Los familiares de presos de ETA y Sortu aíslan a los defensores de la kale borroka

EL CORREO – 23/08/14

· El ataque de Loiu abre un nuevo frente entre la izquierda abertzale y el PNV, tras exigir el Gobierno vasco a los grupos pro reclusos una «condena clara».

Los familiares de presos de ETA agrupados en el colectivo Etxerat y la plataforma Sare, que ha tomado el testigo de la reivindicación social de los derechos de estos reclusos, se desmarcaron ayer del ataque de kale borroka que el miércoles calcinó cinco autobuses de una empresa privada en la localidad vizcaína de Loiu. Ambas asociaciones mostraron su rechazo por el uso de la violencia justo un día después de que el Gobierno vasco exigiera tanto a la izquierda abertzale como a los colectivos de apoyo a los presos un gesto de «condena explícita» de estos hechos. Las dos asociaciones coincidieron en que la kale borroka «no sirve», «no aporta nada ni ayuda».

Con este tipo de declaraciones, unidas al rechazo que ayer reiteró Sortu a través de su dirigente Maribi Ugarteburu, los colectivos que representan a los reclusos y la izquierda abertzale dejan aislados a los grupos que dentro de este amplio movimiento defienden aún el uso de la violencia para obtener algún tipo de contraprestación. Un sector que, según fuentes independentistas, es muy minoritario, pero que ha encontrado un altavoz en el sabotaje del pasado miércoles contra la empresa Transportes de Lujua, que explota varias líneas de Bizkaibus.

Los autores de este ataque, que ha provocado pérdidas calculadas en más de un millón de euros, han reivindicado la acción con el argumento de que no pueden quedarse «mirando al cielo» mientras la política penitenciaria se mantiene inamovible a pesar del «cese definitivo de la actividad armada» decretado por parte de ETA en 2011. «Castigar» a los reclusos «en la medida en que son militantes», explican en su comunicado de reivindicación, supone golpear a todo el movimiento. Los radicales que firmaron esa acción, y que por el momento no se identifican bajo ninguna sigla, dan a entender que proseguirán con estos ataques si no mejora la situación de los presos.

Frente a estos argumentos, Etxerat, Sare –plataforma abanderada por el exconsejero del Gobierno vasco Joseba Azkarraga y que prepara una gran movilización para el 20 de septiembre– y la propia Sortu subrayaron ayer que, lejos de favorecer el final de la dispersión, estas acciones violentas les perjudican. El colectivo de familiares advirtió que «lo acaecido en Loiu no aporta nada ni ayuda en la resolución» y sí «genera una gran preocupación».

El grupo de Azkarraga, por su parte, quiso dejar claro que «ninguna receta del pasado tiene cabida» en la defensa de los derechos de los presos y recordaron a los violentos que «la sociedad vasca se encuentra en una nueva etapa, en la que debe primar la activación social de los ciudadanos» y «los puntos en común que tenemos respetando la pluralidad de la sociedad». Los responsables de Sare consideraron, en este sentido, «indispensable» paliar la situación de internos como Ibon Iparragirre, diagnosticado de sida, Venturá Tomé, con cáncer, o Ibon Fernández Iradi, con esclerosis múltiple.

Unas ideas que Maribi Ugarteburu, líder de Sortu en Bizkaia, reiteró ante los periodistas antes de participar en una manifestación en favor de la ikurriña en Bilbao. La dirigente abertzale repitió prácticamente los tres puntos que su partido había difundido el jueves por la tarde en una nota de prensa. Insistió en que su formación «rechaza absolutamente» la quema de los cinco autobuses, y situó este episodio de kale borroka «completamente fuera de lo que es la estrategia política y democrática de la izquierda abertzale».

«Este tipo de acciones –insistió– en este momento solamente favorecen a aquellos que están interesados en perpetuar el conflicto y por lo tanto siguen manteniendo la vulneración de derechos humanos, en este caso de los derechos humanos de las personas presas», precisó en alusión al Ejecutivo de Rajoy.

La portavoz independentista no pudo esconder su malestar por la posición que el Gobierno vasco ha adoptado tras quedar acreditado el jueves que el incendio de Loiu estaba vinculado a la kale borroka. Un enfado que también quedó patente en los comunicados remitidos por Etxerat y Sare. Tanto a Sortu como a los dos grupos de apoyo a los presos les ha molestado que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, además de reprobar el sabotaje, exigiera una «condena clara» y «explícita» de estos hechos por parte de quienes «en el pasado no lo hicieron» y de «organizaciones cuyas reivindicaciones en materia de presos coinciden de manera prácticamente literal» con los argumentos empleados por los autores del ataque a los autobuses.

«Dar lecciones»

Una actitud, la de poner el foco en el movimiento independentista, que, para Ugarteburu, evidencia que el gabinete del PNV hace «de portavoz del PP» porque el discurso del Ejecutivo vasco «va orientado a apuntar y a criminalizar a sectores populares de este país que trabajan en defensa de los derechos humanos». La líder vizcaína de Sortu advirtió que los jeltzales «no son nadie para dar lecciones sobre derechos humanos» cuando el Gobierno de Urkullu y el partido de Andoni Ortuzar «no están haciendo absolutamente nada por la defensa de los derechos humanos de las personas presas».

Tanto la formación independentista como Etxerat y Sare reprocharon al PNV que haya utilizado este suceso con fines «partidistas». Los familiares de los presos pidieron, en este sentido, «desvincular la defensa de los derechos humanos del juego partidista» y, aludiendo al Ejecutivo y a Sabin Etxea, lamentaron «no haber observado la contundencia y diligencia de las últimas horas» ante los «accidentes» de tráfico que se han registrado en las visitas a las cárceles, las agresiones de las que se han quejado algunos allegados de reclusos y las denuncias por falta de asistencia médica.

«Tampoco sirven las exigencias en una sola dirección ante un problema de gravedad», censuraron los responsables de Sare al mismo tiempo. Los dos grupos de apoyo demandan una mayor crítica del Ejecutivo autónomo hacia la política penitenciaria y el «inmovilismo» del Gobierno de Mariano Rajoy.

EL CORREO – 23/08/14