Gracias a la ya conocida como ‘ley de nietos’, hasta dos millones de extranjeros podrían, acogiéndose a esta, obtener la nacionalidad española debido a su vínculo familiar con exiliados del franquismo. Así, podrán votar en las próximas elecciones personas que nunca han pisado este país ni tienen intención de hacerlo, que jamás han pagado impuestos, que desconocen nuestra cultura y que no tienen ningún tipo de arraigo. De hecho, ni siquiera tienen por qué ser descendientes de exiliados reales, de huidos por motivos ideológicos o políticos. Les basta con probar que un familiar abandonó España entre el 1936 y el 1955 para que se le presuponga a este la condición de exiliado, sin más, y nadie va a comprobar si, efectivamente, salió de aquí por esos motivos y no por otros (económicos, delictivos, sentimentales), que podría. Así pues, si ni siquiera es necesario demostrar esa condición de exiliado pese a que la ‘ley de nietos’ se enmarque en la Ley de Memoria Democrática, podría parecer que el fin último no es tanto resarcir a descendientes de aquellos represaliados sino alterar el actual censo electoral. Tal vez, presuponiendo que no osarán votar a nadie que no sea aquel que les facilitó una nacionalidad europea que les pone en bandeja el acceso a ayudas y subsidios en caso de retorno (si es que se pueda llamar ‘retorno’ a llegar a un lugar en el que, algunos, jamás habrán estado), la libre circulación por Europa o la posibilidad de transmisión de esa nacionalidad y lo que conlleva a sus descendientes. Y, de ser así, de no tener nada que ver, como parece, con una reparación real (de serlo, sería riguroso el proceso de verificación de tal condición), esta ley me parece poco ambiciosa. Creo que sería mucho más espectacular y eficaz una ley de choznos y bichoznos. Tan solo retrocediendo un poco más en el tiempo, apenas un centenar de años más, nos plantaríamos en los primeros años del siglo XIX, cuando España todavía contaba con grandes virreinatos en América: el de Nueva España, el del Perú, el de Nueva Granada o el del Río de la Plata. Y, puesto que todos los habitantes de estos virreinatos tenían los mismos derechos y deberes que los ciudadanos de cualquier provincia española, eran todos jurídicamente españoles. De hecho, la Constitución de Cádiz de 1812 lo reconocía de forma explícita: la Nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Así, digo, todos los actuales habitantes de estos territorios son, en puridad, descendientes de españoles ya que todos lo eran. El que más y el que menos hoy es chozno, bichozno o tatarachozno de un español. Con esto, ahorraríamos burocracia y podríamos otorgar, directamente y sin mayor incomodo, la nacionalidad española a todos los hispanoamericanos: de México a Cabo de Hornos, de Trinidad a las Galápagos. Sugiero.