EL MUNDO 17/11/13
· Los expertos antiterroristas de Policía y Guardia Civil solicitarán al juez central de Vigilancia Penitenciaria permiso para poder interrogar a los etarras de la vía Nanclares que están saliendo todos o casi todos los días de prisión con la condición de colaborar con la Justicia cuando se lo pidan.
Su objetivo es el esclarecimiento del mayor número posible de crímenes, aprovechando que los etarras que se están beneficiando de una situación de libertad se han comprometido a facilitar todos los datos de los que dispongan. De este modo, aunque ésa no sea la pretensión de los agentes, se podrá comprobar también la sinceridad de su posicionamiento contrario a la organización terrorista y de rechazo hacia su propio pasado.
El detonante de esta iniciativa lo constituyó la decisión novedosa de la Audiencia Nacional de incluir condiciones al etarra Aitor Bores para su salida de prisión. «El juzgado no puede entrar a concretar en qué puede o debe consistir la colaboración, pero no pone en duda la voluntad del interno ratificada en varios escritos y, en todo caso, el hecho de que, ante un requerimiento puntual, el interno se negare a prestar colaboración sin causa justa y pudiendo hacerlo, cabría dejar sin efecto la clasificación», decía ese auto firmado esta semana pasada, en el que se aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
Las mismas condiciones le fueron exigidas a Iñaki Rekarte para permitirle salir, no sólo todos los días de prisión, sino también los fines de semana. Rekarte ratificó en agosto su «voluntad de colaborar cuando sea requerido para ello» y empezó a pagar 100 euros al mes a sus víctimas para satisfacer la responsabilidad civil a la que fue condenado por los tribunales. Según el etarra, ese pago procedía de los beneficios de un negocio, un bar, que había puesto en marcha en Navarra y que empezaba a tener «problemas económicos» que únicamente podían ser aliviados si él trabajaba los fines de semana.
«Eso evitaría contratar personal en esos días de más trabajo y facilitaría la cobertura de las responsabilidades civiles», aseguró Rekarte en la solicitud de sus permisos de fin de semana.
Bores fue detenido en marzo de 1998 y condenado por atentado contra la autoridad y asesinato. Terminaría de cumplir su condena el 19 de agosto de 2021.
Rekarte fue condenado a 203 años de cárcel por varios delitos entre los que se encuentran tres asesinatos. Además de ofrecer su colaboración, los dos han presentado varios escritos pidiendo perdón «a todas las personas a las que hicieron daño» y distanciándose de ETA.
Las Fuerzas de Seguridad quieren aprovechar la disposición de ambos e intentar hacer extensibles sus preguntas a otros terroristas que, como el ex jefe de ETA Txelis, desde hace varios años en libertad, han recibido un trato favorable por su distanciamiento de la organización terrorista.
En estos momentos hay cerca de 300 crímenes de ETA que no han podido resolverse y muchos de los que están resueltos tienen lagunas sobre los terroristas que los perpetraron. El objetivo es intentar paliar lo más posible esa situación.
Según fuentes del Gobierno anterior, la veintena de terroristas que se acogió a la vía Nanclares cumplieron con los requisitos de romper con la organización y escribir documentos en los que expresaban su pesar a quienes pudieron sufrir sus atentados. A cambio, fueron recluidos en la cárcel de Zaballa, más cercana a su lugar de origen y a sus familiares, su régimen penitenciario evolucionó, así como sus condiciones, y les fueron otorgados permisos de salida. Algunos, los que llevaban más tiempo en prisión, pudieron salir por la progresión de grado o por la aplicación del artículo 100.2. Otros permanecen en la cárcel.
Sin embargo, no todos firmaron los documentos de arrepentimiento de buen grado. Algunos sólo pretendían mejorar su situación o incluso estar en la misma prisión que su pareja y se limitaron a suscribir un texto formal y a advertir con chulería de que no iban a dar ni un paso más. De hecho, cuando se les ha pedido que colaboren, se han negado, alegando falta de memoria. En esas circunstancias, un control por parte de las Fuerzas de Seguridad, realizado adecuadamente, podría ser doblemente efectivo.
EL MUNDO 17/11/13