Ignacio Camacho-ABC
- La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana empodera al extremismo para recibir a la derecha en las barricadas
La coalición de gobierno ha empezado a legislar como si lo fuera a perder. A diferencia de Churchill, que decía confiar sólo en las estadísticas que podía manipular, el Gabinete sanchista no parece creerse las encuestas que les fabrica a medida Tezanos y empieza a pensar en la posibilidad seria de pasar a la oposición, que la izquierda siempre identifica con la calle. En el sentido figurado, el de la intemperie de fuera del presupuesto, y en el literal, el de la agitación instrumental del espacio público como principio estratégico. Para esta última contingencia se ha aplicado a allanar el terreno modificando la Ley de Seguridad Ciudadana en busca de la impunidad de los futuros manifestantes cuando decidan liarse a
patadas con los guardias, ejercicio en el que los dirigentes de Podemos tienen, como acreditan varias sentencias judiciales, experiencia contrastada. Durante la pandemia, cuando el Ejecutivo se sentía imbuido de la jerarquía autoritaria que le proporcionaba el decreto de alarma, no dudó en recurrir hasta el abuso a la llamada ‘ley mordaza’. Ahora que las encuestas pintan mal pretende cambiarla para que los miembros de las fuerzas de orden carezcan de presunción de veracidad y hagan de chóferes -textualmente- de los detenidos que se nieguen en comisaría a la identificación reglamentaria. Entre otras propuestas de un proyecto que rebaja sanciones y penas por conducta agresiva y en la práctica deja inerme a la Policía ante cualquier deriva belicosa de una protesta ciudadana.
Aunque el partido ponente de la reforma es el PNV, que suele presumir de responsabilidad, el texto consensuado por los socios de la alianza mayoritaria lleva un claro sello antisistema que otorga vía libre a la algarada callejera. Parece redactado de manera expresa para evitar procesamientos como los de Alberto Rodríguez o Isa Serra; hasta las multas se cuantifican según la capacidad económica y la edad de la persona sancionada. También se limita el uso de material antidisturbios, se vuelve a permitir la grabación de las caras de los agentes y se autorizan de oficio las movilizaciones ‘espontáneas’. Una legislación a medida de los seguidores más arriscados de Podemos, Bildu o Esquerra, para que se note quiénes mandan… y para que sus huestes de choque tengan carta blanca en el supuesto de que la derecha intente derogarla. Porque ése es el verdadero objetivo: reforzar la capacidad intimidatoria del extremismo para que pueda usarla contra su tradicional enemigo. Ahora no la necesita; mientras gobiernen los suyos está relativamente tranquilo y manifestarse contra sí mismo no tiene mucho sentido. Esta enmienda legal está pensada como trinchera preventiva en caso de que el poder pase a manos distintas. Es un blindaje normativo de la violencia revolucionaria. Y un aviso de que cualquier alternancia democrática será recibida en las barricadas.