El 2024 parlamentario podría dar inicio la próxima semana con una secuencia de geometría variable al límite. La mayoría de la investidura de Pedro Sánchez votando en contra de las enmiendas del PP y de Vox a la totalidad de la proposición de ley de amnistía, y el Gobierno de coalición recabando el voto favorable del PP al tren de medidas anticrisis entre las que ha incluido iniciativas que, según Junts, pondrían en riesgo la amnistía. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento, suspendiendo aquellos procesos judiciales que estén sujetos a una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, y la digitalización de la Administración de Justicia. A lo que se añade la denuncia de los de Puigdemont sobre la erosión competencial que supondría para la autonomía catalana el proyecto ómnibus del Gobierno. Reservas que podrían hacer suyas ERC, EH Bildu y el PNV.

El encuentro del jueves en Barcelona entre el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el secretario de organización socialista, Santos Cerdán, no fue suficiente para acortar distancias entre Moncloa y Waterloo. Las diferencias, que Junts hizo públicas ayer de manera sorpresiva, son imposibles de soslayar con otra vuelta de tuerca. Con el problema añadido de que los de Puigdemont están no sólo deliberadamente fuera del gobierno de la Generalitat, sino que llevan la contraria a los de Junqueras. De modo que tampoco les satisfarían las concesiones que el Ejecutivo Sánchez podría hacer al de Aragonés en aspectos distintos a los del conflicto planteado. Porque la suspensión de la amnistía ante cada cuestión prejudicial europea parece insoslayable. A no ser que Cerdán se vea autorizado a acordar una cabriola pasajera, con tal de salvar una votación en el Congreso.

Que la amnistía entrará en vigor una vez sea publicada en el BOE es solo un decir. Junts y ERC saben perfectamente que sus efectos reales no se conocerán hasta mucho más tarde. Por lo que les resultará ineludible apurar la literalidad de la proposición de ley socialista siquiera para mantener un tono exigente, presentando enmiendas parciales. El independentismo aspira a que el Estado se vea obligado a pedir perdón a todas aquellas personas que hubiesen sido procesadas por la especial inquina que las instancias constitucionales, jueces incluidos, sentirían hacia los secesionistas. La lista sería interminable, en tanto que a ella querrían adherirse también los Pujol y la presidenta de Junts, Laura Borrás.

Aunque bastaría con que la situación de Carles Puigdemont para postularse como candidato a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas de aquella comunidad, previstas como mucho para febrero de 2025, se asemeje a la de Oriol Junqueras. Bastaría con que Junqueras y Puigdemont tuviesen, en virtud de la amnistía, las mismas posibilidades legales para competir entre ellos dentro de un año. Es lo que, en el fondo, reclaman ERC y Junts. Nada más. Nada menos.