Horas después de que el Gobierno de la Moncloa se hiciera la foto de ‘la gran familia’ (22 ministros) después de que todos y todas hubiesen prometido lealtad a la Constitución, el Parlamento Europeo se enzarzaba en un comprometido debate sobre el estado de salud de la democracia española al abordar la polémica ley de la amnistía. Un triste espectáculo porque las dos partes del muro que levantó Pedro Sánchez el día de su investidura escenificaron su enfrentamiento en el balcón de Europa, pero un debate necesario, incómodo para el Gobierno, porque afecta e implica a la Unión Europea.

Uno de los dos contrapesos que queda para controlar al Ejecutivo monitoreado por Puigdemont es la caja de resonancia en la Unión Europea. No tanto la Comisión, que se puede limitar a enviar advertencias como ha hecho el comisario Reynders en varias ocasiones, como el propio Tribunal de Justicia. El otro, la voz de los maltratados jueces. Porque la oposición, mientras las urnas no den un vuelco que les proporcione una mayoría suficiente para gobernar, tendrá un margen limitado de actuación. De ahí la importancia que cobrará en esta legislatura recién inaugurada la iniciativa del Senado, la vigilancia desde las comunidades autónomas gobernadas por el PP y la calle donde confluyen tantas corrientes de opinión y de indignación trasversal.

El Gobierno recién constituido va a encontrar más resistencia en el Poder Judicial de lo que esperaba. No sólo es la amnistía. Es el abuso de poder. Los jueces (los vascos también), movilizados contra la ley de impunidad y contra la posibilidad de que el Parlamento supervise y controle su trabajo, seguirán con la ola de protestas en defensa de la independencia judicial y del respeto a la separación de poderes.

Con el futuro de la condonación de la deuda, que alcanzará casi 88.000 millones de euros y que significa una rescate encubierto y que impactará en el PIB, el empleo y las cuentas públicas (!ay! ese «invento del PP», según la ministra y flamante vicepresidenta María Jesús Montero). Con la amnistía para prófugos de la justicia que chantajean la gobernabilidad del país, con las tentaciones de intervención del Poder Legislativo en el Judicial (!ay! esas dos comisiones de investigación en el Parlamento sobre el denominado ‘lawfare’ exigidas por Junts y PNV y avaladas por el PSOE) el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene una buena tarjeta de presentación en Europa. Tan vigilantes con la separación de poderes, tan estrictos con la utilización de los Fondos.

La amnistía, ahora, por necesidad es constitucional para los mismos socialistas que hasta la última campaña electoral, defendieron lo contrario. La sentencia de Maite Pagazaurtundúa no puede ser más gráfica al decir que Pedro Sánchez les ha dado (a los secesionistas del ‘procés’ que cometieron graves delitos) no sólo la amnistía, a cambio de votos, sino la razón.

Lo más lacerante de la sesión de ayer: la observancia prepotente del prófugo Puigdemont.