El asunto es en todas sus facetas tan evidente que cuesta entender por qué el Gobierno, a través de una comparecencia inconsistente de la vicepresidenta, Carmen Calvo, el pasado viernes, calificó estas declaraciones de Llarena como “privadas” y, en consecuencia, negó al magistrado asistencia letrada ante el juzgado belga que le ha citado el próximo día 4 de septiembre. Siguiendo el hilo de la argumentación de Calvo, el Ejecutivo solo intervendría si en el procedimiento en Bélgica se pone en cuestión la inviolabilidad de la función jurisdiccional del Estado español. La pregunta es inmediata: ¿pretende el expresidente de la Generalitat otra cosa diferente que la de presentar en su acción legal al Estado español como jurisdiccionalmente inválido, sectario y, consecuentemente, ‘delincuente’?
La indignada reacción de las asociaciones de jueces, magistrados y fiscales, también de los que se reconocen progresistas, y de la oposición, el PP y Ciudadanos, además de una alarma evidente en la mayoría de los medios de comunicación, hicieron que el domingo el Gobierno, en una alambicada nota de prensa, rectificase, y que ayer la ministra de justicia, Dolores Delgado, de forma una tanto nerviosa y descoyuntada, declarase en RNE que el Ejecutivo sí iba a asistir a Llarena, al tiempo que negaba que esa decisión rectificase la que comunicó Carmen Calvo tras el Consejo de Ministros del viernes. Pero sí, ha sido una rectificación. Los medios fueron unánimes, empezando por este diario, que adelantó que la decisión inicial del Ministerio de Justicia infringía los términos del acuerdo de 2010 de este departamento con el Consejo General del Poder Judicial y contravenía el criterio de la Abogacía del Estado.
Veamos titulares. En ‘El País’ y a tres columnas en portada: “Jueces y fiscales fuerzan a la Moncloa a salir en defensa del juez Llarena”; en ‘La Vanguardia’ y a cuatro columnas en su primera página: “El Gobierno ya busca abogado para Llarena en Bruselas”; en la portada de ‘ABC’: “La rebelión de jueces y fiscales obliga a Sánchez a corregir a la ministra Delgado”; ‘El Periódico’, a toda página: “Sánchez asume ahora la defensa de Llarena”. Otros medios (‘La Razón’ o ‘El Mundo’) no abrían sus ediciones con este tema, pero sus titulares se orientaban en la misma dirección.
¿Por qué el Gobierno ha cometido este error? Cabrían dos interpretaciones. La técnica y la política. La política resulta la más verosímil: como quiera que el Gobierno ha impuesto una línea de “respuesta política” a los independentistas para “desinflamar el conflicto”, no era conveniente alinearse con el instructor (“el carcelero”, en la jerga separatista) dejando que el asunto discurriese con la mayor discreción posible. Esta versión cuadra con los esfuerzos voluntaristas de Pedro Sánchez, que ya encargó también a Carmen Calvo que respondiese a Torra cuando este dijo —el mismo 17-A ante la cárcel de Lledoners— que iban a “atacar” al Estado. La vicepresidenta tildó de “inaceptable” la expresión, pero añadió que era jurídicamente inocua y pidió lealtad… a la oposición.
El mejor de los deseos al Gobierno en su política de manejo de la crisis catalana. Pero la exigencia, también, del mayor de los realismos. Las palabras, los gestos y las demandas forman parte de una política secesionista cada vez más bronquista y agresiva, y el apaciguamiento gubernamental está comenzando a dar muestras de agotamiento. Y sobre todo empieza a colmar la paciencia social. La virulencia con la que Podemos, ERC y los exconvergentes han reaccionado y el cabreo del expresidente de la Generalitat y su ‘custodio’ desde Waterloo ante la rectificación gubernamental en este caso permiten suponer que esperaban cobrarse el trofeo del magistrado con la admisión de una demanda en el juzgado belga que rompía el espinazo de la soberanía jurisdiccional española y dejaba al instructor a los pies de los caballos. Solo por esa expresiva reacción, el Gobierno ya tiene la garantía de que su rectificación ha sido un acierto.