Aunque la sentencia del TC haya garantizado la libertad electoral de Bildu, ello no implica que materialmente la libertad de los vascos está más defendida hoy que ayer; ni se deriva necesariamente la legitimidad democrática de la coalición: sólo su legalidad. Sin legalidad no hay legitimidad, pero por sí sola no otorga legitimidad democrática.
Temo que de tanto hablar de paz, de la cercanía de la paz, terminemos perdiendo de vista la libertad. La libertad se da por supuesto, lo que nos falta es la paz. Y vivimos así con el ensueño de vivir una libertad cuya falta hemos dejado de percibir. Lo que supone la peor falta de libertad. Los ciudadanos, nos dicen las encuestas, no se interesan en la política, y consideran a los políticos más como fuente de problemas que como propulsores de soluciones. Pero a falta de interés en la política, los ciudadanos españoles, los vascos incluidos, terminaremos siendo especialistas en derecho: gracias a los medios de comunicación, gracias a los tertulianos profesionales, sobre todo gracias a las disquisiciones de los políticos, todos estamos haciendo un curso acelerado de derecho penal y constitucional. Pero en todo ese proceso estamos corriendo peligro de perder de vista lo principal. Es absurdo creer que la sentencia del Tribunal Constitucional funcione como un ‘deus ex machina’ que traiga automáticamente la paz a Euskadi. Y menos la libertad. Garantizando la participación de la coalición Bildu en las elecciones ha defendido la libertad de los coaligados a presentarse, y la de sus electores a elegirlos. En ese sentido ha consolidado el Estado de derecho que garantiza la libertad de todos, aunque los coaligados hayan negado reiteradamente que España sea un Estado de derecho.
Aunque formalmente, y es muy importante, la sentencia del TC haya garantizado la libertad de participación electoral activa y pasiva de Bildu, ello no implica que materialmente la libertad de todos los vascos está más defendida hoy que ayer. Porque la sentencia del TC ha defendido el derecho y la ley, pero de ello no se deriva necesariamente la legitimidad democrática de la coalición. Sólo su legalidad. Ahora bien: sin legalidad no puede haber legitimidad, pero la legalidad por sí sola no constituye legitimidad democrática.
Por partes: más de un ciudadano se habrá asustado al ver una de las fotos de la celebración por parte de miembros de Bildu de la sentencia favorable del constitucional. En ella, Pello Urizar y Martín Garitano, entre otros, levantan el brazo derecho y cierran el puño. Seguro que no tiene significación jurídica, pero a algunos la memoria nos dice que siempre que ha habido brazos extendido en alto y puños cerrados, a alguien le ha caído encima una buena tanda de golpes.
El mismo Garitano era citado en los medios diciendo que abogaba porque nadie en Euskadi tuviera que andar escoltado. El problema es que la necesidad de andar escoltado es como la fiebre: no es la enfermedad en sí misma, sino el síntoma de que algo falla. Para saber lo que falla en Euskadi basta con mirar quiénes deben llevar escolta: empresarios, para financiar el terror de ETA, involuntariamente por supuesto; las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por lo que significan; los jueces por lo mismo, los periodistas que escriben lo que no gusta a la organización terrorista ETA, políticos del ámbito constitucionalista. Es decir: personas que representan la diferencia interna a la sociedad vasca, los que hacen que la sociedad vasca sea plural y compleja, que no sea homogénea en el sentimiento nacionalista, los que hacen que Euskadi no se pueda cerrar sobre sí misma, sino que tiene que estar abierta a otros ámbitos de identificación como es España si quiere ser democrática y garantizar la libertad.
Es ahí donde está el problema. No sólo en que un preso de ETA recién salido de la cárcel, ni arrepentido ni reinsertado, por cumplimento de la pena impuesta en su día por sentencia de tribunal, haga propaganda de Bildu, cantando puño en alto el Eusko Gudariak , reclamando la independencia y dándose vivas a sí mismo diciendo gora gu gudariok, viva nosotros los luchadores, es decir los miembros de ETA. El problema está en que el terror se ha basado y se ha ejercido en nombre de un proyecto político, para su consecución, y que ese proyecto político excluye del mismo a los no nacionalistas, que por lo mismo pasan a ser objeto posible de atentado.
Hasta hace no mucho tiempo, eran mayoría los analistas que consideraban que el diferencial del llamado problema vasco era precisamente que el terror de ETA tenía base social, cultural y política, el llamado conflicto. Y la negación de la diferencia interna era, y sigue siendo, parte integrante, estructural del proyecto político del nacionalismo, con o sin violencia de ETA. Algunos habíamos creído, con mucha inocencia como se está viendo, que la hora de la debilidad de ETA, del fin previsible de ETA, que aún no ha llegado porque sigue viva y amenazante, era la hora en la que había que plantear abiertamente el debate ideológico y político con el nacionalismo, el debate sobre cómo se garantiza política y jurídicamente la libertad de los vascos en la realidad de una sociedad plural y compleja, el debate de si es posible defender al mismo tiempo un proyecto nacionalista radical, y el pluralismo y la complejidad de la realidad social vasca.
Mucho me temo, más aún: estoy seguro de que este debate no se va a producir, y que por eso la libertad seguirá estando en peligro en Euskadi, aunque llegue la paz, algún modo de paz. En muchas de las opiniones que en torno a las sentencias del Supremo y del Constitucional se han manifestado aparece la referencia a que el sentir de la mayoría de los vascos puede ser distinto del de la mayoría del resto de españoles. Convendría en ese contexto no olvidar que hasta hace muy poco no se ha podido decir que la mayoría de los vascos, de la sociedad vasca estuviera contra ETA, que no es verdad que la mayoría de la sociedad vasca haya estado siempre contra ETA, cuando la realidad es que ha mirado para otro lado, que no ha visto ni ha percibido siquiera a las víctimas.
No hay democracia si no son las mayorías las que deciden quién debe gobernar. Pero la mayoría no cualifica automáticamente una opinión como democrática y ajustada a derecho. No pocas veces es al contrario.
Joseba Arregi, EL DIARIO VASCO, 17/5/2011