La reforma del Poder Judicial propuesta por PSOE y Podemos va a ser la auténtica prueba del nueve de este Gobierno. Muchos la ven como la demostración de las veleidades autoritarias de Pedro Sánchez, si bien algunos simplemente observan un traspié que habrá que corregir y otros una forma de presionar al Partido Popular para que se avenga a renovar los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Aunque todas las visiones son verosímiles, e incluso compatibles, hay una prueba bastante clara de que el Gobierno va en serio con esa reforma: la ha presentado a través de sus grupos parlamentarios, como proposición de ley en el Congreso de los Diputados, y no como proyecto del Ejecutivo, que es lo normal cuando uno gobierna. ¿Por qué? Pues porque de esa forma se acelera su tramitación y no son necesarios los informes previos del Consejo de Estado y demás órganos constitucionales, CGPJ incluido.

Si esto fuera una maniobra para presionar al PP o un simple error fruto de la improvisación, no se habría elegido el camino más torticero. Si se hace por la vía rápida y saltándose cualquier control constitucional quiere decir que el Gobierno tiene prisa por aprobarla y que está firmemente determinado a que la reforma salga adelante.

Más atropellos

No obstante, y como han sido muchas las críticas recibidas durante la última semana, desde Bruselas hasta las asociaciones de jueces, no es descartable que el Gobierno se lo piense y recule. Por tanto, podríamos decir que el proyecto de reforma del Poder Judicial nos va a dar la medida de la catadura democrática del dúo Sánchez-Iglesias.

Si siguen adelante como si nada, habrá quedado patente que el Gobierno está dispuesto a volar todos los puentes. Y, en ese caso, es fácil intuir que después de ese atropello vendrán muchos más hasta final de año: la reforma para entregar a los fiscales la instrucción de los casos, los indultos para que los líderes independentistas puedan presentarse en las elecciones catalanas del 14 de febrero…

Por tanto, conviene tener presente que la democracia española se juega mucho en los próximos 70 días. Si Sánchez e Iglesias avanzan en su intento de controlar la Justicia y logran sacar adelante sus primeros Presupuestos, habremos pasado un peligroso Cabo de Hornos que hará casi imposible volver atrás.

La hora de los valientes

La duda que queda es saber si Sánchez va a encontrar una mayor oposición en este viaje. ¿Van a decir algo los votantes socialistas ante el descarado intento por controlar la Justicia? ¿Se van a organizar los barones críticos para levantar un partido alternativo a este PSOE secuestrado? ¿Queda algún demócrata sentado en el Consejo de Ministros y capaz de dimitir? ¿Y Arrimadas, va a darle a Sánchez el cheque en blanco de los Presupuestos sin importarle lo que está pasando? ¿Y la UE, va a seguir riéndole las gracias al único español alto, guapo y políglota que se han echado a la cara en 30 años o van a hacer un análisis algo más profundo de la situación? ¿Le van a entregar la pasta sin exigirle nada a cambio?

Las previsibles respuestas a esas preguntas tienen mucho que ver con el principal éxito de Sánchez en estos dos años de mandato: ha conseguido instalar en el imaginario colectivo, con la ayuda inestimable de no pocos medios de comunicación, que todo lo que hay a su derecha es fascismo, de ahí que sean pocos los que se atrevan a criticar su gestión con tal de no ser acusados de lo peor.

España, que tiene poca cultura democrática y donde todavía pesan mucho los 40 años de franquismo, es un país cobarde y acomplejado. Por eso Franco murió en la cama. Y por eso hoy pasa lo que pasa.

España, que tiene poca cultura democrática y donde todavía pesan mucho los 40 años de franquismo, es un país cobarde y acomplejado. Por eso Franco murió en la cama. Por eso pasa lo que pasa. Por eso al Gobierno ni se le tose a pesar de haber sido el que peor ha gestionado la covid de todo el planeta. 

Pero hay momentos en la historia en que hay que alzar la voz para evitar la debacle. Y quizás nos estamos aproximando a uno de ellos. Ahora más que nunca es necesario que la gente decente diga lo que piensa. Rompamos el mito de que no se puede criticar al Gobierno si eres de izquierdas y de que si lo haces te conviertes automáticamente en un fascista asqueroso. Esto ya no va de derecha o izquierda. Esto va de preservar la democracia.