Luis Ventoso-ABC
- Allí dimite el Gobierno, en España no habría pasado nada
El primer ministro holandés, el liberal Mark Rutte, de 53 años, paladín en la UE de los apodados «países frugales», se subió ayer a su bici, como cualquier vecino, y pedaleó hasta el Palacio Real de La Haya. Una vez allí, presentó la dimisión de su Gobierno al Rey Guillermo Alejandro. «Todo ha sido horrible -explicó más tarde Rutte-, se ha tomado por delincuentes a personas que eran inocentes». El Ejecutivo caía por un escándalo que arrancó en 2012, cuando las autoridades fiscales aprobaron un reglamento para vigilar estrechamente las ayudas gubernamentales a las familias para guarderías y parvularios. En 2014, una abogada española residente en Holanda, Eva González, cuyo marido es empresario del sector, se extrañó al ver que cada vez más familias dejaban de enviar a sus hijos. Indagó y fue aflorando que el Gobierno les había retirado los subsidios por sospechas de fraude, que se revelaron infundadas. En total se acusó injustamente a 26.000 familias y se las obligó a devolver el dinero. Muchas se arruinaron, o cayeron en el oprobio y la depresión. El año pasado se supo además que once mil eran de origen extranjero y las marcaron por apellidos «sospechosos». Fallaron los ministerios de Asuntos Sociales, Hacienda y Economía, y también jueces y funcionarios, que se dejaron llevar por un rigorismo de ribetes xenófobos. Por último, se acaba de publicar el resultado de la investigación parlamentaria, que concluye que «los principales principios del Estado de derecho han sido violados». El líder laborista, ministro en su día cuando se revisaron las ayudas, ya había dimitido. Ahora lo hace el primer ministro liberal, pues a la vista de lo que denuncia la comisión parlamentaria cree que «la dimisión es necesaria, porque no hemos cumplido los debidos estándares». Cierto que el 17 de marzo habrá elecciones y Rutte volverá a presentarse, pero la lección ética queda ahí.
Apena pensar que si lo que ha pasado en Holanda hubiese ocurrido en la actual España ni uno solo de nuestros gobernantes habría dimitido. Armarían un poco de barullo con Juan Carlos I para contraprogramar, invocarían el veneno de «la ultraderecha», azuzarían un par de tormentas en vasos de agua contra Ayuso… y pelillos a la mar. Todo con una cohorte de tertulianos «progresistas» defendiendo airados al Gobierno.
Sí: en Holanda -y en Austria, y en Alemania- un presidente que plagia su tesis doctoral se va a casa. Sí: en Holanda un presidente que se inventa un ránking de test de la Johns Hopkins que no existe cae por mentiroso. Sí: en Holanda un presidente que crea un puesto público a la carta para su amigo del alma tiene que dimitir si lo pillan. Sí: en Holanda un vicepresidente que se apropia durante meses de la tarjeta del móvil de una colaboradora íntima y se la devuelve borrada dimite. Sí: en Holanda un ministro de Sanidad que se inventa un «comité de expertos» inexistente se va al minuto. Pero esto no es Holanda. El paradigma ético al que nos llevan es más bien Argentina y Venezuela.