Cristian Campos-El Español

  • Si los tribunales sentenciaran en base a argumentos políticos y no jurídicos, la razón de Estado exigiría que el Tribunal Supremo condenara a los líderes del procés por rebelión. 

1. Tres golpes en menos de un siglo

El catalanismo ha dado tres golpes de Estado en menos de cien años. El primero en 1934, contra la República.

 El segundo, en plena Guerra Civil, cuando se aprovechó de la debilidad de un gobierno republicano que en ese momento luchaba contra los nacionales y no podía dedicar tiempo ni tropas al control de la sublevación catalana. Sin la deslealtad de este segundo golpe, que tanto benefició los intereses del general Francisco Franco, quizá la República habría tenido alguna oportunidad de ganar la guerra.

El tercer golpe, en 2017, contra la democracia.

Una sentencia leve del Tribunal Supremo sentaría las bases para un cuarto golpe, al igual que el perdón de Lluís Companys por parte de los republicanos condujo de forma directa a la traición de este a la misma República que le había indultado. ¿Quiere el Tribunal Supremo convertirse en el Manuel Azaña del siglo XXI?

2. La razón de Estado

¿Qué Estado europeo soportaría un desafío constante, reiterado e impune a su existencia? ¿Qué Estado solventaría con la enésima componenda de vuelo gallináceo esa degradación de las instituciones que envalentona cada vez más a los populistas? 

¿Cuántos golpes de Estado más a cargo del catalanismo deben soportar los ciudadanos españoles antes de que el Estado decida poner freno al nacionalismo? Es decir, a la ideología que provocó dos guerras mundiales y contra la que se construyó esa Unión Europea de la que España forma parte. 

3. No cumplirán la condena

Transferir las competencias penitenciarias a una región con un historial de confrontación con el Estado como la catalana fue un error que se revelará en toda su amplitud si el Tribunal Supremo condena a penas que dejan al arbitrio de la Generalidad la determinación de los beneficios penitenciarios aplicables a los presos.

Los magistrados del Tribunal Supremo no viven en una burbuja y conocen lo que ha hecho el Gobierno regional catalán con Oriol Pujol. ¿Alguien cree que los procesados cumplirán siquiera una mínima parte de la condena si son ingresados en una cárcel catalana?   

4. Hay otros tomando nota

El catalanismo es un movimiento xenófobo y desleal a la democracia que ha destacado por desobedecer de manera reiterada a los tribunales españoles. La impunidad con la que, por ejemplo, se ha impuesto a todos los catalanes un sistema educativo inexistente en la inmensa mayoría del mundo civilizado y que margina el idioma común de todos los españoles, en contra de unas sentencias del Tribunal Constitucional de las cuáles han llegado a hacer mofa en público, ha animado a otras comunidades gobernadas por partidos nacionalistas a seguir sus pasos.

Una sentencia leve consolidaría la sensación de impunidad entre aquellos que en la actualidad presionan al Estado para que se retire de sus regiones. 

5. El Estado ha de cumplir su parte del contrato social

El catalanismo no es un movimento pacífico, como pretende el mito. No lo ha sido históricamente y no lo es ahora, cuando existen indicios de que empiezan a asomar los primeros brotes de violencia terrorista en la región. La violencia institucional, además, ha sido en Cataluña infinitamente más poderosa y persuasiva que la física. 

El Tribunal Supremo no puede pedirle a los ciudadanos catalanes demócratas que se defiendan solos mientras el Estado se abstiene de actuar en Cataluña. Las instituciones han de cumplir su parte del contrato social con los ciudadanos españoles, que han cedido el monopolio de la violencia al Estado a cambio de no tener que verse en estas. 

6. Alguien ha de ser la última trinchera

Si el Poder Ejecutivo y el Legislativo han decidido retroceder en las comunidades con movimientos xenófobos nacionalistas y aceptar sumisas el desmembramiento del Estado de derecho y el derribo del principio de igualdad de todos los ciudadanos españoles, el Poder Judicial debería dar un paso al frente y convertirse en la última trinchera de la Nación junto con la Corona.

Porque sobrepasada esa trinchera por el nacionalismo, lo que queda al otro lado no es ya una democracia, sino otra cosa. Los españoles no salimos del franquismo centralista para caer en las garras de un franquismo periférico. 

7. Esto ha sido peor que el 23F

¿Se va a condenar a menos años de prisión a los líderes de un golpe de Estado que controlaban, y siguen controlando, el aparato administrativo de una comunidad que maneja unos ingresos de 25.000 millones de euros y un cuerpo policial de 17.000 policías que a Tejero y Armada, los líderes de un golpe que nació fracasado y sin apoyos civiles o financieros?

Teniendo en cuenta los medios de los unos y los otros, ¿es la pena proporcional al riesgo de conflicto civil generado por ambos? 

8. Las sentencias miedosas no solucionan nada

Es una pésima idea dictar una sentencia condicionado por la amenaza de votos particulares o de unos hipotéticos recursos a la Justicia europea que los procesados presentarán con total seguridad y sea cual sea la decisión del tribunal.

Si ha de haber votos particulares, que los haya.

Si la Justicia europea quiere amonestar al Tribunal Supremo por tal o cual tecnicismo jurídico, que lo haga.

¿A quién le importan los votos particulares y las amonestaciones de tribunales que lo desconocen todo acerca de la realidad y de la historia española mientras los responsables del mayor desafío a la paz social en cuarenta años de democracia cumplan la pena que merecen?

España no es una colonia de la UE. Y que nadie tenga la más mínima duda. Francia y Alemania harían exactamente lo mismo. 

9. Los ocho anteriores son argumentos políticos, sí. ¿Pero acaso una leve condena por sedición no sería una sentencia dictada con criterios, al menos parcialmente, políticos?