Uno de los rasgos distintivos de la campaña en estas elecciones municipales -y, en nuestro caso, también a Juntas Generales- es la incidencia en ella de factores que no tienen nada que ver con los asuntos propiamente locales. Ya ha ocurrido también en otras ocasiones, no ha sido infrecuente que cuestiones ajenas por completo a los problemas municipales hayan prevalecido en el debate político, y también en el tratamiento informativo, sobre las que son propias, o deberían serlo, de estos comicios. Pero en esta ocasión la incidencia de las cuestiones que hacen referencia a otros temas está siendo especialmente acusada.

Todo parecía indicar que en estas elecciones la vivienda y los temas conexos iban a ser el eje de los debates en la campaña. La actualidad de la Ley de Vivienda y la fuerte polémica suscitada en torno a ella abonaban esta previsión. A lo que hay que añadir que la vivienda, además de ser un asunto que nos afecta de forma determinante a todos en nuestra vida diaria, es una materia en la que las entidades locales y autonómicas tienen competencias efectivas y decisivas, lo que invita a hacer de ella un objeto de tratamiento preferente en una campaña electoral municipal y territorial (Juntas Generales y diputaciones forales).

Pero una cosa son las previsiones racionales sobre los temas a tratar en una campaña electoral y otra muy distinta lo que ha resultado ser la cuestión que ha centrado las preocupaciones, y en algunos casos las fijaciones, de las formaciones políticas en estos días, aunque no tenga mucho que ver con las cuestiones municipales. Es el caso en esta ocasión -en otras han sido otros temas- de la presencia de ex presos de ETA en las listas de EH Bildu, que se ha convertido en el tema estrella, desplazando por completo a las cuestiones propias de unas elecciones de ámbito municipal y territorial, diluidas en el fragor de las trifulcas entre las formaciones políticas a propósito de las listas.

Se trata de un tema que, además de no tener mucha relación con los problemas municipales, reúne todos los elementos para provocar las reacciones más radicales entre los contendientes, como se ha podido comprobar estos días. Inicialmente fue la presencia en las listas de EH Bildu de ex presos condenados en su día por su pertenencia a ETA lo que abrió una polémica que, dicho sea de paso, no es la primera vez que se produce y que no resulta ninguna sorpresa. Pero, a continuación, esta inicial controversia, en un principio sobre la composición de las listas, se ha extendido a otros terrenos que ya sí son bastante más problemáticos tanto desde el punto de vista político como constitucional; en particular, por lo que se refiere a la demanda de ilegalización de la formación que acoge en sus candidaturas a tales ex presos.

Si bien esta es una cuestión que se viene planteando desde hace tiempo de forma intermitente, de acuerdo con los intereses de quien la promueve, en esta ocasión ha adquirido una intensidad especial. En cualquier caso, no parece que una campaña electoral, como es el caso, sea el escenario más adecuado para abrir un proceso de ilegalización de una formación política que participa activamente en él. Sería algo más que una mera anomalía política; y ello, al margen de otras consideraciones que puedan realizarse sobre la afectación a un principio constitucional como el del pluralismo político.

No parece que esta demanda de ilegalización de una formación política -en este caso, EH Bildu, pero sería aplicable a cualquier otra- pueda tener mucho recorrido jurídico; entre otras razones, porque lo que justificaría su ilegalización, la vinculación con una organización terrorista, no puede existir al haber desaparecido esta. Aunque la falta de recorrido jurídico no impide que pueda tener un impacto político, y sobre todo mediático, de primer orden; muy especialmente, si la operación de ilegalización se plantea y se desarrolla en el marco de una campaña, que es lo que está ocurriendo desde que esta se inició.

El recorrido electoral concluye el domingo, pero el asunto de la ilegalización no solo no va a desaparecer la próxima semana, sino que lo más previsible es que siga condicionando nuestro accidentado proceso político; para empezar, en las próximas elecciones, dentro de pocos meses, en las que ya se puede augurar que este asunto volverá a plantearse. Si bien es imposible evitar que el tema sea suscitado por las formaciones políticas que tienen interés en hacerlo y que los medios afines le proporcionen la proyección pública correspondiente, conviene advertir de que se trata de una operación que, lejos de contribuir a la estabilidad institucional, solo tiene efectos negativos para todos; incluidos sus propios promotores, que pueden verse afectados por un efecto bumerán no previsto.