EL MUNDO – 23/12/15
· El ‘president’ les ofrece banca pública, salario mínimo de 1.000 euros y paralizar el complejo BCN World.
· Tras dos meses de negociaciones sin acuerdo para la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat, Junts pel Sí presentó ayer a la CUP un documento –que incluye el replanteamiento del complejo de casinos BCN World, o de la participación privada en la sanidad o en la gestión del agua–con el que espera ablandar a los militantes de la formación anticapitalista, que votarán su posición definitiva este domingo.
Pero los diputados de la formación antisistema anunciaron ayer que no hacen suyo el texto y que se limitarán a presentarlo a la asamblea para que los militantes tomen una decisión. El principal escollo sigue siendo la figura del president, cuyo partido recibió un serio varapalo en las elecciones generales: pasó de primero a cuarto en Cataluña.
Tras la relativa tregua de la campaña, la política catalana recuperó ayer su versión más intrincada. Junts pel Sí –la efímera coalición con la que Convergència y Esquerra se presentaron a las elecciones del 29-N– y sus medios afines anunciaron un «preacuerdo» con la CUP, pero pronto quedó claro que las 61 páginas del documento constituyen sólo una oferta final que los antisistema no suscriben.
El diputado de la CUP Albert Botran dejó claro que «la propuesta de acuerdo hacia la independencia no la suscribe» su organización, al menos hasta que la asamblea la valide. «Es un documento que emana de Junts pel Sí en sus conversaciones con nosotros», añadió, tras dejar claro que la labor de los parlamentarios en el cónclave se ceñirá a «exponer cómo han ido las conversaciones», sin orientar la decisión de los casi 2.000 militantes. De hecho, los diputados de la CUP se abstendrán de valorar el texto e incluso de votar en la asamblea.
Ayer era el día marcado en el calendario para que finalizaran las negociaciones. Pero en todo este tiempo, la CUP no ha logrado su objetivo de que Junts pel Sí propusiera un candidato alternativo a Mas. Ni siquiera tras las generales, en las que se produjo el sorpasso de ERC, los republicanos han accedido a presionar a Convergència para buscar un president de consenso.
En cualquier caso, los militantes de la CUP votarán el texto propuesto por Junts pel Sí en una asamblea el domingo en Gerona, y de ese cónclave saldrá una decisión definitiva. Si se inclinan por el no, todo apunta a que habrá nuevas elecciones en marzo, porque los diputados del partido antisistema admiten que parece difícil que Mas ceda a última hora.
«En función de lo que pase entonces valoraremos la situación», dijo sin embargo Raül Romeva, número uno simbólico de Junts pel Sí, en una frase que puede interpretarse como una puerta abierta a un cambio de candidato de última hora si las bases de la CUP vuelven a rechazar a Mas.
La batalla se libra a múltiples bandas, y por eso Romeva ayer se vio obligado a muchos equilibrios. Por ejemplo: para tratar de contentar a los dirigentes de Convergència que han expresado dudas sobre la legalidad del proceso de 18 meses que debería desembocar en la independencia y que se abriría con la investidura, prometió que se darán «todas las garantías jurídicas».
Pero después explicó que se refería a que habrá «un nuevo marco legal cuando se vote una declaración de independencia». Es decir, que se cambiará un marco legal por otro, y que por eso entienden que en ningún momento se transgredirá la ley. Junts pel Sí ni se plantea qué pasará si, como parece probable, los poderes del Estado van invalidando uno a uno los pasos hacia la secesión.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya aseguró ayer que resulta «contradictorio unir modelo independentista y legalidad» ya que son «dos conceptos antitéticos».
En cuanto al jefe del Govern, no hay grandes novedades respecto a la propuesta que expuso Mas en el segundo debate de investidura. Junts pel Sí dice que habrá una «Presidencia de transición», donde Mas seguirá liderando el Ejecutivo pero con tres lugartenientes – la vicepresidenta Neus Munté, Oriol Junqueras y el propio Romeva– con amplios poderes en tres grandes áreas. A los 10 meses de la investidura, Mas convocaría una cuestión de confianza para que el Parlament pudiera fiscalizar su gestión hasta ese momento.
La propia Munté se encargó, tras la reunión del Ejecutivo catalán, de descafeinar esa oferta. Según ella, Mas «mantendría intactas todas las funciones y atribuciones del presidente de la Generalitat», y la estructura propuesta sólo busca «favorecer la visión de un Govern que pueda responder mejor a cada sector».
En total, las medidas sociales incluidas en el documento costarían a la Generalitat 270 millones de euros. Romeva no explicó de dónde saldrían, pero sí dijo que no han hablado con el Ministerio de Hacienda para saber si podrán financiarlo. De momento, la Generalitat afronta el día a día con el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Pero la cifra sigue muy lejos de la que calculó la CUP para aplicar las medidas de su «documento de mínimos», que le ha servido para negociar durante este tiempo con Junts pel Sí y que planteaba la cantidad de 3.000 millones de euros. Además, la CUP no se ha comprometido a apoyar los próximos Presupuestos de la Generalitat.
En los asuntos más espinosos, como la desprivatización de la gestión del agua, la paralización de BCN World o el Consorcio Sanitario de Lérida, los negociadores han pactado una moratoria para que, si se aprueba el documento, se pueda seguir negociando más adelante.
Tanto Romeva como Marta Rovira, secretaria general de ERC, se negaron a elucubrar acerca de qué pasará si desde Madrid llega una propuesta de referéndum como la que propone Pablo Iglesias. Sí han dicho que los resultados de las elecciones, en las que el independentismo logró poco más del 31% de los votos, no cambian su apuesta por la vía directa hacia la secesión. «Nosotros recibimos un mandato democrático el 27-S», aseguraron; en aquellos comicios, el conjunto de los soberanistas se quedó en el 48% de votos.
Los diputados de la CUP mostraron también su escepticismo a que un no a Mas el domingo provoque una oferta de última hora de Junts pel Sí con otro candidato, aunque no quisieron cerrar esa puerta.
EL MUNDO – 23/12/15