José Antonio Zarzalejos-El Confidencial
Desarbolados por aciertos estratégicos del juez, oportunas intervenciones del Constitucional y graves torpezas del independentismo, la revuelta catalana ha quedado descabezada
Pablo Llarena, instructor de la causa especial 20907/2017 que se tramita en la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha desmantelado (no destruido, presidente Felipe González) el independentismo en menos de una semana. Al anunciar el miércoles el procesamiento de seis diputados y otros que fueron cargos públicos, entre ellos Jordi Turull, obligó al torpe Roger Torrent a cometer su tercer error: convocar de urgencia un pleno de investidura proponiendo la del ex consejero de presidencia de Puigdemont que resultó fallida porque los secesionistas siguen cayendo en todas las trampas que les tiende la CUP. Antes había convocado dos, frustrados, el del día 30 de enero para investir a Puigdemont y el del 5 de marzo para hacer lo propio con Sànchez.
En vez de renunciar, Turull, rechazado gracias a la abstención de una CUP que ansía mucho más liquidar a ERC y a todo lo que se refugia en JxCAT que la independencia de Cataluña, ha puesto en marcha el reloj que estaba parado: si no hay presidente de la Generalitat el 15 de julio, se convocarán nuevas elecciones. Y ya saben los independentistas lo que tienen que hacer para evitarlas: olvidarse de los protagonistas del proceso soberanista y apostar por la rectificación radical de la insurgencia. Han perdido y deben ser coherentes con los imponderables de la derrota.
Nos acercamos a la fase resolutoria que consiste en el dictado de una sentencia firme por la Sala Segunda que podría producirse a finales de año
Llarena, no solo ha propiciado la torpeza de Torrent con el anuncio de los procesamientos por rebelión, sino que, cuando el auto de prisión provisional que este viernes dictó contra los responsables del núcleo duro de la asonada del 6 y 7 de septiembre y del 27 de octubre sea firme, todos los dirigentes del tal proceso quedarán suspendidos de funciones públicas y en un futuro próximo sometidos al enjuiciamiento de la Sala Segunda que, de condenarles, les apartaría definitivamente de la vida pública, porque los delitos de los que son acusados resultan gravísimos y están sancionados con penas largas. Consecuencia directa de atentar contra la integridad del Estado, una responsabilidad que no se diluye con renuncias posteriores a la unilateralidad ni con actos de contrición.
Desarbolados por aciertos estratégicos de Llarena, oportunas intervenciones del Constitucional y graves torpezas, soberbias, engreimientos y mentiras continuadas del independentismo, la revuelta catalana ha quedado, efectivamente, descabezada, a la espera de que, ahora, se gane la batalla internacional que consistiría en traer a España a Puigdemont, Comín, Puig, Serret, Ponsatí, Gabriel y desde este viernes, también, a Marta Rovira que ha huido de manera patética, al tiempo que progresan los procedimientos penales en la Audiencia Nacional y en el juzgado nº 13 de los de instrucción de Barcelona. Soler, director de los Mossos, y Trapero, su jefe operativo, son personajes protagonistas de este malhadado episodio histórico.
Lo esencial está hecho
Llarena tiene por delante aún tarea hasta llegar al auto de conclusión del procedimiento. Pero lo esencial está hecho en el ámbito de la instrucción penal, recogido en el exhaustivo auto de 70 folios, a la espera de las declaraciones indagatorias en abril. Nos acercamos a la fase resolutoria que consiste en el dictado de una sentencia firme por la Sala Segunda que podría producirse a finales de año.
Todo lo han hecho los tribunales, incluido el Constitucional. El 155 ha salvado la cara al Gobierno de Rajoy de manera poco convincente e insuficiente porque el desafío duró hasta que Turull pronunció el jueves su penoso e inútil discurso de investidura. Y poco digno en atención a su propia trayectoria. Ya se escribió después de la balconada de 1934,con Companys, que «todo se ha perdido, hasta el honor». Redactó la frase el insigne catalán Agustí Calvet, Gaziel, relator de aquellos hechos insurgentes. Ahora ha pasado lo mismo, pero incurriendo en el ridículo sobre el que tanto previno Josep Tarradellas.
Cabe una reflexión final pero importante: el Fiscal General del Estado cometió un tremendo error al imponer a sus subordinados la petición de libertad provisional con fianza del exconsejero de Interior, Joaquim Forn. La Sala de apelación del Supremo respaldó a Llarena y mantuvo en prisión al exconsejero. Desoyó Julian Sánchez Melgar a cuatro fiscales, los «cuatro magníficos», que todo ciudadano al que interese este tema con profundidad debe tener en mente: Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y, atención a este último nombre, Jaime Moreno, todos ellos fiscales de la Sala Segunda. A los que hay que atribuir buena parte del mérito de esta orfebrería jurídica que ha acabado, y si no al tiempo, con la Cataluña insurrecta.