Los deberes de Patxi López

La falta de cohesión democrática ante el caso sangrante del preso Uribetxebarria no ha podido ser más errática

Cuando reaparezca el lehendakari, mañana, después de su descanso estival, seguramente presentará su decreto alternativo para evitar el copago farmacéutico, a pesar de la resolución del Tribunal Constitucional. Pero lo que todo el mundo espera de la comparecencia de Patxi López es que explique cómo se las va arreglar para llegar al final de su legislatura sin tener que ajustar más los Presupuestos, ahora que las diputaciones están reconociendo la caída de ingresos en la comunidad autónoma vasca. El margen de maniobra se le está estrechando tanto al lehendakari que, desde que le abandonó su socio Antonio Basagoiti, todos los representantes políticos aprovechan la mínima ocasión para ubicarse en la campaña.

El jefe del Ejecutivo autónomo, desde luego, desde su puesto institucional en donde ha quedado proyectada la sombra alargada de Rubalcaba cada vez que recuerda que él se ha plantado ante los recortes del presidente Rajoy. Pero, sobre todo, Urkullu que, en cuanto los medios le ponen la muleta, responde qué haría él «si fuera lehendakari». Y también los de EH Bildu, que se reparten entre ellos los próximos escaños en el Parlamento vasco antes de que los ciudadanos acudan a las urnas. El presidente del PNV se ha reincorporado a su puesto en el mismo punto donde dejó su agenda antes de irse de vacaciones. Quiere que Patxi López deje las cuentas claras para que si, dado el caso, vuelve el PNV al Gobierno, pudiera explicar a «vascos y vascas» cuál es el estado de las cuentas. Vamos que, nos encontraremos ante un guión ya escrito por anteriores protagonistas cada vez que se produce un cambio de gobierno. Eso es lo que hizo Rajoy poco después de llegar al Palacio de la Moncloa. Explicar que el déficit de la deuda española era dos puntos y medio mayor que el confesado por el equipo de Zapatero. Y a partir de ahí, la cadena de medidas de recortes es cuento conocido y sufrido.

Valdría la pena, sin embargo, que el lehendakari, más allá de su interés por marcar perfil identitario en lo económico, ejerciera su liderazgo, junto al PNV y al PP, para plantar cara al nuevo desafío que EH Bildu está presentando al Gobierno de Rajoy para hacer, de las exigencias de nuevas excarcelaciones de presos de ETA enfermos, su bandera festiva de las próximas semanas.

Porque la falta de cohesión democrática ante el caso sangrante del recluso Uribetxebarria no ha podido ser mas errática. Es cierto que el carcelero de Ortega Lara iba a dejar morir al funcionario secuestrado durante 532 días, pero si las víctimas del terrorismo han hecho siempre gala de que ellas nunca se han puesto a la altura de sus verdugos y nunca han pedido venganza, ahora no deberían dejarse llevar por el instinto de la represalia. Tenemos un Estado de Derecho que se rige por una Constitución tan garantista que permite que un preso tan sádico y sanguinario como éste pueda acabar los últimos días de su vida fuera de la cárcel. Es cierto que para que un preso pueda acogerse a los beneficios de una excarcelación debe presentar un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social. Pero en el caso de las enfermedades con cuadro clínico terminal, el diagnóstico suele inclinar la balanza. De hecho, según reconoce Instituciones Penitenciarias, una media de 300 y 350 reclusos por año obtienen el tercer grado por la vía del 104.4 del reglamento penitenciario, por enfermedades incurables.

Otra cosa es que el mundo de ETA viva la excarcelación del secuestrador de Ortega Lara como un triunfo arrancado al Gobierno gracias a la presión ejercida con el simulacro de ayuno de los presos y las manifestaciones callejeras. Pero si pueden hacerlo, entre otras cosas, es porque bailan sobre el terreno abonado de quienes sostienen, precisamente, que el Estado «ha cedido a su chantaje». Mucho antes del simulacro del ayuno de los presos de ETA, el Ejecutivo de Rajoy, y su ministro de Interior, ya estaban estudiando los casos en los que la ley prevé la posibilidad de excarcelaciones por «razones humanitarias». Se trata de una norma que comenzó a aplicarse en tiempos de Mayor Oreja y que siempre ha provocado una agria polémica entre los sectores mas sensibilizados de las víctimas del terrorismo que lo que reclaman, en el fondo, al Gobierno actual es que no repita ni uno de los errores cometidos durante el mandato de Zapatero.

Con los reparos comprensibles a cualquier muestra de debilidad ante la presión de ETA, se nos ha pasado por alto que lo más noticioso del movimiento carcelario de la semana pasada fue la división interna del colectivo. Porque ante la farsa del ayuno, cada interno se buscó la vida de forma individual. Pero lo más notorio es comprobar que la denominada izquierda abertzale, que presume de lo que carece, no avanza ni un ápice en los «nuevos tiempos» que reclama para otros, mientras no sea capaz de reconocer la monstruosidad que ETA cometió en casos como el de Ortega Lara.

Y mientras no lo haga, el único mensaje que está enviando a la sociedad es que, lejos de apostar por la democracia, lo único que está haciendo es utilizar la legalidad aprovechándose del miedo inoculado en la sociedad mientras la banda no desaparezca. El Gobierno sabe que tiene que vigilar su portería. Si el preso beneficiado por la excarcelación dice que «el proceso está bien encaminado… y debemos seguir así» tendrá que preocuparse. Le pueden colar un gol.