La ilegalidad de Batasuna ha sido el factor principal para un conflicto de intereses entre ETA y su brazo político. La necesidad de ser legalizada ha llevado a éste a presionar a ETA, pero no es todavía suficiente. ETA sigue preparada para actuar cuando le plazca, y Batasuna acepta con resignación esa situación, sin arrastrar a ETA ni desmarcarse de ella.
La situación del terrorismo en el País Vasco es hoy exactamente la misma que el viernes pasado cuando se filtró el documento de Batasuna y EA en el que pedían a la banda terrorista un alto el fuego verificable y bajo control internacional. La declaración de los encapuchados a la BBC no ha cambiado nada y, sin embargo, Batasuna ha salido a la plaza pública a pasar la gorra para ver qué se lleva. Reclama al Gobierno la legalización.
El anuncio de ETA haciendo pública la situación de paro forzoso en la que se encontraba hace meses no ha atendido las reclamaciones de Batasuna. El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, resaltaba ayer esta circunstancia al destacar que la declaración de la banda no se ajustaba a lo que había planteado Batasuna. Pero este partido, en lugar de sentirse ninguneado por la dirección etarra, se propone capitalizar el comunicado de los terroristas. Se resigna a la decisión de ETA, pero intenta aprovecharse de las circunstancias.
En el segundo semestre del 2009, cuando Batasuna elaboró los documentos utilizados en su debate interno, redactó otra serie de papeles que dibujaban el conjunto de la estrategia que se planteaba seguir. Uno de esos documentos era un plan para una negociación dividido en varias fases. En la tercera se preveía una declaración «unilateral» de ETA anunciando un alto el fuego. Según los documentos, la banda diría en público que era una tregua «indefinida», pero los papeles de Batasuna aclaraban que en realidad debía ser de seis meses. Este dato sería secreto. Para corresponder al alto el fuego, el Gobierno debería proceder a la legalización de Batasuna y a beneficiar a una serie de presos de ETA, según el plan. Parece que, pese a no cumplir los compromisos que Batasuna había fijado para ETA, el partido ilegalizado quiere obtener la recompensa que no se ha ganado.
Frente a esta demanda hay que tener en cuenta un dato: la ilegalidad de Batasuna, confirmada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha sido el factor principal de la aparición de un conflicto de intereses entre ETA y su brazo político. La necesidad de volver a la legalidad ha llevado a Batasuna a presionar a ETA, pero la presión no es todavía suficiente porque la banda no se ha planteado el abandono de las armas. ETA sigue, sin atentar de momento, pero realizando los preparativos para actuar cuando le plazca, y Batasuna acepta con resignación esa situación. Ni ha conseguido arrastrar a ETA ni se ha desmarcado de manera definitiva de la banda. No han cambiado, por tanto, las circunstancias para reconsiderar la situación legal de Batasuna.
En esas condiciones, permitir el retorno de Batasuna supondría acabar con el mayor estímulo que tienen ETA y su entorno para paralizar el terrorismo. El brazo político ya no tendría necesidad de enfrentarse a ETA y, por tanto, no le presionaría para que acabara con las armas. Se volvería a una situación cómoda para los dos, el partido diciendo que es ajeno a la violencia para evitarse líos judiciales y ETA cometiendo atentados al servicio de la causa común.
Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 8/9/2010