Nada se ha avanzado en el objetivo de una reconciliación que resulta imposible alcanzar sobre los cimientos de injusticia en los que se levanta el arreglo político admitido en Irlanda del Norte. De ahí el interés nacionalista por buscar la importación de fórmulas que han contribuido a construir una dañina identidad para las víctimas al ser definidas éstas como meras ‘consecuencias del conflicto’ y a las que se les ha arrebatado la reparación que merecen las víctimas.
Irlanda del Norte continúa siendo un recurrente referente para el País Vasco, como demuestran las interesadas instrumentalizaciones que políticos nacionalistas y otros observadores realizan de dicho contexto. Suelen hacerlo ignorando la premisa básica sobre la finalización de la campaña terrorista: el IRA decretó el final de su violencia a pesar de no haber conseguido sus objetivos, renuncia forzada por la intensa presión antiterrorista sobre el más sangriento grupo terrorista de Europa. Por ello, en el País Vasco se intenta minusvalorar tan fundamental lección descontextualizando los denominados ‘principios Mitchell’, una retórica declaración de principios democráticos básicos y de rechazo a la violencia, que desde Batasuna y otros sectores nacionalistas son tergiversados para burlar la legalidad. Se insiste desde dichos ámbitos en que la mera aceptación formal de tan genéricos principios debe ser suficiente para que el brazo político de ETA evite su ilegalización a pesar de la incuestionable vinculación de Batasuna con el terrorismo.
No es ésta la única trampa que la propaganda nacionalista tiende mediante la tergiversación del contexto norirlandés, pues también viene planteándose que aquí la problemática de las víctimas deberá ‘resolverse’ como allí. En primer lugar debe cuestionarse esa asunción de que tan delicado tema ha sido realmente resuelto de manera satisfactoria en una región donde muchas víctimas del terrorismo aún rechazan la terrible impunidad política, moral, histórica y jurídica permitida por el proceso norirlandés. Nada se ha avanzado en el objetivo de una reconciliación que resulta imposible alcanzar sobre los cimientos de injusticia en los que se levanta el arreglo político admitido en Irlanda del Norte. De ahí el interés nacionalista por buscar la importación de fórmulas que han contribuido a construir una dañina identidad para las víctimas al ser definidas éstas como meras ‘consecuencias del conflicto’ y a las que se les ha arrebatado la reparación que merecen las víctimas de cualquier delito, pero especialmente quienes han sufrido tan salvajes violaciones de derechos humanos.
Al condicionarse el avance de la sociedad a la relegación de la necesaria justicia sobre los responsables de semejantes crímenes, se ha asumido un peligroso chantaje que distorsiona importantes lecciones para la resolución de un conflicto terrorista. Por un lado se ha intentado imponer la creencia de que el final de la violencia exigía la excarcelación de los terroristas, ignorando que la debilidad del terrorismo dejaba a sus perpetradores escasas expectativas de éxito y una limitada voluntad de continuar con una estrategia fracasada incluso aunque no se hubiera producido la liberación anticipada de presos. Además ha facilitado la legitimación de la violencia al minusvalorar las consecuencias políticas, humanas y jurídicas que se derivan de la misma. La ausencia de sanción para delitos de una gravedad extrema sienta un peligroso precedente en una sociedad en la que todavía se mantiene el terrorismo. Una comparación entre los niveles de violencia de ETA y de los grupos terroristas escindidos del IRA muestra una mayor actividad por parte de estos últimos, incentivados por esa impunidad y legitimación favorecida por tan dañino ‘proceso de paz’.
En su afán por cerrar en falso un conflicto terrorista cuya resolución exige mucho más que la disminución de la violencia, el Gobierno británico aceptó concesiones frente al terrorismo cuyo considerable coste amenaza con lastrar el avance de una sociedad democrática. En este sentido, reveladoras son las conclusiones extraídas por Mary-Alice Clancy en su reciente libro ‘Peace without Consensus’, una sólida investigación con esclarecedoras pero preocupantes revelaciones sobre ese proceso norirlandés al que tanto se mira desde el País Vasco. La politóloga americana demuestra la «ingenuidad» de Tony Blair, que aceptó las sucesivas intimidaciones de Gerry Adams exigiéndole concesiones que, según sus amenazas, de no ser satisfechas desembocarían en violencia. Como se desprende de la excelente investigación de Clancy, una organización terrorista derrotada extrajo mediante dichas coacciones una legitimación de contraproducentes consecuencias. Las cesiones del Gobierno británico fortalecieron la perjudicial narrativa del conflicto reproducida por la propaganda terrorista, reforzándose ésta frente al principal argumento de deslegitimación esgrimido contra el terrorismo durante décadas: en un sistema democrático los responsables de conductas criminales deben pagar por sus infracciones sin recibir la recompensa de una negociación que debilita a la democracia y fortalece a quienes han desafiado los métodos democráticos mediante la amenaza y la violación sistemática de los derechos humanos.
El apaciguamiento en el que se ha incurrido ha permitido la construcción de un relato que transforma la realidad del conflicto terrorista: los perpetradores de la violencia han dejado de ser presentados como tales, pues de lo contrario resultaría acuciante la lógica demanda de justicia y reparación que merecen las víctimas y que los victimarios deben atender. Esta transigencia con quienes han transgredido los más básicos principios políticos, humanos y morales ha devenido en una neutralización del pasado, de manera que las víctimas se ven forzadas a aceptar un relato que falsea su injusto sufrimiento, dolor que se presenta como inevitable y necesario. Tan injusta coacción se complementa con una espantosa exigencia que rechaza la conveniencia de ‘abrir las heridas del pasado’, como si juzgar a los victimarios no fuera un requisito imprescindible para cicatrizar profundas heridas todavía abiertas y para la erradicación y deslegitimación de una violencia que continúa siendo legitimada por quienes hoy ejercen el poder.
En semejantes circunstancias ETA y Batasuna buscan emular un referente como el norirlandés que tantas voces presentan, erróneamente, como un eficaz modelo de resolución de conflictos.
Rogelio Alonso, EL CORREO, 24/8/2010