del conjunto de partidos, entre ellos el respaldo expreso del líder de la derecha Manuel Fraga. Las conversaciones de 2006, en cambio, se llevaron a cabo con la oposición activa del PP.
La falta de acuerdo entre los dos grandes partidos situó, de entrada, al Gobierno en una posición frente a ETA peor de la que hubiera tenido si hubiera contado con el respaldo del Partido Popular. La propia banda terrorista tenía interés en que quien se sentara frente a sus representantes representara al Estado en sentido amplio. ETA no quería que los acuerdos que pudiera alcanzar se vinieran abajo por un cambio de gobierno.
En la negociación de las condiciones previas a la tregua, una de las cuestiones en las que insistió ETA fue que el Gobierno consiguiera un pacto de Estado de cara a las futuras conversaciones. Incluso previó un plazo máximo de seis meses después del inicio de la tregua para que Zapatero alcanzara ese acuerdo con el primer partido de la oposición. Por eso, en la reunión celebrada el 12 de diciembre de 2006, poco antes del atentado de Barajas, uno de los reproches de ETA al Gobierno fue: “No habéis hecho el pacto de Estado”. Un documento de ETA posterior a la ruptura de la tregua insiste en que para el futuro la delegación del Gobierno debe representar a “los poderes del Estado” y a “las fuerzas que tienen fuerza (sic) suficiente”. Los terroristas consideraban que “el PSOE de Zapatero y Eguiguren era elmodelo de antigarantía”, cosa que no querían. Un acuerdo entre los dos grandes partidos, además, hubiera puesto a los representantes oficiales a salvo de muchas de las críticas que hoy se están produciendo. Lo hecho en el pasado no tiene enmienda, pero al menos debe servir para aprender de cara al futuro.
Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 30/3/2011