Los jueces vascos exigen a los presos de ETA «priorizar la reparación del daño causado»

La Justicia debe intentar ir más allá del mero cumplimiento de las condenas. Es el mensaje que tanto el presidente del Tribunal Superior del País Vasco, Juan Luis Ibarra, como el fiscal superior, Juan Calparsoro, trataron de transmitir ayer a los presos de ETA. Los máximos representantes de la Magistratura y del Ministerio Público en Euskadi subrayaron que, en el nuevo tiempo abierto tras el cese definitivo de la banda terrorista, debe mostrarse un «respeto decente a las víctimas» y «reconocer que es justo aplicar el Código Penal a los culpables». Y subrayaron que no basta con hacer frente a las penas, sino que se debe tender a una «justicia restaurativa» para las víctimas, aquella que, según las palabras de Ibarra, vaya más allá de una «justicia penal excesivamente anclada en la dimensión punitiva».
O lo que es lo mismo, «priorizar la reparación del daño injusto causado por el delito a las personas damnificadas». Un mensaje que lleva implícito una defensa de la ‘vía Nanclares’ y de la apuesta de la Sala Segunda de la Audiencia Nacional, la que preside el magistrado Fernando Grande Marlaska, de facilitar permisos a aquellos reclusos que se han desmarcado de la banda terrorista, han abjurado de su pasado y han asumido el error de su actividad terrorista. El caso de antiguos dirigentes etarras como Joseba Urrosolo Sistiaga o Carmen Gisasola.
El final de ETA y el horror de décadas de sinrazón terrorista volvió a colarse en el acto solemne de apertura del año judicial en Euskadi, en unos discursos donde la lucha contra la corrupción y la falta de recursos en los tribunales ocuparon también su espacio. Ante un auditorio plagado por representantes institucionales –además del lehendakari, asistieron los consejeros de Justicia y Seguridad, la presidenta del Parlamento, el delegado del Gobierno y el diputado general de Bizkaia, entre otros–, el presidente de los jueces reconoció que Euskadi está aún «inmersa en la experiencia aún inacabada» de reflexionar sobre cómo la violencia terrorista ha marcado a la sociedad vasca.
Ibarra quiso dejar claro que las propuestas que ha lanzado la izquierda abertzale para que se aplique una «justicia transicional» con los presos de la banda son «impracticables». Echaba así por tierra la opción que defienden los dirigentes de Sortu de repetir en Euskadi experiencias como las de Argentina y Sudáfrica en las que los tribunales realizaron una interpretación más laxa de las leyes para agilizar el cumplimiento de las penas y facilitar las excarcelaciones. Frente a esta tesis del movimiento independentista, el presidente del TSJPV apostó por poner en valor «la memoria de lo ocurrido en las vidas reales» y aplicar una justicia sin «amnesia».
Unos conceptos en los que insistió el fiscal superior, aunque ofreciendo otros matices. Ibarra y Calparsoro, de hecho, habían mantenido varias reuniones para coordinar sus mensajes en el acto de ayer. El responsable del Ministerio Público insistió en que «la investigación y enjuiciamiento de todos los delitos es un deber ineludible de la Justicia», lo mismo que «el cumplimiento de las penas», aunque reconoció que la estancia en prisión y la concesión de permisos deben llevarse a cabo siempre «conforme a principios constitucionales».
Porque, subrayó, sólo hay una forma de «mostrar respeto decente a las víctimas: reconocer que es justo aplicar el Código Penal a los culpables». El fiscal superior también demandó, no obstante, una «pronta sentencia» del Tribunal de Estrasburgo sobre la ‘doctrina Parot’ que permita clarificar las leyes españolas. Calparsoro exigió, en este sentido, a ETA su disolución y lamentó «la incapacidad» de la banda para reconocer «su trágico y cruento desatino histórico». En su opinión, la organización terrorista ha sufrido una «derrota legal, material y moral» que no le deja otra salida que renunciar de forma «expresa, clara y definitivamente a las armas y explosivos que aún pueda poseer».

Corrupción e «impunidad»
Los medidos discursos incidieron también en la lucha contra la corrupción y en la necesidad de que las instituciones doten a jueces y fiscales de los medios suficientes para luchar contra esa «lacra». Juan Luis Ibarra y Juan Calparsoro reclamaron, además de mejores recursos, un «esfuerzo colectivo» para que en la sociedad desaparezca la sensación de «impunidad». Ambos dirigentes de la cúpula judicial mostraron su compromiso por «contribuir a la regeneración del sistema institucional y de convivencia». «Sin una conciencia colectiva éticamente comprometida y sin voluntad política y un sistema judicial capaz y resuelto no se puede hacer un combate eficaz de la corrupción», advirtió el fiscal superior.
Calparsoro insistió, como ya hiciera en la memoria de 2012 de la Fiscalía vasca, en la «escasez» de medios con que trabaja el Ministerio Público, lo que, en su opinión, supone un «importante obstáculo» para unas investigaciones que «en demasiadas ocasiones se dilatan excesivamente en el tiempo». Cargó así contra el aforamiento de los cargos políticos, que, aseguró, «entorpecen» los procedimientos.
La demanda de una mayor inversión en Justicia llevó al presidente del TSJPV a poner en valor el trabajo de los jueces. Ibarra aseguró que reforzar los presupuestos para los tribunales «contribuye a evitar la destrucción de empleo» y facilita «un contexto de seguridad jurídica que favorece la recuperación del desarrollo económico» y favorece la inyección de capital privado extranjero.