ALBERTO AYALA-El Correo 

La política vasca debiera reflexionar si sirve de algo pagar estudios sobre presuntas tropelías de ETA en los que se critica repetidamente la deficiente actuación de la Justicia, pero no se exige nada a la banda, como acaba de hacer Ajuria Enea

Les contaba hace un par de semanas la ofensiva desplegada desde el PNV contra el Memorial de Víctimas del Terrorismo. El centro que el Gobierno que preside Mariano Rajoy levanta en Vitoria, y que dirige el periodista navarro Florencio Domínguez, uno de los profesionales más rigurosos y mejor documentados sobre la sangrienta historia criminal de ETA.

En concreto, el reproche del senador guipuzcoano del PNV Jokin Bildarratz contra el memorial por «no estar teniendo en cuenta la pluralidad deseable». Y la doble queja de Aintzane Ezenarro, responsable del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora, y ‘mano derecha’ del secretario general de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Jonan Fernández. La «falta de coordinación» entre las dos entidades» y la supuesta inutilidad del memorial por no asumir «la pluralidad de sensibilidades que hay en Euskadi al abordar la memoria».

Aún no se conoce qué buscaban, qué buscan, el gabinete del lehendakari Iñigo Urkullu y el PNV de Andoni Ortuzar con su ofensiva. Pero desde entonces se han producido conversaciones entre ambas partes. Y el equipo de Jonan Fernández ha seguido con su producción de informes a cuenta del erario público.

Fernández y Ezenarro se reunieron la pasada semana con Domínguez y uno de sus colaboradores, Raúl López Romo. Un encuentro seguro que fructífero, en el que ambas partes se ‘explicaron’, pero en el que no parece que se disiparan los resquemores mutuos, aunque las partes no han dado cuenta oficial de lo tratado.

Y es que ambos centros tienen objetivos muy diferentes. Gogora, la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Ajuria Enea, el PNV, creen que deben abordarse todas las violencias y todas las vulneraciones de derechos humanos a la vez, en una suerte de ‘totum revolutum’. El centro de Vitoria pretende ocuparse principalmente de ETA, de su fallido intento por imponer sus objetivos políticos con asesinatos, extorsiones y con un intento de limpieza étnica no completado.

La pelea

A Gogora, al PNV, no parece hacerle excesiva gracia eso de tener que compartir un territorio que quisieran en exclusiva para conducirlo según su diseño: hoy ayudar a recuperar los restos de milicianos republicanos o gudaris asesinados y enterrados en cualquier cuneta por los vencedores de la Guerra Civil, mañana abordar las torturas de la Policía franquista, pasado denunciar una determinada fechoría de ETA y al día siguiente otra reivindicada por alguna de las numerosas siglas que usó a lo largo de los años el terrorismo de Estado: ATE, el Batallón Vasco Español o los GAL.

Lo que el historiador Antonio Rivera suele definir como ‘relato de acumulación’. Cuyo presunto objetivo es un imposible: satisfacer a la vez a quienes han vivido décadas de miedo, persecución y exclusión a manos de ETA, y al mundo del terrorismo. Los primeros tenderán a sentirse de nuevo perdedores.

Y eso que mientras el centro Gogora es una realidad física en Bilbao, el Memorial de Víctimas todavía se encuentra en construcción en Vitoria. Veremos si cuando inaugure, la pugna tiende a remitir y se abre un siempre deseable espacio de colaboración entre ambos o si, por el contrario, se incrementa.

Hace solo unos días, Fernández presentaba otro de los numerosos informes que su oficina patrocina. En esta ocasión sobre el conocido caso de los tres jóvenes gallegos (José Humberto Fouz, Jorge Juan García Carneiro y Fernando Quiroga) que desaparecieron en marzo 1973 en el País Vasco francés, que ha elaborado la cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la Universidad del País Vasco.

A lo largo de 45 páginas, el trabajo da cuenta de las limitadas y, en demasiadas ocasiones, contradictorias informaciones publicadas por los medios de comunicación sobre el caso. La historia de tres jóvenes que, al parecer, pasaron a ver una película prohibida en España, ‘El último tango en París’, de Bernardo Bertolucci, y que jamás volvieron a ser vistos.

El informe da cuenta de todas las noticias, reportajes de televisión e incluso octavillas –de presunta autoría policial– sobre el triple crimen y la posterior desaparición de los cuerpos, que a día de hoy siguen sin ser localizados, de los que se responsabiliza en todos los casos a la banda terrorista ETA. En concreto, a históricos dirigentes de la rama militar de la organización como Tomás Pérez Revilla –asesinado por los GAL en 1984 – o José Manuel Pagoaga, ‘Peixoto’.

Ni una sola aportación novedosa. Ni ningún emplazamiento a los presuntos asesinos, a ETA y a su brazo político, para que coadyuven a esclarecer por fin el triple crimen, aunque fuera de forma anónima, como ha ocurrido en Ulster con el IRA. Eso sí, reiteradas –y justificadas– críticas al mínimo interés mostrado por las autoridades judiciales francoespañolas para esclarecer el caso.

No estaría mal que la política vasca se parara a reflexionar acerca de si trabajos así, blancos, descriptivos y absolutamente nada reivindicativos, como el que ha pagado Ajuria Enea sirven de algo. Y ya de paso se nos informara de cuánto han costado esos 45 folios, índice y bibliografía incluidos.