Para una amplia mayoría, ha sido un infierno. Incluso los menos críticos sostienen que han pasado cinco años en el purgatorio por culpa de un Gobierno hostil a la actividad empresarial, que considera al empresario un explotador y a la empresa un ente digno de toda sospecha al que freír a impuestos y ahogar con todo tipo de leyes y reglamentos. Incluso en la recta final de su mandato, cuando a Sánchez le queda cuarto de hora en el uso y abuso del poder, él y su banda siguen agrediendo a las empresas a golpe de decreto, imponiéndoles el duro peaje de una ideología enemiga de la iniciativa privada. El sujeto quiere imponer por ley, si llegara a ganar el 23J, un SMI equivalente al 60% del salario medio, una promesa que a la comunista Yolanda le ha parecido poca cosa, de modo que ha subido la apuesta ofreciendo llevarlo hasta los 1.400 euros, muy por encima de los 1.080 del pasado febrero y casi el doble de los 735 en vigor cuando Rajoy dejó el Gobierno. Además de subir el SMI, Sánchez ha prometido ampliar los permisos de paternidad desde las 16 actuales hasta las 20 semanas. ¿Hay quien dé más? Este mismo martes, en una especie de “decreto escoba”, el Ejecutivo ha anunciado que las parejas de hecho tendrán derecho a 15 días de permiso, como los matrimonios. Más medidas: un permiso laboral retribuido de carácter general de 5 días al año para atender familiares; un segundo permiso “por causa de fuerza mayor”, también retribuido, que podrá llegar a un total de 4 días año; un tercer permiso parental de 8 semanas, que se disfrutará de forma continua o discontinua, hasta que el menor cumpla 8 años. Todas estas regalías con cargo a la empresa, que se colgarán del Estatuto de los Trabajadores, han entrado en vigor esta semana tras su publicación en el BOE. ¿Quién trabaja aquí? ¿Cómo puede alguien, salvo caso de manifiesto masoquismo, animarse a abrir un negocio en un país cuyo Gobierno se dedica con ahínco a hacer la vida imposible a cualquier pyme?
¿Cómo puede alguien, salvo caso de manifiesto masoquismo, animarse a abrir un negocio en un país cuyo Gobierno se dedica con ahínco a hacer la vida imposible a cualquier pyme?
“Ninguna democracia avanzada puede dar respuesta a las necesidades de una sociedad moderna sin la participación de la iniciativa privada”, reza el documento que la patronal CEOE aprobó la semana pasada y en el que se contemplan hasta 100 propuestas para ser remitidas a los partidos que concurrirán a las próximas generales. La filosofía del mismo, articulada en torno a 5 grandes ejes, revela las penurias sufridas en los últimos 5 años por el colectivo empresarial y los cambios de rumbo exigibles a cualquier Gobierno dispuesto a enaltecer la iniciativa privada: “estabilidad institucional», en primer lugar, que ponga a la empresa a salvo de las vicisitudes de la alternancia política; “seguridad jurídica”, la primera víctima del Gobierno Sánchez, que asegure «unas reglas del juego claras y coherentes» para los empresarios; “fiabilidad normativa”, o la capacidad para legislar de forma coherente y técnicamente rigurosa, lejos de los desastres que hemos visto en el BOE en estos cinco años; “necesidad de diálogo y pacto social”, casi una obviedad, y, finalmente, «voluntad de crecer», un concepto que podría parecer de Perogrullo pero que con este Gobierno se ha convertido casi en una piedra preciosa, porque el verbo “crecer” y el sustantivo “crecimiento” han sido términos malditos para un Ejecutivo de izquierda radical capturado por la visión no ya estatista de la economía, que va de suyo, sino por el mantra del “decrecimiento” tan en boga en estos tiempos de crisis climática.
De esas cinco exigencias cuelgan una serie de reivindicaciones concretas que tienen que ver con las aspiraciones de un colectivo masacrado por el garrote impositivo y la exuberancia normativa. Se trata, en efecto, de reducir la presión fiscal que sufren unas empresas que, sumados impuestos y cotizaciones sociales –ese famoso “impuesto al empleo” tantas veces denunciado como ignorado-, soportan ya una carga superior a la media de la OCDE y la UE. El segundo caballo de batalla apunta al inevitable Impuesto de Sociedades, que habría que adecuar “a la capacidad económica real de las empresas considerada interanualmente”, y el tercero pero no último alude a la necesidad de “reducir los tipos marginales del IRPF y elevar el umbral a partir del cual se aplican”. Cuestiones adicionales inciden en la necesidad de incentivar fiscalmente la creación de empleo y el I+D*i, mejorando en su caso los esquemas en vigor, y a la conveniencia de eliminar de una vez el Impuesto de Patrimonio y a rebajar el de Sucesiones y Donaciones.
El infierno fiscal español queda reflejado en ese medio centenar largo de cambios regulatorios que se han producido en la legislatura y que se han traducido en subidas de impuestos para los contribuyentes, personas físicas y jurídicas
La patronal alerta también sobre la necesidad de acabar con la “introducción de nuevas figuras impositivas, que no respondan a razones de eficiencia e interés general” en clara alusión al impuesto extraordinario a banca y eléctricas, acotando que “figuras tributarias selectivas o discriminatorias sobre determinadas empresas o sectores dañan la competitividad” al apartarse del consenso europeo en la materia y convertirse en un lastre a la hora de competir en el exterior. El infierno fiscal español queda reflejado en ese medio centenar largo de cambios regulatorios que se han producido en la legislatura y que se han traducido en subidas de impuestos para los contribuyentes, personas físicas y jurídicas. Una febril actividad normativa, a menudo de una asombrosa pobreza en lo que a técnica jurídica se refiere, que se ha traducido en un aumento de la complejidad administrativa, en un incremento de los costes para las empresas a la hora de cumplir con los nuevos requisitos y en un obvio deterioro de los niveles de seguridad jurídica. Un auténtico sin Dios que hace muy difícil, cuando no imposible, la actividad empresarial, sobre todo para las pymes.
Que la presión fiscal ha deteriorado en los últimos años la competitividad de las empresas españolas es algo que se puso de manifiesto en una reciente jornada organizada por el Registro de Asesores Fiscales (Reaf). A veces de forma injustificada, porque, a pesar de no estar obligado a cumplir objetivos de reducción del déficit, gracias a la laxitud de Bruselas tras la pandemia, el Gobierno Sánchez no ha dejado de introducir subidas de impuestos, seguramente por una mera pulsión ideológica, es decir, porque está en la naturaleza de cualquier Ejecutivo social comunista, siempre ignorantes de ese principio según el cual “la primera obligación de las autoridades fiscales para preservar la competitividad de la economía es no espantar el negocio”, como puso de manifiesto Begoña García, ex alto cargo de Hacienda y actual responsable del área fiscal de Iberdrola. Tanto ella como Diego Martín, ex director general de Tributos y actual asesor de Gómez Acebo & Pombo, denunciaron “el uso abusivo de la política tributaria que se ha hecho en los últimos años para obtener nuevos ingresos”.
A pesar de no estar obligado a cumplir objetivos de reducción del déficit, gracias a la laxitud de Bruselas tras la pandemia, el Gobierno Sánchez no ha dejado de introducir subidas de impuestos, seguramente por una mera pulsión ideológica
El deterioro del marco normativo y el consiguiente daño a la seguridad jurídica ha sido una constante durante los años de Gobierno Sánchez. Existe una amplia bibliografía que demuestra la estrecha vinculación existente en los países desarrollados entre calidad regulatoria, seguridad jurídica y desarrollo económico, o, dicho de otro modo, muy pocas sociedades alcanzan un elevado nivel de vida sin buenos niveles de gobernanza y una elevada calidad regulatoria, lo que equivale a decir que ningún país prospera de verdad sin un escrupuloso respeto a la ley, que no otra cosa es eso que llamamos “seguridad jurídica”. Y en esto España ha ido de mal en peor. En efecto, en el “Worldwide Governance Indicators” del Banco Mundial, España ocupa el puesto 25 de 30 países en cuanto a calidad regulatoria, y el 23 en cuanto a seguridad jurídica, por debajo de la media europea, lo que demuestra que nuestro país ha conocido una significativa caída en el ranking con respecto a 2018, año en el que España ocupaba el puesto 23 en ambos indicadores. Se trata de un descenso que lastra el desarrollo económico y retrasa la convergencia en términos de renta per cápita con los países de nuestro entorno.
La existencia de un marco institucional que establezca una regulación estable y predecible, y que garantice de forma efectiva el cumplimiento de los contratos, es clave para el buen funcionamiento de las empresas y, por tanto, para el crecimiento económico y la generación de riqueza y bienestar a largo plazo. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) que dirige Gregorio Izquierdo, en su informe “Las buenas prácticas regulatorias”, noviembre 2019, cita un trabajo de Alcalá Agulló y Jiménez Sánchez sobre el impacto de la calidad institucional en el crecimiento para el caso concreto de nuestro país, en el que se asegura que si se equiparara la calidad institucional en España al nivel que le correspondería de acuerdo con la productividad actual de su economía, se obtendría un incremento potencial a largo plazo del PIB per cápita acumulado de alrededor del 20%. Un resultado tan sorprendente como espectacular, que debería incitar a un futuro Gobierno Feijóo a trabajar en la mejora de esa variable. A sensu contrario, la debilidad institucional ha sido considerada (Arias y Caballero, 2016) como un factor determinante de la baja competitividad de la economía española. Resulta inevitable, por ello, concluir que los niveles de empleo y renta de los españoles podrían obtener un notable impulso a largo plazo si se elevara la calidad institucional de nuestro país.
Un estudio mucho más reciente del IEE, de enero 2023, titulado “La mejora de la calidad institucional del comercio en España: cuantificación de su impacto económico y social” llega a resultados aún más espectaculares al señalar, siempre referido al comercio, que la eliminación de sobrecostes operativos y de gestión, la regulación en materia de envases y normativa medioambiental, la persecución del hurto recurrente, además de algunos otros asuntos menores, permitirían reducir la inflación, incrementar la renta disponible de los hogares, aumentar el gasto en consumo y reactivar la inversión. En concreto, esas mejoras regulatorias propiciaríanuna caída del índice de precios al consumo de 1,7 puntos porcentuales, ni más ni menos, y un aumento de la renta disponible familiar de 8.840 millones de euros, cifra equivalente a 470 euros/año por hogar, permitiendo aumentos del consumo por valor de 7.950 millones, y un crecimiento de la inversión en el entorno de los 770 millones, ello sin olvidar la mejora de la recaudación fiscal (870 millones) y del empleo (88.140 empleos equivalentes a tiempo completo).
El convencimiento, en fin, de que dislates diarios como los que protagoniza la señora Yolanda Díaz van a quedar definitivamente atrás para beneficio de nuestros bolsillos
Todo por hacer, pues, en el territorio devastado de la economía y las empresas con el que el futuro Gobierno se va a encontrar tras el paso del tornado Sánchez. Por encima de la necesidad imperiosa que tiene España, un país cuya renta per cápita es hoy 17 puntos porcentuales inferior de la media de la zona euro, situación mucho peor que la existente en 2005 cuando gobernaba Zapatero, de liberar el emprendimiento y relanzar el crecimiento, la sociedad española está reclamando ya a quien parece llamado a ocupar la Moncloa en menos de un mes un mensaje claro de esperanza. No se trata tanto de que Feijóo y su equipo desgranen una serie de medidas a llevar a cabo como si fueran las cuentas de un rosario, sino de que ofrezcan al país un “relato” distinto, la idea de que las cosas van a cambiar a mejor, de que desde el poder nadie va a intentar ahogar a empresas y trabajadores con una fiscalidad inasumible, el compromiso de liberalizar, de dotar de verdadera independencia a los organismos de control, la certidumbre de que se va a estimular la libre iniciativa apoyando la creación de pequeños y medianos negocios quitando trabas, levantando barreras, aportando ayudas, premiando, en fin, el esfuerzo de quienes se levantan a las 6 de la mañana para ir a su trabajo y llevar un sueldo a casa.
La promesa de que vamos a asistir a una regeneración ética de la economía y la política. El convencimiento, en fin, de que dislates diarios como los que protagoniza la señora Yolanda Díaz (“Queremos reducir la jornada laboral sin reducir el salario, eso es clave, queremos que el 24 reduzcamos la jornada en 37 horas y media para caminar en un proceso de diálogo social en una reducción hasta 32, y también queremos que la gente salga una hora antes del trabajo, ¿para qué? Bueno, para que podamos vivir, para que podamos irnos de cañas…”) van a quedar definitivamente atrás para beneficio de nuestros bolsillos, solaz de nuestras libertades y cuidado de nuestra salud mental. Lo primero y fundamental, con todo: poner a Sánchez en la calle el próximo 23 de Julio.