Javier Caraballo-El Confidencial
Cuesta trabajo pensar que dirigentes de un partido tan experimentado como el PSOE cometan una suma de errores como la que encadena este Gobierno que preside Pedro Sánchez
La torpeza política, que es hija natural de la soberbia, ha multiplicado abruptamente las expectativas de un caso judicial hasta convertirlo en una polémica general con cinco frentes abiertos, cinco puntas de lanza, y un nombre propio, el caso Marlaska; tantos vértices como derivadas imprevisibles puedan imaginarse. Desde el aspecto puramente procesal, que se refiere al sumario que instruye una jueza que ahora se siente acosada y presionada por el Gobierno, hasta una nueva controversia política que la coalición gubernamental se inflige a sí misma, pasando por el deterioro absoluto de las relaciones del Ejecutivo con jueces, fiscales y, ahora, con los cuerpos de Seguridad del Estado.
Cuesta trabajo pensar que dirigentes de un partido tan experimentado como el PSOE, con tanta solvencia en las estrategias políticas, cometan una suma de errores como la que encadena este Gobierno que preside Pedro Sánchez. Ni siquiera ha pasado una semana del último escándalo o torpeza o descoordinación, cuando se firmó y se rectificó un acuerdo parlamentario con Bildu. Costaba imaginar que un tropiezo mayor lo eclipsara, pero ha ocurrido.
¿Un ministro puede fulminar a un coronel de la Guardia Civil como Pérez de los Cobos sin consultarlo con nadie, sin analizar las consecuencias? Cuando se comete una tropelía así que solivianta toda la Guardia Civil, ¿quién decide que ese incendio se apaga con dinero, con una subida salarial que suena a tapabocas y que acabará indignando más a los guardias civiles? Y, a todo esto, ¿dónde está el gurú de la Moncloa, Iván Redondo? En fin… De momento, el retrato de la polémica dibuja un caso exponencial, que ya se ha convertido en el caso Marlaska, con cinco vértices distintos. Repasémoslos todos, con el ministro Grande-Marlaska en el centro del pentágono.
¿Cuál puede ser el resultado? Pues que, muchas veces, en este tipo de asuntos, la meticulosidad y el rastreo permanente de documentación puede acabar descubriendo informes que se ocultan o que se manipularon para hacerlos coincidir con la versión oficial. Entonces, los delitos comienzan a engordar y las responsabilidades, a ascender peldaños. Frente a esa maquinaria judicial, lo peor que puede hacer el Gobierno, y los partidos que lo sustentan, es intentar desprestigiar o ridiculizar a la jueza, como ya ha comenzado a suceder, como le ocurrió a Mercedes Alaya.
Entre otras cosas, porque resulta difícil explicar que los que ahora critican a la jueza Rodríguez-Medel sean los mismos que la alabaron cuando procesó e imputó a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por el caso del máster universitario, otro escándalo diminuto que se amplificó extraordinariamente por las mentiras y las torpezas. En definitiva, que con una jueza como esta, tan parecida a la jueza Alaya en su forma de instruir, con todas sus virtudes y defectos, lo peor que podía hacer el Gobierno es intentar pisotearla o condicionarla.
Judicial. No es posible encontrar en todo el periodo democrático un mayor número de enfrentamientos entre el poder ejecutivo y el poder judicial en tan poco tiempo, teniendo en cuenta que el Gobierno de Pedro Sánchez tomó posesión en enero pasado. Y todos por el mismo motivo de fondo, la injerencia del Gobierno en la independencia del poder judicial. El caso Marlaska ha soliviantado a jueces y fiscales, que han visto con nitidez en la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos “una interferencia en la función judicial que puede llegar a afectar al principio de independencia constitucionalmente protegido” y un burdo intento de intervenir en “una investigación abierta por un juzgado o en unas diligencias de la Fiscalía”.
En esos casos, la Policía Judicial solo debe “absoluta lealtad” a quien dirige las investigaciones, y lo contrario es atentar contra “la Constitución y las leyes procesales que reconocen la separación de poderes como un principio básico del sistema democrático”. Desde el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general, pasando por los ataques del vicepresidente Pablo Iglesias a toda la judicatura, hasta este episodio final de Pérez de los Cobos, el despropósito del Gobierno es sumamente incomprensible. Pero eso, suma y sigue.
Policial. Pocas veces, acaso ninguna, las protestas de las asociaciones sindicales de la Guardia Civil encontraron el eco sonado de la dimisión, por los mismos motivos, de un altísimo cargo del cuerpo, el director adjunto operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña. Lo que supone esa combinación de protestas es, simplemente, que la destitución de Pérez de los Cobos ha convulsionado la Guardia Civil de arriba abajo; el caso Marlaska se ha convertido en una causa común que recorre el escalafón porque la sensación que existe es que se trata de un ataque frontal a la propia Guardia Civil.
“Si el cese de Pérez de los Cobos fue un aviso a navegantes, la renuncia de Ceña es nuestro aviso a navegantes: somos la Guardia Civil”, se escribió en uno de los comunicados que se han hecho públicos. Y todo por un informe de la Guardia Civil que, como todos los informes de la Policía Judicial, es solo una parte del proceso. ¿Tiene incorrecciones o datos imprecisos? Como tantos otros, porque también los investigadores se equivocan, algunas veces hasta de forma grotesca. Pero esos errores siempre quedan cubiertos por la enorme eficacia general de la Policía y de la Guardia Civil en su labor de Policía Judicial y, en todo caso, no constituye una sentencia. Así que, al igual que ocurre con la jueza, intentar desprestigiar el informe, ridiculizarlo, solo contribuye a aumentar el malestar interno. Y si, para colmo, se intentan acallar las protestas con una subida de salarios…
Legislativa. Uno de los proyectos estrella del Ministerio de Justicia en esta legislatura es la aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que es, sin duda alguna, la gran asignatura pendiente de la democracia española. Como se dijo alguna vez, en España se persiguen los delitos cibernéticos del siglo XXI con el mismo esquema procesal con el que se detenía a los ‘robagallinas’ del siglo XIX. En efecto, la Ley de Enjuiciamiento Criminal se aprobó en 1882 y, desde entonces, ha sido enmendada y parcheada unas 70 veces, muchas de ellas en democracia, porque nunca se ha encontrado un acuerdo para aprobar una nueva ley. En abril pasado, el ministro de Justicia se comprometió a aprobar el decreto en breve y someterlo a debate antes de final de año.
El caso Marlaska también complica ese objetivo porque ahora, visto lo visto, cualquier modificación que se proponga sobre el papel de la Policía Judicial y, más allá, del propio Ministerio Fiscal nacerá bajo una sombra alargada de sospechas de injerencia y manipulación. Las dos cosas son necesarias para conseguir un sistema judicial más efectivo, pero el consenso será imposible.
Política. “Merecemos un Gobierno que no nos mienta”. ¿No era ese el eslogan político que el PSOE utilizó con enorme éxito contra el Gobierno de José María Aznar? La tolerancia, el respeto y el interés común son palabras extrañas, mal avenidas en las relaciones entre partidos políticos en España, y la devastadora irrupción de la pandemia del coronavirus en nuestras vidas ha modificado muchos hábitos y conductas, aunque solo haya sido durante unas semanas, menos los comportamientos políticos.
El enfrentamiento ha ido ‘in crescendo’ desde los primeros días hasta culminar en el agrio espectáculo de ayer, en el Congreso de los Diputados, con el tono más exacerbado que nunca, justo en el primer día de luto oficial en toda España. Y en el centro, el caso Marlaska, con una filfa que nadie cree para justificar la destitución de Pérez de los Cobos: “Es consecuencia de una política razonable de constitución de nuevos equipos”. Cuando, el domingo pasado, el coronel Pérez de los Cobos recibió varias llamadas, nadie le consultó por los equipos de trabajo del ministerio sino por su conocimiento del informe de la Guardia Civil sobre las manifestaciones del 8 de marzo. La última de las llamadas fue la que le anunció la destitución. Justificar un abuso con una falsedad es la última torpeza del caso Marlaska.