ARCADI ESPADA – EL MUNDO – 11/01/16
· El Parlamento de Cataluña invistió ayer a un nuevo presidente de la Generalidad que se presentó ante la cámara con un programa político cuyo objetivo principal es el inicio de construcción de un Estado independiente y que asumió, sin resquicios, la vigencia de la declaración aprobada el 9 del último noviembre, y que el Tribunal Constitucional ha suspendido. La citada declaración establecía que, a partir de su aprobación, los gobernantes catalanes no reconocerían otra legalidad que la emanada de su Parlamento.
El nuevo presidente se refirió a ello inequívocamente en su respuesta al candidato socialista, Miquel Iceta, que le había pedido explicaciones sobre su adhesión a la declaración parlamentaria: «Esta Cámara no estará nunca fuera de la ley, porque la primera misión del Parlamento es legislar, crear marcos legales». El presidente Puigdemont decía eso pocos minutos después de que el presidente Rajoy pronunciara una declaración institucional en la que aseguraba: «El Gobierno no pasará ni una sola actuación contraria a la ley».
Ahora, el gran tema de España es saber qué significa la palabra actuación. El 9 de noviembre el Parlamento catalán aprobó una declaración de sedición. Cuando el Tribunal Constitucional la suspendió, el Parlamento autónomo presentó unas sorprendentes alegaciones que situaban esa declaración en el ambiguo terreno de las aspiraciones abstractas, sin mayor efecto práctico. Pero la sesión de investidura acabó ayer con el sentido que pudieran tener esas alegaciones y, sobre todo, con la posible inactividad, con el carácter durmiente, de esa declaración.
A pesar de estar suspendida por el Tribunal Constitucional, el presidente de la Generalidad y máximo representante del Estado en Cataluña se comprometió ayer solemnemente a llevar a cabo el proceso de sedición. Entre el 9 de noviembre y el 10 de enero, y respecto de los planes independentistas, hay una sustancial diferencia: esos planes han sido declarados ilegales por el alto tribunal del Estado. Y a pesar de ello el nuevo presidente ha decidido incluirlos en su programa de gobierno y llevarlos a la práctica.
La situación recuerda, inexorablemente, a la que se produjo otro 9 de noviembre, pero esta vez de 2014, cuando el gobierno de la Generalidad organizó un referéndum ilegal por la independencia, a pesar de que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal la iniciativa. Por ese acto, el fiscal general del Estado presentó una querella contra Artur Mas, que se encuentra aún en trámite jurídico. La pregunta se desliza sola. ¿Van a tomar el Gobierno del Estado y los tribunales alguna medida contra la autoridad que, explícitamente, ha decidido desobedecer la instrucción del Tribunal Constitucional? Y una pregunta más: ¿Cómo justificaría el no tomarla, respecto incluso a su tan morigerada actuación anterior?
El presidente Rajoy tiene la costumbre, en estas declaraciones, de incluir una llamada a la confianza de los ciudadanos. «Los españoles pueden estar tranquilos…». No dudo de su buena voluntad. Pero los españoles habrían estado mucho más tranquilos si ayer, en vez de aludir a su intención genérica de no dejar pasar un solo acto contrario a la ley (¡que sólo faltaría!), hubiese anunciado su voluntad de poner en conocimiento del fiscal general del Estado el contenido de la sesión de investidura y la posibilidad de que haya infringido claramente la ley.
Entre otros asuntos, no menores, porque al presidente de la Generalidad lo nombra el Rey de España, y seguramente al Rey de España le convendría saber si su firma, por muy a acto debido que responda y muy automática que sea, va a sancionar el nombramiento de alguien que ha manifestado nítidamente su voluntad de destruir el Estado.
ARCADI ESPADA – EL MUNDO – 11/01/16