Juan Carlos Girauta-ABC
Nadie informado debería engañarse atribuyendo al PSOE algo que ha logrado sacudirse
Sigo leyendo que el PSOE es un partido constitucionalista, equívoco que creía disipado desde el tierno abrazo con Iglesias veinticuatro horas después de las elecciones. Sánchez descartó allí, in límine un acuerdo de abstención con PP y Cs que le habría permitido formar gobierno monocolor. El problema es que, a la vez, le habría impedido continuar el proyecto de polarización y división social con el que el PSOE, desde 2002, suple sus infinitas carencias.
El pasado es tenaz. No hace tanto, algún despistado decía votar todavía a Felipe González. Hay que comprobar si eso dura. Sería como aquellos japoneses que saltaban a los diarios en los años setenta, cuando un yate de recreo divisaba un barbudo, la mirada extraviada, escondiéndose de imaginarios soldados en alguna remota isla filipina, con harapos verdes y una Nambu semiautomática oxidada.
Nada queda. Según ha revelado el vicepresidente de la Generalidad, Sánchez se va a reunir para hablar de independencia -sin queja interna- con el inhabilitado que usurpa el cargo de presidente autonómico. También planea rebajar la pena por sedición por un solo hombre. Antes, el doctor fue investido con el auxilio bilduetarra. El PSOE ha votado en el Parlamento Europeo contra la investigación de los crímenes no resueltos de ETA.
El apoyo peneuvista va a suponer la reforma de la estructura del Estado (¿por qué vía?) para adecuarlo al reconocimiento de las identidades territoriales. Como si el Título VIII de la CE no contuviera esa adecuación histórica, como si no fuera ya el País Vasco la unidad subestatal con mayor autogobierno de Europa.
El PNV quería más, por el ansia. Por ejemplo, decidir sobre las competencias de Navarra, a la que no puede representar legítimamente en mesa alguna. Y el PSOE se lo dio, pues todo debía supeditarse a tener a Sánchez en La Moncloa sin pactar con los constitucionalistas. Del mismo modo, Chivite podría ser presidenta sin mancharse con Bildu, pero prefiere el pringue.
Quizá un alérgico a la prensa pueda suponerle a Sánchez respeto a la Carta Magna, pero nadie informado debería engañarse atribuyendo al PSOE algo que con tanto trabajo ha logrado sacudirse. A ERC le prometieron unas cosillas que exigen al Poder Ejecutivo imponerse al Judicial, siendo el nombramiento de Delgado el primer pisotón.
El pobre Garzón, que acude al Consejo de Ministros con tanta ilusión, desconoce las nociones jurídicas exigibles para aprobar una oposición a auxiliar administrativo de su propio ministerio. Por eso sostiene que la Fiscalía pertenece «al entramado del gobierno», pasándose por el arco del triunfo comunista el Estatuto que la regula: «El Ministerio Fiscal es un órgano (…) integrado (…) en el Poder Judicial». Garzón siempre puede argüir que tampoco el primero de la clase se sabía la lección: «¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso». Serán otras cosas, pero constitucionalistas, no. Ni quieren serlo.