Algo falla en la construcción de la educación del futuro si esta debe pasar por la aprobación de una ley que restringe libertades, desequilibra la realidad lingüística y establece ámbitos de desconfianza hacia profesores, centros y familias. Por eso es necesario realizar una serie de consideraciones para describir un texto desequilibrado y obsesivo que el Gobierno vasco debería retirar para ser repensado.

No es justa la consideración que el proyecto de ley de Educación hace del euskera como «eje vertebrador de un sistema plurilingüe». Son dos, castellano y euskera, las lenguas oficiales de la comunidad autónoma vasca y ambas deben funcionar como ejes vertebradores de dicho sistema plurilingüe. No compartimos la visión que entiende el euskera no como una lengua de comunicación, sino como «un instrumento de identidad».

El castellano aparece nombrado en el texto normativo una sola vez y en absoluto para darle valor educativo en la organización de un sistema que debería articularse en torno a dos lenguas y estructurarse con una lengua extranjera. Dos lenguas vehiculares, a elección de las familias, y una lengua extranjera.

El castellano es lengua materna de la mayoría de los ciudadanos y ese valor debe ser preservado como elemento básico de nuestra cultura y de la libertad de elección de las familias en la educación de los hijos e hijas.

Es injustificada la desaparición de modelos lingüísticos educativos que refuercen la libertad de elección de las familias. Un sistema de inmersión y de modelo único no es coherente con una sociedad que convive con dos lenguas oficiales, siendo en la actualidad una de ellas, el castellano, la lengua común del País Vasco y del resto de España.

El proyecto de ley prioriza la educación en centros públicos, mientras que la realidad educativa vasca se desarrolla en un ámbito de convivencia al 50% entre la oferta en centros públicos y en concertados (religiosos, cooperativas, ikastolas). Es necesario establecer de una manera clara una financiación adecuada y suficiente para estos centros, que les ofrezca seguridad jurídica y garantías de estabilidad.

No se aborda la gratuidad del ciclo completo de la Educación Infantil, lo que debería ser asumido por la autoridad educativa vasca como una prioridad. Esta propuesta deriva directamente de los principios del sistema educativo vasco que proclama el texto legislativo, e intenta dar una respuesta a la demanda de las familias con hijos de corta edad que quieren conciliar la vida laboral y personal.

La irrupción en la nueva organización de los llamados «consejos educativos municipales» supone un factor inquietante de intromisión en el sistema; y un riesgo de politización de centros y estrategias educativas que pueden ser un importante factor de distorsión de los objetivos y valores de un sistema educativo encaminado a mejorar la formación académica de alumnos. Las entidades locales pueden participar en decisiones de la comunidad educativa a través del Departamento de Educación o de los consejos escolares en los que se integren representantes municipales.

La creación del Instituto para el Aprendizaje del Euskera y de las Lenguas sirve como órgano de control sobre el profesorado, «para reforzar su actitud (con ‘c’), progreso e implicación lingüística». Este órgano surge a partir de una desconfianza hacia la actitud profesional de profesores y profesoras y centros en lo relativo a la educación en euskera. No se puede admitir en un sistema de libertad de elección de centro y modelo que existan órganos que funcionen como una especie de ‘policía del euskera’.

El proyecto de ley está basado en un acuerdo parlamentario, ‘Bases para la educación del s. XXI’, desequilibrado y excluyente, impuesto por una negociación entre el PNV y EH Bildu que ha confundido a todos. Por ello, las enmiendas que han presentado, en el último segundo, los grupos que apoyan al Gobierno (PNV-PSE) no despejan dudas y confunden más aún al ser puramente declarativas y no de reforma auténtica del proyecto de ley. Todo quedaría diferido a reglamentos, lo cual va contra la seguridad jurídica y las garantías de libertad de elección.

En definitiva, no se está construyendo una escuela para todos. La prioridad de esta ley no es la mejora de la formación de nuestros hijos, ni la excelencia académica: la prioridad es imponer un modelo, una cultura, una lengua, lo que supone un retroceso en los derechos y en la libertad de elección de las familias. Será una ley excluyente: de nacionalistas y para nacionalistas. No hay un acuerdo de país. Es un pacto para la denominada ‘construcción nacional’, versión educativa.