Lustros hablando de las necesarias reformas en la Justicia: de unas estructuras carentes de operatividad, como la Oficina Judicial, de la falta de los medios materiales necesarios. Informáticos, por ejemplo: 270.000 casos empantanados. El traje es tan estrecho que se empieza a descoser por las costuras.
En los últimos tres días se han amontonado en los papeles noticias sobre dos asuntos poco deseables: una manifestación bastante multitudinaria de policías y guardias civiles ante el Ministerio del Interior y una huelga encubierta de jueces y nada encubierta de los funcionarios de la administración de Justicia por las injerencias del poder político en el caso Mari Luz.
Los agentes de la Guardia Civil no son trabajadores como los demás. El carácter militar del cuerpo impide el derecho a la sindicación y a la manifestación que tienen otros servidores públicos. El Gobierno parece haber admitido tácitamente que cometió un error al anunciar en 2004 la civilización de la Guardia Civil. Aquellos polvos. Pero Rubalcaba tenía razón al criticar la manifestación. Es muy difícil, sin embargo, no comprender los motivos de unos agentes que cobran un 30% menos que sus homólogos autonómicos. Mucho más si la primera respuesta que perciben del Gobierno es pactar con el PNV y sufragar la jubilación anticipada de los ertzainas con 30 millones de euros. ¿Por qué no lo paga el Gobierno vasco? ¿Por qué tiene que pagar el Estado a los policías autonómicos, a los que ya paga, vía cupo, más que a nosotros? También cabe preguntarse por qué esos 30 millones son para todos los presupuestos, mientras el apoyo del PNV sólo vale para este año. Para ganarse los votos del PNV el año que viene, Zapatero tendrá que seguir dándoles el dinero del I+D+i, más los 30 millones y empezar a ofrecer a partir de ahí, aunque éste es un asunto que ya no es competencia de los Cuerpos de Seguridad.
Los jueces tampoco son trabajadores como los demás. Por eso no pueden sindicarse, ni manifestarse, ni hacer huelga. Por eso han recurrido a la triquiñuela de convocar simultáneamente juntas de gobierno en toda España para que se produzcan los efectos de una huelga sin incurrir en la ilegalidad de convocarla. Es difícil no recordar la mansedumbre con que los jueces aceptaron que la mitad de la carrera no tendría representación en el CGPJ, que el partido del Gobierno y el de la oposición se iban a repartir la representación en el Consejo y que el presidente Zapatero iba a decirles a quién iban a votar como presidente.
Las cosas de palacio van despacio, pero si el palacio es de Justicia, no se mueven y es mucho lo que ha llovido sobre el mismo patio tantos años. El caso del asesinato de Mari Luz Cortés es una vergüenza para la Justicia, pero sobraba el derroche de demagogia al que hemos asistido, desde las dos entrevistas que el presidente ha mantenido con Juan José Cortés, padre de la infortunada niña, hasta las declaraciones de la vicepresidenta enmendándole la plana al CGPJ sobre la sanción que debía aplicarse, en su opinión, al juez Tirado: tres años. En vez de asumir la responsabilidad, se ponen al frente de la manifestación. Aquí llueve también sobre mojado. Recuerden la imagen de la vicepresidenta echando un chorreo de padre y muy señor mío a la presidenta del Constitucional el 12 de octubre de 2007, en la tribuna desde la que ambas asistían al desfile de la Fiesta Nacional, ese coñazo. Lustros hablando de las necesarias reformas: de unas estructuras carentes de operatividad, como la Oficina Judicial, de la falta de los medios materiales necesarios. Informáticos, por ejemplo: 270.000 casos empantanados. El traje es tan estrecho que se empieza a descoser por las costuras.
Santiago González, EL MUNDO, 22/10/2008