Después del trascendental mensaje de Navidad alertando frente a la división, el deterioro de la convivencia y la erosión de las instituciones, alguien ha dicho acertadamente que el Rey Felipe VI es el mejor político de su generación. Lo cierto es que en este fin de año tan convulso el mensaje del jefe del Estado consiguió poner de acuerdo a los dos grandes partidos constitucionales. Y, a las pocas horas, se desató como por ensalmo el nudo que impedía la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional. El problema es que otras fuerzas políticas, especialmente los socios del Psoe en el gobierno de coalición siguen atizando su particular campaña contra la Corona. El último argumentario sostiene, como dice la secretaria de organización de Unidas Podemos, Lilith Vestringe que don Felipe «carece de legitimidad democrática». De momento y mientras el llamado régimen del 78 siga vigente, la legitimidad política en España la otorga la Constitución, ley de leyes aprobada en referéndum el 6 de diciembre por el 87,78% de los españoles. En su artículo 1.3 proclama que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Lo que implica que el Rey es el jefe del Estado pero no controla el poder ejecutivo.

Su papel es fundamentalmente simbólico pero de una gran trascendencia porque encarna la unidad y la permanencia de la nación. Y la noche del pasado día 24 hizo honor a su rol constitucional que le encomienda la tarea de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. La legitimidad real no proviene de la designación del dictador como sistemáticamente apuntan desde partidos de ideario republicano, sino de la proclamación de las Cortes Generales (artículo 61). El propio historiador Paul Preston, poco sospechoso de tendencias conservadoras o de una visión histórica derechista, apunta en su obra sobre la Transición española que, al recoger el texto constitucional en su artículo 57 que el Rey y sus sucesores son legítimos herederos de la dinastía histórica, «eliminó de un plumazo los orígenes franquistas de la monarquía».

Esa proclamación fue refrendada, por ejemplo, en Cataluña por el 90,5% de la gente, en Andalucía por el 91,9% y en el País Vasco por el 69,1% pese a que el Partido Nacionalista Vasco apostó por la abstención. Partido que, a través de su portavoz en el Congreso de los Diputados, sugería también estos días que el Rey debería renunciar a su inmunidad para modernizar la institución. Pero la inmunidad, es una prerrogativa que prevé la Constitución para garantizar una defensa eficaz frente a cualquier tipo de injerencias de los otros poderes del estado, de determinados sujetos que ocupan cargos públicos, en atención a su posición y representación como asiste también a los miembros del Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo y sus adjuntos.