El primer mandamiento de la soberbia política es el de no rectificar en ningún supuesto y de ninguna manera. El sanchismo le ha añadido a este precepto una doble vuelta de tuerca en los casos en que no tiene más remedio que corregir su propia torpeza, y consiste por una parte en negar la evidencia y por otra en culpar de sus errores a la derecha. Así ha ocurrido con el decreto de restricciones energéticas, cuyas lagunas, errores y carencias manifiestas intenta reparar a posteriori sin cambiar su letra y sin admitir la necesidad de enmiendas en unas medidas repletas de deficiencias, mal concebidas y peor plasmadas en una expresión pésima que complica su ya de por sí endeble seguridad jurídica y técnica.

En esa normativa farragosa, precedida de un preámbulo larguísimo e indigesto, lo poco que se entiende claro es la obligación de que la climatización de los locales públicos y lugares de trabajo no suba en invierno de los diecinueve grados ni baje de los veintisiete en verano. No dice «en torno a», ni «aproximadamente», ni «más o menos», como ha sugerido la ministra Ribera ante el debate social suscitado, sino diecinueve y veintisiete exactos, fijando además la exigencia de anunciar en la puerta de los establecimientos que el aire acondicionado se ajusta a la temperatura arbitrada en el mandato. Temperatura que, si a tenor del argumentario oficial es la única que permite alcanzar el ahorro necesario, no debería quedar sometida a retoques improvisados.

En cambio, respecto al apagado de luces a las diez de la noche sólo se refiere a «escaparates» y «edificios», términos que en teoría dejan abierto un razonable margen de duda sobre la posibilidad de mantener encendidos los monumentos. Es decir, que la instrucción precisa la relaja de palabra el Ministerio, y la ambigua la pretende aplicar con una interpretación extensiva del texto. La ausencia de pautas y criterios concretos para vigilar la observancia de la orden da a entender que el único propósito del Gobierno es aparentar disciplina solidaria ante los socios europeos. Un mero postureo propagandístico y cosmético de improbable cumplimiento, que sin embargo con su sola promulgación ha sembrado de caos y descontento sectores esenciales como la hostelería, el turismo y el comercio.

Para que la ley se cumpla, como dice el presidente con ese afectado empaque que bien podía desplegar frente a los independentistas catalanes, es menester que el legislador —aunque sea el Ejecutivo en su continuo recurso al decreto— la clarifique antes, y sobre todo que no la enrede después a base de apaños, contradicciones y parches. La calidad de la producción normativa sanchista es deplorable, como demuestra su frecuente revocación por los tribunales. Los españoles hemos acatado sin rechistar dos confinamientos inconstitucionales y lo menos que se nos debe es un trato de adultos, no de escolares.