Madrid es ahora mismo la zona con mayor incidencia acumulada de España (680 contagiados por cada 100.000 habitantes durante las últimas dos semanas) y algunos de sus barrios presentan incidencias de más de 1.000 casos por 100.000 habitantes. Durante las semanas posteriores a la conclusión del estado de alarma, la región apenas mostraba una incidencia acumulada de 15 contagiados por cada 100.000 habitantes, de modo que en poco más de dos meses la situación se ha deteriorado extraordinariamente. ¿Cómo ha podido suceder?

Dos motivos fundamentales por los que la epidemia ha rebrotado con fuerza en España son, como ya tuvimos ocasión de explicar, la insuficiencia de test y de los rastreadores para prevenir la propagación de los contagios. En ambos capítulos, Madrid tampoco ha estado a la altura: muy especialmente en lo relativo a los rastreadores, pues desde el comienzo se mantuvo su contratación al mínimo, entre los niveles más bajos de cualquier otra autonomía. Sin test masivos y sin rastreadores, un área tan densamente poblada como Madrid se convierte en un polvorín de contagios, sobre todo si no se reacciona con medidas de distanciamiento social que rompan las cadenas de transmisión.

La cuestión pasa a ser cómo es posible que el Gobierno regional de Madrid haya tardado tanto en reaccionar, permitiendo que la situación se termine pudriendo hasta los niveles actuales. Por supuesto, ni Ayuso ni Aguado han explicado los motivos de su tardanza, pero de su última rueda de prensa se han podido entrever dos razones fundamentales: primero, el miedo a que las medidas de distanciamiento social hundieran la economía madrileña; segundo, el recelo a restringir las libertades de movimiento de los madrileños. Ambos temores frenaron al Ejecutivo madrileño hasta que la situación se ha vuelto realmente inmanejable.

Y desde luego no son temores que quepa desdeñar: la prosperidad y la libertad de los ciudadanos deberían ser las dos preocupaciones básicas de cualquier buen gobernante. Pero, en este caso, mucho me temo que ni Ayuso ni Aguado han terminado de comprender la naturaleza de la pandemia a la que nos enfrentamos. Justamente la prosperidad y la libertad de los ciudadanos requieren de una actuación decidida contra el virus de quienes se arrogan las competencias sobre la salud pública: en este caso, la Administración regional.

«Primero, y como ya hemos explicado en numerosas ocasiones, no existe una verdadera disyuntiva entre salvar vidas y salvar la economía»

Primero, y como ya hemos explicado en numerosas ocasiones, no existe una verdadera disyuntiva entre salvar vidas y salvar la economía. Una pandemia descontrolada es una pandemia que impide que la economía arranque, aun sin restricciones sanitarias de por medio. Lo hemos visto durante la temporada turística: que España se ubicara en la cresta de la segunda ola ha significado que la temporada turística murió prematuramente y que, como acaba de constatar el Banco de España, la recuperación ha empezado a truncarse en agosto. Lo que destroza la economía no es tanto el confinamiento cuanto la situación epidemiológica que puede llegar a hacerlo necesario: oponerse a medidas de distanciamiento social moderadas cuando la pandemia está rebrotando solo conduce a tener que adoptar medidas de distanciamiento social mucho más gravosas cuando el virus se ha descontrolado. Y aunque no se adoptaran tales medidas de distanciamiento social, la economía se terminaría hundiendo igualmente, en tanto en cuanto muchas actividades de consumo y de producción social se suspenderían por los contagios o por el miedo a contagiarse.

Segundo, es verdad que las medidas de distanciamiento social obligatorias resultan desagradables para cualquiera que aprecie mínimamente la libertad de las personas. Pero, de nuevo, deberíamos evitar caer en el simplismo de pensar que la alternativa a no restringir la movilidad social para romper cadenas de transmisión descontrolada es el respeto irrestricto a la libertad individual. No es así: aquellas personas inocentes que se ven infectadas por el comportamiento irresponsable —y remarco el adjetivo irresponsable— de algunos de sus conciudadanos no están viendo su libertad individual respetada. Al contrario, según evoluciona la enfermedad, los infectados sufren una de las mayores agresiones a sus derechos que alguien puede experimentar: y todo ello con la absoluta impunidad de aquellos que los han contagiado y por tanto han violado tales derechos. Por consiguiente, quedarse de brazos cruzados equivale a presenciar pasivamente el deplorable espectáculo de cómo los derechos de muchas personas están siendo pisoteados por otros individuos sin que nadie trate de romper esa cadena de agresiones. Un Gobierno que no reacciona ante una situación así no es un Gobierno liberal sino un Gobierno que hace dejación de funciones en la única tarea que acaso puede ejercer legítimamente: proteger los derechos individuales frente a las agresiones ajenas.

Y, justamente, cuando la pandemia se encuentra en sus etapas iniciales, es posible proteger esos derechos sin limitar otros (la movilidad social): ese debería haber sido el objetivo de los test y rastreadores por los que la Comunidad de Madrid no apostó suficientemente. Pero una vez la pandemia se ha descontrolado, ya es muy difícil proteger las libertades de los ciudadanos sin limitar la movilidad social (por supuesto, uno puede decir que valora más la libertad de movilidad de muchos individuos que el derecho a la vida de unas pocas personas: pero que no se pretenda universalizar este juicio de valor como común a todo el liberalismo).

En definitiva, si de verdad el Gobierno regional de Madrid se hubiese preocupado por la libertad y la prosperidad de los madrileños en el contexto de la actual pandemia, entonces debería haberse esforzado por frenar el virus a tiempo. De aquellos polvos vienen estos lodos: y lo peor es que parece que están dispuestos a repetir errores pasados. A saber, minimizar la reacción ante la pandemia para no poner en riesgo la prosperidad y la libertad que esa misma pandemia está destrozando.