Libertad imperativa

TODO el debate sobre la abstención que tiene dividido al Partido Socialista se solucionaría con sencillez si los dos bandos estuviesen dispuestos a acatar la Constitución que los diputados han jurado cumplir. Artículo 67.2: «Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo». Es así de simple. La libertad de voto constituye la base del sistema representativo moderno. Ningún parlamentario puede ser obligado a votar en contra de su conciencia, ni por los ciudadanos que los han elegido ni tampoco por los partidos que los propusieron en sus listas cerradas. Mucho menos por los militantes de estos partidos, como proponen los seguidores de Pedro Sánchez contaminados por la demagogia populista. La democracia constitucional es un asunto más serio que la cohesión de un aparato de poder estamental o la expresión emocional de una organización asamblearia.

Los españoles nos hemos acostumbrado a aceptar como valor positivo la disciplina de voto, que constituye una perversión democrática. Forma parte de un asentado espíritu contradictorio que por un lado reclama pluralidad interna en los partidos –¡¡y listas abiertas!!– y por el otro prima su pétrea unidad bajo un incontestable liderazgo. En la práctica, la autoridad orgánica de los aparatchiks ha sustituido al primario mandato delegado que los constitucionalistas liberales suprimieron para evitar la degeneración absolutista de la soberanía popular. En la democracia representativa, el diputado representa al conjunto de los ciudadanos, y por eso no puede ser desposeído de su cargo ni revocado de su función. Tiene amparo para ejercer el mandato electoral interpretando en conciencia su compromiso. Si es necesario, al margen de su filiación partidista y sin someterse a ningún poder delegado de los electores.