Los últimos escarceos han girado sobre la forma en que la amnistía encara los delitos de terrorismo que pudiesen haberse cometido, de forma que nadie -especialmente Carles Puigdemont- quede al descubierto. La sucesión de redacciones, condicionadas por el juego del gato y el ratón entre el juez García-Castellón -al que ha dado una primera, provisional, cobertura la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo-, y la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno, ha sido significativa: se quería dar una imagen -la amnistía no afecta a los delitos de terrorismo- para conseguir lo contrario -la amnistía los cubre…, si los hubiere-. Primero, excluía de la amnistía los casos en que hubiese sentencia firme, cuando se sabía que, en la práctica, no podía darse ningún caso. Finalmente, quedan excluidos los que, entrando en el ámbito de la Directiva de la UE sobre lucha contra el terrorismo, supusieran graves vulneraciones de los derechos humanos, supuesto difícil de imaginar.

Por si el espectáculo interno no fuera suficiente, el debate se trasladó al ámbito europeo (Parlamento y Comisión de Venecia). Una irresponsabilidad que traslada el mensaje de la minoría de edad democrática de España que, incapaz de dilucidar un problema que es exclusivamente interno, necesita la tutoría de Europa. Un enorme error, porque el debate sobre la viabilidad de la amnistía -como figura- es una cuestión de pura constitucionalidad interna. La amnistía no es incompatible con el estándar democrático europeo, como demuestra el hecho de que muchos países la prevean expresamente en sus constituciones. Pero tampoco es un elemento necesario de ese estándar democrático.

Lo más engañoso de la exposición de motivos de la proposición de ley es que se dedica a justificar lo que ya sabíamos -su acogimiento en muchos países europeos y, consiguientemente, en el ámbito internacional-, eludiendo la cuestión de si es aceptable en nuestro sistema constitucional y, sobre todo, si lo es «esta» concreta amnistía, a la luz de las características con que se propone. Eso es lo que, como era de esperar, dice la Comisión de Venecia: no hay problema desde la perspectiva europea, pero resuelvan sus problemas internos y solventen los problemas concretos que, desde el punto de vista del Estado de Derecho, plantea esta propuesta.

Como remate, González Pons (PP) encuentra en esta aprobación la enésima excusa, tan inaceptable como todas las precedentes, para negarse a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Por favor, dejen de mezclar churras con merinas.