Los cinco pagos de Sánchez por su investidura

José Antonio Zarzalejos-El Confidencial

El líder socialista ha transigido con el marco independentista, imponiendo así un contexto de comprensión a sus eventuales pretensiones, pero la inmunidad de Junqueras altera las expectativas

Pedro Sánchez ha cumplido todas las exigencias gestuales y verbales —extraordinariamente políticas— para que ERC considere que se dan las condiciones para colaborar en su investidura. En concreto, el secretario general del PSOE ha asumido las siguientes condiciones que le hacen acreedor (así lo creen en Moncloa) de la designación parlamentaria como presidente del Gobierno:

El líder socialista ha verbalizado que lo que ocurre en Cataluña es un «conflicto político» (antes decía que era un «problema de convivencia») lo que implica «comprar» la definición independentista de lo que allí ocurre. Por exclusión, al tratarse de un «conflicto político», se reprocha indirectamente todas las decisiones de naturaleza judicial que se entienden en ese marco «represivas». En los pronunciamientos sobre materia judicial, Sánchez y el Gobierno están en el límite y no tienen margen alguno de maniobra respecto de las decisiones jurisdiccionales posteriores a la sentencia de Luxemburgo sobre la inmunidad de Junqueras.
Para debatir sobre el «conflicto político», el PSOE y Sánchez asumen una «mesa de negociación», al parecer entre Gobiernos, que implica una ruptura de la institucionalización del sistema porque la transacción se realizará al margen de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado prevista en el Estatuto catalán (artículo 83), y al margen también de las Cámaras legislativas. Será una «mesa de diálogo» específica, sin previa normativa reguladora. Como se ha descrito: una «mesa ‘ad hoc'».
Pedro Sánchez asume también el regreso al «espíritu de Pedralbes» (diciembre de 2018) en el que el presidente en funciones alteró sustancialmente los conceptos jurídicos y políticos sustituyendo la mención expresa al marco constitucional por la remisión a la «seguridad jurídica». El secretario general del PSOE se hace una trampa a sí mismo, aunque lo más grave es que pretenda hacérsela a la ciudadanía. Obviar la referencia constitucional y estatutaria es una cesión especialmente trascendental que inquieta a amplios sectores de bases y cuadros de la organización socialista.
El líder del PSOE, después de una precampaña y campaña electoral en la que no atendió telefónicamente a Quim Torra, además de llamarle, le ha reconocido el carácter “político” del conflicto catalán y le ha emplazado a una reunión una vez celebrada la sesión de investidura. Así, Pedro Sánchez, contenta a ERC —que se atribuye el éxito del restablecimiento de las relaciones entre San Jaime y la Moncloa—, se desdice de todo el formulario de descalificaciones (tan justificadas) que dedicó al presidente de la Generalitat de Cataluña, aunque se da la paradoja de que el presidente catalán está ahora condenado por el TSJC por desobediencia a una pena de inhabilitación de un año y medio y multa de 30.000 euros que, cuando sea ratificada por el Supremo, si lo es, le obligará a dejar la Generalitat. Sin olvidar que su portavoz en el Congreso, Laura Borràs, está siendo investigada por un instructor del Supremo por cuatro presuntos delitos de corrupción.

Los negociadores socialistas se han reunido con EH Bildu, partido socio de ERC con el que coordina iniciativas varias. Así, los radicales abertzales seguramente también se abstendrían en la investidura, de tal manera que el nacionalismo vasco (el PNV ya ha cerrado su apoyo a Sánchez) respaldaría al próximo presidente del Gobierno a cambio, probablemente, de la supresión de la política penitenciaria de dispersión de los presos de la organización terrorista ETA, para lo que el Gobierno sí está facultado.

Lo que ha materializado Sánchez no son concesiones de carácter concreto, tangibles y mensurables. Ha hecho una operación política mucho más arriesgada: ha adquirido el relato independentista al aprehender su lenguaje, imponiendo así un contexto de comprensión a sus eventuales e inverosímiles pretensiones máximas. Además, ha proclamado que esta será la «legislatura del diálogo» con reuniones anuales de la Conferencia de Presidentes.

En el horizonte, las elecciones en Cataluña, que se celebrarán antes de que Quim Torra vea confirmada por el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Después, se prevé un tripartito en el que el PSC jugará un papel decisivo y que aunaría a los socialistas de Iceta, a los comunes y a los republicanos, con la presidencia para el partido que obtenga más escaños. La colaboración de Sánchez con ERC para que Junqueras gane la partida a Puigdemont es total y esta disposición del líder socialista es una de las motivaciones determinantes de los republicanos para su posible investidura.

Hasta el pasado miércoles el arranque de la legislatura parecía asegurado. Tras la sentencia de Luxemburgo, el hombre de Waterloo ha visto ampliado su radio de acción política, lo que introduce un factor más de reflexión en ERC sobre las repercusiones en el escenario catalán de investir a Sánchez. Quizás respaldarle sea un acierto histórico para los republicanos; o, por el contrario, una decisión política que en la actual tesitura se considere por el electorado secesionista, en estado de descontrolada euforia, como una «traición». Junqueras pidió este viernes a su partido que las conversaciones con los socialistas continúen.

Todos los acontecimientos adquieren una extraordinaria ambivalencia. Lo único cierto es que Sánchez ha puesto ya toda la carne en el asador. Y no le quedan más bazas. Si su investidura no sale o se dilata en exceso, su desgaste político como presidente del Gobierno en funciones y su erosión como secretario general del PSOE lesionarían su liderazgo mucho más de lo que ya está. Y lo está mucho.