Ignacio Camacho-ABC

• El Supremo está dispuesto a tomarse en serio su sentencia. Y los condenados del «procés» volverán a cumplir la pena

Va a tardar pero va a ocurrir. Salvo que el Gobierno se atreva, cosa muy improbable, a otorgarles un indulto o una amnistía, los líderes del procés volverán a la cárcel. Tendrá que pasar un cierto tiempo, el de un sistema tan garantista como lento en sus trámites, pero aquel desafío a la democracia española -y a los derechos de al menos la mitad de los ciudadanos catalanes- tendrá su coste proporcional en términos penales. El Supremo no está dispuesto a consentir el fraude de las excarcelaciones prematuras que los responsables (?) de la Generalitat habían autorizado de forma desafiante, pasando por encima o por delante de otros reclusos en situaciones similares. En nuestro Derecho, la pena tiene una función

retributiva que debe consumarse siquiera en parte, y las declaraciones de los propios condenados descartan cualquier voluntad de reinserción apreciable. El auto sobre los beneficios penitenciarios de Carmen Forcadell ya no tiene efectos formales, pero abre el camino para evitar que el tercer grado exprés se convierta en un desaire al Estado, a la separación de poderes y a la autoridad de los tribunales.

Durante meses, las instituciones autonómicas catalanas han otorgado a los jefes de la revuelta un trato de favor diáfano. Les han consentido un régimen de visitas inalcanzable para cualquier otro penado. Le han instalado a Junqueras un despacho camuflado. Han propiciado las salidas temporales con coartadas de trabajo que eran un burdo simulacro. Han abierto sus medios de comunicación oficiales para que los sediciosos proclamen sin recato su ausencia de arrepentimiento y se reafirmen en sus actos. Y finalmente han forzado mucho antes de plazo las condiciones para una libertad de facto. Todo eso constituye una provocadora burla al ordenamiento jurídico de cuya observancia se considera exento el independentismo, al amparo de unas competencias de autogobierno aplicadas de modo manifiestamente abusivo. En puridad, tras el auto del Supremo la Fiscalía debería investigar si existen indicios de prevaricación en la conducta de los funcionarios y políticos que en la práctica han favorecido medidas de gracia unilaterales por simpatía ideológica hacia los autores del delito.

Si no fuese por la firmeza de la última instancia judicial, todo lo que rodea al golpe separatista ofrecería una sensación de impunidad obscena. En el propio Ejecutivo hay un partido que considera a los promotores de la sedición una especie de presos de conciencia. Sólo la sala que preside el magistrado Marchena se toma en serio la validez de su sentencia frente a los intentos de licuarla en el marco ficticio de una legitimidad nueva. Por eso, cuando los insurrectos afirman que «lo volverán a hacer», aún queda cierta confianza en que, en efecto, tomarán el camino de vuelta para pasar otra temporada -la que corresponde, ni un día más, pero tampoco menos- entre rejas.