TONIA ETXARRI, EL CORREO 08/04/13
· El desengaño ciudadano se está canalizando hacia una política justiciera que pretende sustituir a Gobierno y Parlamento.
Hace tan sólo quince meses que al Gobierno de Rajoy le cayó la herencia de la crisis que tan torpemente gestionó Zapatero, aunque parezca, a juzgar por las protestas que ha conseguido concentrar en tan poco tiempo, que lleve dos legislaturas soportando el peso de la dirección de un país de más de cinco millones de parados. Los nuevos gestores del PP han recurrido tan a menudo al recuerdo del balance del anterior Ejecutivo socialista para justificar la tardanza en salir del agujero de la recesión que, antes de que cualquier ministro abriera la boca en sede parlamentaria, la oposición ya daba por hecho que iba a aludir a la «herencia de Zapatero». Pero si bien es cierto que el anterior presidente de Gobierno dejó España con casi cinco millones de parados, según la EPA, con una economía estancada y una deuda de más de 700.000 millones de euros, se podría decir que Zapatero fue un tipo con suerte.
Porque durante sus dos mandatos se garantizó la paz social, los sindicatos parecían domesticados y las plataformas contra los desahucios ni estaban ni se les esperaba. Ignoró la crisis, se gastó el dinero que no tenía mientras el paro seguía incrementando su tasa, pero nunca tuvo que soportar la presión de los concentrados. Ni en sus sedes ni en su domicilio. Y la realidad de los morosos era casi tan dura como ahora.
Cuentan los archivos que desde enero de 2007 a septiembre de 2010 se ejecutaron 258.000 hipotecas. Y que tanto Esquerra Republicana como UPyD trasladaron su preocupación al Congreso de los Diputados, en donde Zapatero rechazó reiteradamente la dación en pago como solución provisional, aludiendo que esa propuesta, lejos de ser una alternativa, «pondría en peligro la solvencia del sistema financiero español». Mientras tanto, Carmen Chacón, durante su etapa de ministra de Vivienda, decidió crear seis juzgados especiales para «agilizar desahucios» porque le parecía insostenible la situación por la que estaban pasando tantos propietarios que vivían del alquiler de su vivienda en la que se habían instalado inquilinos que habían dejado de pagar. Por ejemplo.
La realidad es que el Gobierno de Zapatero, durante sus dos legislaturas, no cambió ni una coma de la Ley de Desahucios, tan obsoleta. Y ahora que el Gabinete de Rajoy ha decidido emprender la reforma, se encuentra no sólo con los socialistas al frente de la oposición parlamentaria, sino con una cadena de protestas promovida por los grupos desarticulados que, tras la pancarta de la negativa a los desahucios, están traspasando el límite de la libertad de expresión. Rajoy ha heredado las consecuencias de la gestión de Zapatero, desde luego, pero las protestas en la calle y el acoso directo a los políticos es un regalito propio de esta legislatura en la que, al estar gobernada por el centro derecha, parece que ‘vale todo’ en la forma de expresar el descontento ciudadano. La plataforma anti desahucios, que no parece tener intención alguna de presentarse a las elecciones para cambiar las cosas que no le gustan, se manifestó el viernes frente a la sede del PP en Bilbao y se concentró delante de la vivienda de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en Madrid. Le están cogiendo gusto a la intimidación frente a los domicilios.
Los políticos constitucionalistas vascos recuerdan los años duros en los que ellos sufrieron, en los casos más leves, este tipo de «visitas». Hoy lunes han anunciado una concentración frente al despacho del popular José Eugenio Azpiroz en San Sebastián. Y seguirá la ronda con el objetivo de condicionar el voto de los diputados en el Congreso. El derecho de manifestación está recogido en la Constitución y quienes se quieran manifestar piden permiso y aquí paz y después gloria. Pero quienes persiguen a los diputados pretenden imponer su voluntad pasando por encima de las instituciones y las urnas. El desengaño ciudadano se está canalizando hacia una política justiciera que pretende sustituir a gobiernos y parlamentos.
Hoy son los desahucios, pero mañana pueden ser otras exigencias hasta conseguir que el Parlamento legisle a la carta. Y no parece que la cuestión preocupe, salvo contadas excepciones, a los representantes políticos y sociales más allá del partido perseguido.
El hecho de que el acoso sea selectivo (todo vale contra el PP) resta credibilidad a un movimiento que podría lograr una movilización mucho más numerosa tratándose de una causa que todo el mundo comprende. Si lo que pretenden estos movimientos ciudadanos es influir en la política legislativa deberían constituirse en partido y presentarse a las elecciones. La trayectoria de UPyD, por ejemplo, tiene un recorrido que se inició en la base de un movimiento de reconocido prestigio y tan respetuoso como el Basta Ya que terminó por desactivarse cuando a los socialistas dejó de interesarles apoyar plataformas de defensa de la libertad junto a los populares. Y un germen de ese movimiento se proyectó en un partido más del Congreso de los Diputados.
Desde la plataforma de los anti desahucios no se ven signos de interés en influir, sino en imponer. Y hasta ahora no les ha ido tan mal porque los ataques a los políticos les están saliendo gratis. Lo que resulta más inquietante es observar el grado de pasividad de la mayoría de partidos políticos democráticos. Salvo una carta abierta de Rosa Díez denunciando estos métodos de protesta, el resto se limita a condenar las intimidaciones tan sólo cuando se les pregunta. Mal asunto.
TONIA ETXARRI, EL CORREO 08/04/13