EL CORREO 06/09/13
· A diferencia de los jueces, que emitieron una queja oficial, optan por solicitar una entrevista en la que mostrarán su rechazo a la supresión del servicio de seguridad.
BILBAO. La polémica supresión de los servicios de escolta a la cúpula de los jueces vascos también afectará a los tres fiscales jefes provinciales. Como ha ocurrido con el caso de los magistrados, los máximos representantes del Ministerio Público en Euskadi también han acogido con desagrado la decisión del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco de limitarles la protección, al igual que se ha hecho en otras instituciones, para adecuarla al final de la amenaza de ETA. De hecho, los fiscales han concertado una reunión el próximo lunes con responsables de la consejería que dirige Estefanía Beltrán de Heredia para mostrar su frontal oposición a la medida, según informaron a este periódico fuentes del Ministerio Público.
Aunque comparten el fondo de sus críticas a la decisión del Gobierno vasco, ambas instituciones han optado por vías distintas para hacer patente su malestar y solicitar que les mantengan los servicios de protección. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acordó el lunes plasmar por escrito sus discrepancias con una medida que, a su juicio, supone una «infracción de la debida consideración institucional» y que, además, representa un «agravio comparativo» respecto a otros colectivos, como parlamentarios y alcaldes. Los magistrados dejaron constancia de su enfado en una carta que enviaron al Gobierno vasco y al Ministerio del Interior y que no tardó en hacerse pública. Los representantes de la Fiscalía, en cambio, han preferido mostrar su oposición en privado, sin hacer demasiado ruido, en el marco de una reunión que solicitaron hace ya varios días.
Los dispositivos de protección que mantenían hasta ahora ambos gr upos contienen también ciertas diferencias. Durante los últimos días, en plena polémica por la crisis abierta entre la cúpula del Tribunal Superior y el Departamento de Seguridad, en determinados círculos judiciales se llamaba la atención por el hecho de que los fiscales contasen con protección después de que la consejería hiciese efectiva el pasado día 1 la «rescisión de los contratos» con las empresas de seguridad que proporcionaban guardaespaldas a los cargos afectados.
Según fuentes de la Fiscalía, la explicación reside en que los encargados de velar por la integridad física de sus miembros son ertzainas de la unidad de berrocis y no vigilantes privados, lo que otorga al Departamento de Seguridad un «mayor margen de maniobra» a la hora de gestionar los tiempos para culminar la supresión de los dispositivos. De hecho, los fiscales jefe de los tres territorios y el fiscal superior siguen estando hoy protegidos por agentes especializados de la Policía vasca.
Lo que no ha variado un ápice es la decisión del Ejec utivo de Urkullu de seguir la misma postura que en el caso de los jueces. Es decir, se pretende cancelar los servicios de protección de los tres representantes provinciales y limitar la escolta al máximo cargo de la institución, Juan Calparsoro, que conoció las intenciones del Departamento de Seguridad a principios de agosto, según informan los mismos medios.
Enfriar la polémica
En este contexto, la agria polémica desatada el martes al más alto nivel entre la cúpula judicial y el Gobierno vasco entró ayer en una fase de enfriamiento. Después de que el miércoles el presidente del Tribunal Superior, Juan Luis Ibarra, y la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, cruzasen reproches y acusaciones veladas a través de sendas cartas, ayer ninguno de los dos representantes institucionales quiso hacer declaraciones.
En el caso de la cúpula judicial, sólo se refirió a la polémica el presidente de la Audiencia de Bizkaia, Ángel Gil, que volvió a denunciar el «agravio comparativo» respecto a otros colectivos y que pidió la implicación del Ministerio de Interior en la protección de los cargos afectados. Por su parte, la consejería se limitó a señalar que no habrá más comentarios, ya que no habla sobre asuntos que afectan a la seguridad de personas concretas en público.
EL CORREO 06/09/13